En el marco de una audiencia celebrada el 30 de marzo de 2026 en Rabat, centrada en la evolución de los precios de los carburantes y las condiciones de abastecimiento, los representantes de la Federación Nacional de Propietarios, Comerciantes y Gestores de Estaciones de Servicio en Marruecos (FNPCGS) señalaron directamente a las compañías distribuidoras.
Según sus testimonios, varios días antes de mediados de marzo, algunas empresas comenzaron a reducir los volúmenes de pedidos aceptados por las estaciones. Más preocupante aún, añaden, ciertas marcas habrían llegado a suspender completamente el suministro a estaciones bajo su enseña, alegando falta de stock.
«También observamos una afluencia masiva de clientes que acudían a llenar sus depósitos, anticipando una subida inminente de precios, lo que generó situaciones de caos en las estaciones», explicó la Federación.
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A pesar de ser conscientes de este aumento de la demanda, los distribuidores dejaron a los gestores de las estaciones solos frente a una clientela inquieta. «Les dieron libertad para ajustar los precios, pero al mismo tiempo les privaron de un derecho básico: disponer de volúmenes suficientes para responder a la demanda», denuncia la FNPCGS.
Esta situación provocó, según la Federación, el cierre de numerosas estaciones en todo el país por falta de stock. Mientras tanto, las empresas distribuidoras se habrían abstenido de enviar suministros adicionales, pese a tratarse de un servicio esencial. «Esto plantea interrogantes sobre su responsabilidad legal y ética», subraya la organización.
Una «hegemonía» que distorsiona la competencia
Para la Federación, lo ocurrido no responde a una simple dinámica de mercado, sino a una dependencia casi total de las estaciones respecto a los grandes distribuidores, sin alternativas reales de abastecimiento.
«Estas empresas han priorizado sus intereses comerciales, beneficiándose de márgenes anormalmente elevados gracias a los stocks acumulados», denuncian.
La organización habla abiertamente de un comportamiento «oportunista y especulativo» que vulnera las reglas de la competencia, y denuncia beneficios «astronómicos» a costa del consumidor final. Como ejemplo, señala que una subida de dos dirhams por litro —sin una justificación clara en el contexto internacional— constituye un incremento «excesivo» que no tiene en cuenta ni a los operadores ni a los ciudadanos.
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Ante esta situación, la Federación ha planteado varias propuestas al Consejo de la Competencia. Entre ellas, la creación de un mecanismo de control que garantice una total transparencia en la formación de los precios, permitiendo al consumidor entender claramente qué parte corresponde al distribuidor y cuál al operador.
Los profesionales recuerdan que, antes de la liberalización del sector, las estaciones contaban con un margen mínimo garantizado dentro del sistema de compensación. Desde entonces, ese margen apenas ha aumentado unos céntimos, mientras que los principales beneficiarios han sido los distribuidores.
«Es necesario poner de relieve la diferencia significativa entre el precio de compra de las estaciones y el precio mayorista B2B, que en ocasiones supera entre uno y dos dirhams por litro, lo que evidencia los amplios márgenes de los distribuidores», señala la Federación.
Otro de los puntos críticos es la revisión de los contratos de exclusividad. Según la Federación, estos acuerdos —que vinculan a las estaciones con un único distribuidor durante periodos que pueden superar los veinte años— limitan la competencia y restringen el acceso al mercado.
«Las estaciones no tienen capacidad real de negociación. La exclusividad genera un monopolio de facto en lugar de una competencia efectiva», denuncia la organización.
A su juicio, cuando el marco legal produce resultados tan desequilibrados, estos contratos deberían considerarse ilegítimos por vulnerar principios básicos de equidad.
Cláusulas abusivas
La Federación critica además las condiciones impuestas unilateralmente por los distribuidores, que restringen la libertad de las estaciones para elegir proveedores o acceder a precios competitivos.
«Esto va en contra de los principios de la libertad económica, que debería basarse en la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado y la protección de la parte más débil», subraya.
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En este caso, esa parte débil es el operador de la estación, atrapado entre las exigencias del proveedor y las expectativas del consumidor.
«El consumidor marroquí tiene derecho a acceder a este producto esencial a un precio competitivo y justo, con una calidad real», concluye la Federación, instando al Consejo de la Competencia a restablecer el equilibrio en el sector.
