Recibido por la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) en Casablanca el miércoles 18 de febrero de 2026, el director de la Dirección General de Impuestos (DGI), Younes Idrissi Kaitouni, presentó un balance detallado de cinco años de reforma fiscal. Ante los representantes del empresariado, defendió una transformación «estructurada, consolidada y traducida en resultados tangibles», inscrita en la dinámica de modernización económica impulsada a nivel nacional.
El director de impuestos estimó que «2026 se perfila como un momento de confirmación de un rumbo», marcando la validación de las decisiones adoptadas en materia de reforma fiscal y gobernanza de las finanzas públicas.
Cinco años después de la adopción de la ley marco relativa a la reforma fiscal, la arquitectura del nuevo sistema está «globalmente definida» y sus principios «concretamente plasmados en los textos y en las prácticas», afirmó Younes Idrissi Kaitouni.
Las cifras presentadas reflejan la magnitud de la trayectoria emprendida. Los ingresos fiscales alcanzaron los 291.000 millones de dirhams (MMDH), registrando un aumento del 74% entre 2021 y 2025. Su peso en el PIB pasó del 20,3% al 24,6% en el mismo período.
Para el director de la DGI, estos agregados van más allá del simple rendimiento presupuestario. Dan cuenta de «el compromiso de toda la colectividad, incluido el tejido empresarial nacional», recordando que la empresa marroquí no se limita a la creación de valor, sino que participa activamente en la construcción de las políticas públicas.
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En detalle, el Impuesto sobre Sociedades (IS) pasó de 47,7 a 100,3 MMDH entre 2021 y 2025, es decir, un incremento del 110%, lo que refleja tanto la vitalidad de la actividad económica como la instauración de un marco fiscal más claro y seguro, explicó.
El IVA, con 71 MMDH de recaudación (+58%), refleja la modernización de los mecanismos de cobro y deducción, mientras que el Impuesto sobre la Renta (IR), con 70 MMDH (+47%), encarna, según él, «la solidaridad contributiva».
Más allá de los montos recaudados, el responsable insiste en el uso de los recursos movilizados. «La finalidad de la reforma fiscal no se mide únicamente a la luz de los montos recaudados», subrayó, destacando los márgenes generados para financiar las grandes políticas públicas.
Entre 2021 y 2025, los ingresos fiscales permitieron aumentar la partida del presupuesto general del Estado en más de 90 MMDH (+74%), reforzando la capacidad de intervención pública.
Las revalorizaciones salariales derivadas del diálogo social movilizaron cerca de 40 MMDH, es decir, un incremento del 28%, lo que refleja un compromiso con el poder adquisitivo y la estabilidad social.
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Las colectividades territoriales, por su parte, se beneficiaron de un refuerzo de más de 10 MMDH (+67%), consolidando sus medios de acción.
El apoyo a la tesorería de las empresas también se incrementó significativamente, en más de 11 MMDH (+85%), confirmando, según la DGI, la voluntad de acompañar al tejido productivo.
Las devoluciones y restituciones fiscales ilustran este cambio de escala: de un promedio anual de 7,3 MMDH anteriormente, alcanzan desde 2022 una media de 21 MMDH, culminando en 25 MMDH en 2025. Al mismo tiempo, el déficit presupuestario se mantuvo en el 3,5% del PIB en 2025, por debajo de la previsión inicial del 3,8%.
Una reforma sin aumento de la presión fiscal
Ante las interrogantes sobre la sostenibilidad de esta progresión, Younès Idrissi Kaitouni quiso aclarar: «Este aumento de los ingresos no procede en absoluto de un endurecimiento de la presión fiscal», sino de una ampliación de la base imponible, del restablecimiento de la equidad y de una lucha reforzada contra el fraude y la evasión.
Defendió una fiscalidad concebida como «una palanca estratégica de transformación», capaz de generar confianza, ofrecer un marco previsible a las empresas y reforzar la credibilidad financiera del Estado.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades (IS), la reforma progresiva de la escala introdujo tipos diferenciados y graduales del 20% y 35%, alineados con las buenas prácticas internacionales y teniendo en cuenta la capacidad contributiva de las empresas.
La retención en la fuente sobre los rendimientos de acciones y participaciones sociales se redujo del 15% al 10%, mientras que el tipo normal de la cotización mínima se rebajó del 0,50% al 0,25%, con una reducción específica al 0,15% para las ventas de productos básicos.
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Se redujeron y reorganizaron los beneficios fiscales especiales para que realmente apoyen a la economía productiva, y se establecieron mecanismos de neutralidad o de diferimiento fiscal para facilitar fusiones, escisiones y aportaciones de activos.
Una medida transitoria, prorrogada hasta 2030, prevé además una bonificación del 70% sobre la plusvalía neta derivada de la cesión de elementos del activo inmovilizado. La instauración de la retención en la fuente también transformó los comportamientos declarativos, ya que la contribución de las personas físicas sujetas al régimen del resultado neto real (RNR) aumentó un 80% entre 2023 y 2025.
La reforma del IVA, calificada de «proyecto estructurante» por el director del fisco, persigue una triple finalidad: económica, social y equitativa. La alineación progresiva de los tipos tiene como objetivo reducir el efecto de bloqueo («butoir») y garantizar la neutralidad del impuesto para las empresas.
Se introdujeron determinadas exenciones sobre productos básicos o de amplio consumo para apoyar el poder adquisitivo de los hogares.
El reembolso de los créditos de IVA gana en fluidez. El mejor control de los plazos responde ahora a una cuestión estratégica para las empresas inversoras.
Se instauró la imposición de los servicios digitales y de las prestaciones transfronterizas con el fin de garantizar una competencia más equitativa entre operadores nacionales e internacionales. Paralelamente, la retención en la fuente en materia de IVA generó más de 6,7 MMDH en 2025.
En lo que respecta al Impuesto sobre la Renta (IR), la reforma tiene como objetivo apoyar el poder adquisitivo, dinamizar el empleo y reforzar el atractivo del mercado laboral. La reorganización de la escala progresiva y el alivio selectivo de la fiscalidad salarial y de las pensiones se inscriben en esta lógica.
Los regímenes de la Contribución Profesional Única (CPU) y del autoemprendedor fueron mejorados para favorecer la integración del sector informal y promover una competencia más leal.
Una administración en transformación
Para el director de la DGI, «la calidad de un sistema fiscal no se aprecia únicamente a través de la pertinencia de sus leyes, sino que se mide por la eficacia de su administración».
La visión estratégica 2024-2028 de la DGI aspira a construir una administración moderna, ágil y orientada al servicio. Se basa en seis palancas estructurantes: gobernanza global de la transformación, registro nacional integrado de contribuyentes, perfiles de cumplimiento, experiencia integral del usuario, modos alternativos de resolución de controversias y desarrollo del capital humano.
El objetivo es garantizar la fiabilidad de los datos, mejorar la focalización de los controles, reducir los costes de cumplimiento y reforzar la seguridad jurídica.
La puesta en marcha de mecanismos alternativos de resolución de litigios fiscales pretende privilegiar la resolución amistosa y controlar el riesgo contencioso.
Concebidos como una «cadena de valor» de la transformación, estos ejes deben, según Younès Idrissi Kaitouni, consolidar la confianza entre la administración y los contribuyentes.
