El programa gubernamental considera que los proyectos de emergencia, la desalación y los trasvases han reforzado la capacidad del país para hacer frente a la escasez de agua. Sin embargo, la gestión de la demanda se ha retrasado, la eficiencia hídrica sigue siendo limitada y los proyectos de reutilización de aguas residuales avanzan lentamente.
Para garantizar el abastecimiento, el Gobierno apuesta por tres medidas. La primera consiste en multiplicar las pequeñas presas y las presas de montaña, además de aprovechar mejor el agua de lluvia. La iniciativa se dirige sobre todo a las zonas áridas, semiáridas y montañosas, así como a los oasis. La segunda es acelerar la desalación del agua de mar, destinada prioritariamente al consumo humano y, en algunas zonas, al riego. La tercera contempla trasvasar agua entre cuencas y regiones, siempre que se demuestre la viabilidad de los proyectos y se preserven los equilibrios hídricos de las zonas afectadas.
En concreto, el programa prevé unas 400 infraestructuras hidráulicas, entre pequeñas presas, presas de montaña y obras para recoger agua de lluvia.
Leer también : Las presas del norte de Marruecos completan las pruebas de desembalse ante la temporada de lluvias
El plan anuncia seis nuevas plantas desaladoras, además de las que acaban de iniciar sus obras, con el objetivo de movilizar 1.800 millones de metros cúbicos de agua para 2031. También incluye la segunda fase del proyecto de trasvase entre cuencas, que llevará agua de la cuenca del Bouregreg a la del Oum Er-Rbia, a la altura de la presa Al Massira.
Una gestión más eficiente de la demanda
El Gobierno también quiere actuar sobre el consumo. Su primera prioridad son los acuíferos, que pretende proteger mediante contratos de gestión compartida en los que participen todos los actores implicados. El programa anuncia normas estrictas para controlar los volúmenes extraídos, frenar la sobreexplotación y recargar artificialmente los acuíferos.
También prevé acelerar la reutilización de aguas residuales tratadas para reducir la presión sobre los recursos destinados al riego de zonas verdes y campos deportivos. Además, el Gobierno se compromete a revisar la normativa sobre la asignación y distribución del agua de los embalses y a reforzar los medios de control del dominio público hidráulico.
Todas estas medidas se enmarcarán en un nuevo Plan Nacional del Agua, que se elaborará mediante un proceso participativo con la implicación de los ministerios, los organismos públicos, las entidades territoriales, los actores económicos y la sociedad civil. El plan establecerá una estrategia para cada cuenca, con las prioridades de actuación, las inversiones, los mecanismos de financiación y el seguimiento. También deberá coordinar las políticas de agua, agricultura, energía, medioambiente y ordenación territorial.
La agricultura concentra una parte importante de las medidas. El programa señala que las reservas de los embalses superaban los 11.100 millones de metros cúbicos a comienzos de octubre de 2026, con una tasa de llenado del 65,7%. En las mismas fechas del año anterior, el nivel era del 32,1%. El Gobierno considera que esta mejora obliga a aprovechar mejor los recursos, empezando por extender el riego localizado.
Menos agua por hectárea y más valor por metro cúbico
El programa prevé actuar en 350.000 hectáreas. De este modo, la superficie equipada con sistemas de riego eficientes alcanzaría cerca de 1,2 millones de hectáreas, casi el 70% de las tierras irrigadas del país. También anuncia un seguimiento preciso del consumo de agua mediante la instalación generalizada de contadores y la puesta en marcha de contratos de gestión de acuíferos para el sector agrícola. Las ayudas del Fondo de Desarrollo Agrícola quedarían vinculadas al balance hídrico de cada proyecto.
Leer también : Embalses en Marruecos: más de 49 millones de m³ de agua acumulados en un solo día
El Gobierno quiere revisar además el código de inversiones agrícolas. Las ayudas públicas y los incentivos dependerían de criterios de eficiencia hídrica. Una zonificación agrícola, basada en un mapa nacional de aptitudes, orientaría los cultivos en función del suelo, el clima y los recursos hídricos de cada zona.
El programa también propone cambiar los indicadores de rendimiento. La superficie cultivada y las toneladas producidas dejarían paso al valor añadido por metro cúbico de agua y por empleo. Asimismo, se fomentará el bombeo solar para reducir el coste energético del riego en las zonas que dependen de pozos y perforaciones.
El agua en el medio rural ocupa otro apartado del programa. El Gobierno prevé abastecer de agua potable a los douares que aún no están conectados a la red, instalar fuentes públicas y acometidas individuales en los centros rurales y reparar los puntos de agua.
También anuncia la ampliación de las redes de saneamiento en esos centros. El plan incluye la creación de unos 1.000 puntos de agua en zonas de pastoreo, en una iniciativa vinculada a la recuperación de la cabaña ganadera nacional. Las escuelas también figuran entre las prioridades. El Gobierno se compromete a garantizar el acceso al agua potable y a instalar sanitarios adecuados en todos los centros escolares antes de 2031.
