El aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo viene acompañado de importantes perturbaciones en las cadenas de suministro globales, lo que está provocando un incremento rápido y sostenido de los precios del petróleo y de sus derivados, tanto en los carburantes refinados como en productos como los plásticos.
En este contexto, Marruecos aparece como especialmente vulnerable. Altamente dependiente de las importaciones de productos petrolíferos líquidos, en particular gasóleo y gasolina —que representan la mayor parte del consumo energético nacional—, el país sufre directamente la volatilidad de los mercados internacionales.
Ante esta situación, el Consejo da un giro al reforzar de manera significativa su sistema de control. El seguimiento del mercado de carburantes pasará a realizarse de forma mensual, lo que permitirá un análisis más preciso y una reacción más rápida ante la evolución de los precios.
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Este control reforzado abarcará toda la cadena, desde el suministro hasta la comercialización. El objetivo es verificar que las variaciones de los precios internacionales se trasladan de forma proporcionada y en plazos razonables al mercado nacional.
Este dispositivo se inscribe en la continuidad de los compromisos asumidos por los distribuidores de carburantes que operan en el mercado mayorista, en el marco del acuerdo transaccional alcanzado con el Consejo. En este sentido, se han celebrado reuniones con los operadores para analizar los mecanismos de formación y transmisión de precios.
Está prevista la publicación de una nota explicativa en los próximos días para detallar las conclusiones de estos intercambios y reforzar la transparencia hacia los actores del mercado.
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El regulador adopta una línea firme: cualquier variación de precios deberá estar justificada por elementos objetivos. Si bien se tendrán en cuenta las limitaciones logísticas, especialmente las relacionadas con el suministro y el almacenamiento, estas no podrán justificar incrementos desproporcionados.
La vigilancia del Consejo se extiende además al conjunto de los sectores económicos. Cualquier aumento injustificado de precios, subida indebida de márgenes o práctica anticompetitiva (acuerdos, abuso de posición dominante o coordinación ilícita) podrá ser objeto de investigaciones exhaustivas, incluso en el marco del informe anual sobre los resultados financieros de los operadores de los sectores afectados.
