La propuesta —considerada una de las más elevadas recibidas desde la apertura de los llamados a concurrencia— ascendía a aproximadamente 3.500 millones de dólares y contemplaba la compra de los activos industriales de Samir, sociedad en liquidación judicial desde 2016. El objetivo declarado era relanzar la producción de la única refinería nacional, paralizada desde hace más de diez años, y reactivar un emplazamiento calificado como estratégico para la economía marroquí.
La oferta estaba sujeta a una condición central: acceso al complejo industrial de Mohammedia y realización de una pericia técnica exhaustiva. El inversor solicitaba visitar las instalaciones, evaluar el estado de las unidades de producción y definir las inversiones necesarias para reanudar la actividad conforme a los estándares industriales y ambientales.
Pese al interés mediático y económico generado, el Tribunal consideró que las condiciones planteadas no satisfacían suficientemente los requisitos aplicables en el marco de una cesión judicial, optando por no retener la propuesta.
La decisión abre un nuevo episodio de incertidumbre para Samir y pone de relieve la complejidad jurídica y operativa asociada a cualquier intento de reactivación industrial del activo. Desde la apertura de la liquidación judicial en marzo de 2016, diversas ofertas han sido examinadas por la justicia, sin que hasta ahora se haya concretado una recuperación. Entre tanto, Marruecos continúa dependiendo de importaciones de productos petrolíferos refinados, mientras el futuro de esta infraestructura estratégica permanece en suspenso.
