Pasar de la proclamación de los derechos a medir hasta qué punto se ejercen realmente. Ese fue uno de los principales mensajes defendidos este viernes por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Durante la reunión bienal dedicada al derecho al desarrollo, celebrada en el marco de la 63ª sesión del Consejo, el CNDH sostuvo que este derecho no puede abordarse únicamente desde una perspectiva económica, sino que exige integrar sus dimensiones jurídicas, sociales, culturales y medioambientales en las políticas públicas.
En representación de la institución marroquí intervino Taoufiq Berdeji, presidente de la Comisión Regional de Derechos Humanos de Laâyoune, quien defendió que el ejercicio efectivo de los derechos no debe considerarse únicamente una consecuencia del desarrollo, sino una de sus condiciones fundamentales.
Esta concepción no es nueva dentro del CNDH. La institución lleva años defendiendo la incorporación de un enfoque basado en los derechos humanos a las políticas de desarrollo y la creación de herramientas que permitan evaluar no solo los avances, sino también los estancamientos o retrocesos.
Poner cifras a las desigualdades
Uno de los proyectos concretos presentados en Ginebra es la creación de un sistema nacional de indicadores para medir los derechos humanos.
El CNDH y el Alto Comisionado para la Planificación (HCP) firmaron en julio de 2026 un acuerdo de colaboración para desarrollar este instrumento, concebido para transformar conceptos generales como el acceso efectivo a los derechos en elementos susceptibles de seguimiento y evaluación.
El sistema deberá permitir identificar con mayor precisión las desigualdades sociales y territoriales, las situaciones de vulnerabilidad y las diferencias existentes en el acceso a los derechos.
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El planteamiento supone ir más allá de los grandes indicadores económicos. La cuestión no sería únicamente determinar cuánto crece un territorio o qué recursos recibe, sino observar en qué medida ese desarrollo se traduce efectivamente en acceso a la educación, la salud, la vivienda, el empleo y otros derechos.
Es una cuestión sobre la que el CNDH ya había trabajado anteriormente. En sus estudios sobre el derecho al desarrollo en Marruecos, la institución ha señalado precisamente la necesidad de evaluar las políticas públicas teniendo en cuenta su disponibilidad, accesibilidad y capacidad para responder a las necesidades de los grupos más vulnerables.
Un derecho que atraviesa las políticas públicas
Ante Naciones Unidas, Berdeji defendió por ello un enfoque transversal del derecho al desarrollo. El CNDH considera que sus dimensiones jurídica, económica, social, cultural y medioambiental deben incorporarse conjuntamente a la elaboración y evaluación de las políticas públicas.
La institución marroquí recordó asimismo las recomendaciones formuladas en sus informes y dictámenes para reforzar tanto la aplicación efectiva de los derechos como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El CNDH reiteró además su apoyo al proceso de elaboración de un pacto internacional relativo al derecho al desarrollo y reclamó acelerar su adopción, incorporando expresamente el papel que pueden desempeñar las instituciones nacionales de derechos humanos.
Los derechos de las personas mayores
La participación marroquí en Ginebra abordó también otro asunto, esta vez en nombre de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), presidida actualmente por el CNDH.
Durante el diálogo con el experto independiente de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores, Berdeji respaldó la conclusión de que el deterioro cognitivo no puede utilizarse para menoscabar su dignidad, autonomía o capacidad para ejercer sus derechos.
El CNDH destacó especialmente la necesidad de garantizar que las personas mayores puedan expresar su voluntad y participar en las decisiones que afectan directamente a sus vidas.
La GANHRI defendió igualmente que el nuevo instrumento jurídico internacional que se prepara sobre los derechos de las personas mayores se construya teniendo en cuenta sus propias experiencias y con la participación efectiva de las organizaciones que las representan.
