«La situación es grave», afirmó Abdoulaye Fall, al denunciar lo que calificó como «un atraco administrativo, el más burdo y sin precedentes de la historia», fruto de una decisión «grosera». «Nuestra lucha va hoy más allá del terreno de juego y del litigio deportivo. Se trata de defender a nuestros jugadores, despojados de sus derechos, preservar la integridad del fútbol africano y luchar con todas nuestras fuerzas por nuestros 18 aficionados actualmente detenidos en Marruecos, rehenes de un chantaje diplomático inaceptable. Por eso trasladamos esta batalla al terreno de la estricta verdad jurídica ante el Tribunal Arbitral del Deporte», añadió. El tono quedaba fijado. También el relato.
A partir de ahí, los abogados se suceden y las fórmulas se encadenan. Me Seydou Diagne, coordinador del equipo jurídico, calificó la decisión de «absurda e irracional», llegando a hablar de «un atentado contra el fútbol». «Si el TAS permite una situación así, los futuros campeones del mundo podrían limitarse a acudir a despachos de abogados —estadounidenses, parisinos o africanos—. Ya no haría falta formar jugadores, sino juristas para ganar estrellas», lanzó.
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Pero a medida que avanzaba la comparecencia, se perfilaba una línea de defensa aún más ofensiva, rozando el terreno penal y las acusaciones de alcance internacional.
Diagne dio un paso más: «Cuando una víctima como el Estado de Senegal, sus aficionados y su federación dispone de un conjunto de indicios graves y concordantes que podrían justificar procedimientos penales nacionales e internacionales, eso es exactamente lo que estamos considerando y poniendo en marcha contra las cinco personas responsables de este ultraje al deporte y al pueblo senegalés. Contamos con dos equipos internacionales de defensa; coordino un grupo de abogados especializados en la lucha contra la corrupción. Las denuncias están redactadas, las jurisdicciones identificadas, ya sea en Estados Unidos, en Nueva York o en Washington (…) Cuando decimos que Marruecos ha actuado, es porque lo ha hecho de forma oficial. No acusamos, por el momento, al Reino de Marruecos, pero tenemos sospechas legítimas y elementos que podrían sustentar una investigación penal internacional, ya anunciada en un comunicado oficial del Gobierno de Senegal».
Sin embargo, surge de inmediato una pregunta clave: ¿quiénes son esas «cinco personas»? ¿Miembros del comité disciplinario de la CAF? ¿Actores internos? ¿Responsables identificados? En este punto, silencio absoluto. Una acusación grave, pero sin destinatario claro.
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Otra cuestión, igualmente central: ¿por qué invocar jurisdicciones estadounidenses —Nueva York, Washington— en un asunto que pertenece al ámbito del derecho deportivo? ¿Por qué esquivar a las instancias naturales de regulación del fútbol, en primer lugar la FIFA, única entidad con legitimidad directa para investigar posibles vulneraciones de la integridad del juego? La estrategia suscita interrogantes. ¿Movimiento jurídico calculado? ¿Intento de presión? ¿O simple efecto mediático?
En su estado actual, las declaraciones transmiten sobre todo una escalada verbal sin respaldo probatorio. Se habla de «investigación penal internacional», «corrupción» o «indicios concordantes», pero sin aportar ningún elemento concreto de forma pública. En un tribunal, eso no basta.
Mientras el discurso se desplaza hacia lo penal y lo geopolítico, el núcleo del caso queda, llamativamente, al margen.
Porque los hechos del 18 de enero en Rabat son conocidos y están documentados. Los jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego en el tiempo añadido en protesta por un penalti concedido a Marruecos. La tensión escaló, el partido se sumió en el caos durante más de quince minutos. En la grada, algunos aficionados lanzaron objetos, agredieron a personal de seguridad e intentaron invadir el campo. El encuentro se detuvo. Posteriormente, se reanudó. Brahim Díaz falló el penalti. El partido continuó, se alargó y Senegal terminó marcando. Victoria sobre el terreno, sí, pero en un contexto profundamente alterado.
Es precisamente ahí donde el relato senegalés pierde consistencia. Tras aquel desenlace, el comité disciplinario de la CAF optó inicialmente por sancionar los incidentes sin modificar el resultado deportivo. Multas, advertencias y sanciones por comportamientos antideportivos. Caso cerrado… al menos en apariencia.
El centrocampista marroquí nº17 Abde Ezzalzouli, el defensa senegalés nº24 Antoine Mendy y el centrocampista marroquí nº11 Ismael Saibari disputan un balón durante el partido de la final de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Senegal y Marruecos, en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, el 18 de enero de 2026. (Foto de Paul ELLIS / AFP). AFP
El 17 de marzo, el comité de apelación reconfiguró la situación: Senegal fue declarado perdedor por incomparecencia y el partido homologado con un 3-0 a favor de Marruecos. Una decisión de gran alcance, pero basada en un principio reglamentario claro: negarse a continuar un partido constituye una infracción grave. Y es precisamente este punto el que la defensa evita abordar de forma directa.
Momento revelador: al ser interrogados sobre los artículos 82 y 84 del reglamento —que regulan los supuestos de abandono o negativa a jugar—, la respuesta fue evasiva. «En cuanto a los argumentos, comprenderán que no vamos a revelarlos ahora. Tendremos tiempo de desarrollarlos en los próximos días. El TAS será el primer destinatario y, previsiblemente, acabarán filtrándose», señaló el abogado Juan de Dios Crespo. En otras palabras, el núcleo de la defensa aún está por construir.
Mientras tanto, la comparecencia se apoya más en declaraciones enfáticas que en una argumentación jurídica estructurada. Se insinúan influencias, se sugieren irregularidades, se evocan incluso posibles vías penales internacionales… pero sin aportar pruebas concretas.
El tono político de algunas intervenciones refuerza esta impresión. Se habla de «rehenes», de «chantaje diplomático», de «defensa de la integridad del fútbol africano». Expresiones contundentes, pero que alejan el debate de su realidad esencial: un partido interrumpido y la aplicación de un reglamento.
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El abogado Pierre-Olivier Sur fue aún más lejos, al aludir a una «medalla envenenada» y dejar entrever una posible corrupción sin afirmarla de manera explícita: «Nuestros adversarios buscan una medalla envenenada. Vamos a investigar el origen de ese veneno. Tal vez se trate de corrupción; en cualquier caso, algo no encaja, algo nos parece turbio. En nuestra profesión, eso pertenece al ámbito penal, incluso internacional. Por eso hemos iniciado un proceso ético para llevar a cabo las investigaciones necesarias. El día en que podamos afirmarlo parece cercano». De nuevo, el condicional prevalece y la emoción sustituye a la prueba.
En definitiva, en París, la FSF ha intentado ganar la batalla del relato. Queda ahora la del derecho, en Lausana. Y en ese terreno, ya no basta con elevar el tono.
