Según estimaciones realizadas por operadores del sector, el precio del diésel podría subir hasta dos dirhams por litro, lo que acercaría el precio a la barrera de los 13 dirhams.
Este nuevo repunte vuelve a generar inquietud por su impacto en el poder adquisitivo y en los costes del transporte, un eslabón clave de la economía nacional.
En una reciente intervención pública, la ministra de Economía y Finanzas aseguró que el Reino dispone de una «caja de herramientas» de políticas públicas para amortiguar el impacto de una subida del petróleo. Entre esas medidas figura el control de los costes del transporte público.
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Todo indica, por tanto, que el Gobierno podría reactivar una vez más el sistema de ayudas directas a los transportistas. Este mecanismo ya se puso en marcha en marzo de 2022 para amortiguar el shock petrolero provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Entre marzo de 2022 y febrero de 2024, este programa supuso un coste cercano a 7.000 millones de dirhams para las finanzas públicas.
Para el Ejecutivo, la cuestión es estratégica.«El transporte es un eslabón central de toda la economía. Cuando sus costes aumentan, el impacto se traslada automáticamente a todas las cadenas de producción y distribución», explica un profesional del sector.
Desde la Federación del Transporte y la Logística (FTL), vinculada a la CGEM, se espera que una primera ronda de ayudas pueda activarse antes de finales de mes.
Una ayuda directa cuestionada por los profesionales
Sin embargo, esta solución no convence a todos los transportistas. La FTL ya se había opuesto al principio de la ayuda directa cuando se puso en marcha, defendiendo en su lugar un mecanismo estructural basado en la transparencia de los precios.
La organización patronal propone instaurar un sistema que vincule automáticamente las tarifas del transporte al precio del combustible. En la práctica, las tarifas subirían o bajarían en función de la evolución del precio del diésel en las estaciones de servicio.
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«Siempre hemos defendido la transparencia. No queríamos ayudas porque generan una forma de renta», explica una fuente de la federación.
Según esta fuente, las ayudas no estaban vinculadas a la actividad real.«Algunos transportistas optaron por dejar sus camiones parados y limitarse a cobrar las ayudas, lo que en determinados momentos provocó escasez de medios de transporte».
Varios actores del sector también cuestionan los criterios utilizados para determinar los beneficiarios.«El 93% de las empresas de transporte tienen menos de dos camiones. Las ayudas fijadas por el Gobierno se calculan según el tonelaje del vehículo y no según el kilometraje real o el consumo efectivo de diésel», explica el presidente de una asociación de transportistas de Casablanca.
En algunos casos, la ayuda puede alcanzar hasta 6.000 dirhams para un camión tractor, lo que habría llevado a ciertos operadores a inmovilizar sus vehículos en lugar de seguir trabajando.
Una reforma que sigue bloqueada
La nueva subida del petróleo vuelve a poner sobre la mesa el proyecto de ley destinado a vincular las tarifas del transporte al precio del combustible. Este texto, que estuvo a punto de aprobarse durante el mandato del anterior ministro de Transporte y Logística, Mohamed Abdeljalil, pretendía aportar una solución estructural a las fluctuaciones del precio del petróleo y a su impacto en el transporte por carretera.
En su momento, Mohamed Abdeljalil explicó que la reforma buscaba introducir un mecanismo que permitiera revisar las tarifas cuando el precio del combustible cambiara entre la firma de un contrato y la prestación del servicio.
El sistema prevé que, cuando un contrato de transporte incluya cláusulas de revisión vinculadas al precio del combustible, estas se apliquen automáticamente. En ausencia de contrato, se establecería un mecanismo de revisión regulado.
Los contratos de muy corta duración y los sectores cuyos precios están fijados por el Estado, como el transporte urbano o el transporte de pasajeros, quedarían fuera del sistema.
Cuatro años después de su presentación, el proyecto sigue paralizado. Según una fuente cercana al expediente, el texto nunca llegó a entrar en el circuito de aprobación.
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«El proyecto se remitió al SGG y desde entonces parece haber quedado guardado en un cajón. El Ministerio de Finanzas se habría opuesto por temor a que este mecanismo provocara una espiral inflacionista», explica esta fuente.
Queda por ver si el Gobierno retomará esta reforma, ya aplicada en varios países, entre ellos Francia.
Mientras tanto, y ante la nueva subida del petróleo, la ayuda directa a los transportistas parece seguir siendo la opción preferida por las autoridades, pese a las críticas que continúa generando dentro del sector.
