Instalada en cruces estratégicos, en los principales ejes viarios, en las autopistas e incluso en los barrios, la videomulta se apoya en los dispositivos de videovigilancia instalados en el espacio público. Permite a los municipios sancionar a distancia una infracción, especialmente al código de circulación.
En Abiyán, las cámaras de videomulta han transformado progresivamente los hábitos de conducción en la capital económica marfileña. Al principio, el sistema fue celebrado por su eficacia para reducir las infracciones y los accidentes, y acabó imponiéndose como una herramienta de control permanente.
Pero sobre el terreno, los usuarios, conductores de transporte colectivo, automovilistas particulares, transportistas y repartidores describen una realidad mucho más difícil: la de una acumulación de multas que debilita sus ingresos.
«La instalación de la videomulta es una buena cosa, y ya se aplica en casi todos los países. Hoy, este sistema contribuye a reducir las infracciones en las carreteras», valoran usuarios y vecinos. Pero, añade Koné Djakaridja, conductor de taxi, «se ha convertido en una especie de estafa. Recibimos mensajes de infracción con importes enormes».
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En los municipios de Abidjan, varios usuarios afirman recibir multas de forma repetida, a veces por infracciones que consideran menores o mal señalizadas. «En una semana, puedo perder el equivalente a varios días de recaudación», confiesa un taxista. Para transportistas y conductores, estas sanciones afectan directamente a su capacidad para cubrir sus necesidades, en un contexto económico ya tenso.
Algunos también denuncian abusos, sobrecostes y una exageración de las tarifas que, según ellos, termina atrapando a los conductores en lugar de educarlos. Por ello, invitan al Gobierno a encontrar un equilibrio entre la necesidad de reforzar la seguridad vial y la de preservar el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Para muchos, la videomulta no debe convertirse en una carga económica, sino seguir siendo una herramienta al servicio de la prevención y de la seguridad colectiva.
Entre disciplina vial y presión financiera, la videomulta plantea ya la cuestión de su ajuste. Un desafío para las autoridades, llamadas a conciliar eficacia en materia de seguridad y justicia social, en un país donde la carretera sigue siendo un pilar esencial de la actividad económica diaria.
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«Conozco a propietarios de vehículos que han recibido multas que llegan hasta un millón, incluso dos millones de francos CFA, y algunos aún más», afirma Mamadou Soumahoro, actor del sector del transporte. Y Diallo Aboubakar, también transportista, añade: «A menudo nos vemos obligados a rechazar ciertos servicios por culpa de los radares en las carreteras».
Ante esta situación, se alzan voces para pedir una revisión del sistema. Los usuarios reclaman, en particular, una reducción del importe de las multas, una mejor comunicación sobre las normas de circulación y un período de tolerancia para ciertas infracciones consideradas no peligrosas. «Queremos que el Estado reduzca un poco el importe de las infracciones para aliviar, aunque sea mínimamente, la tesorería de los conductores», piden los conductores.
