La llamada ley de «aceleración industrial», impulsada por el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, tiene como objetivo preservar y descarbonizar sectores clave que, como el del automóvil, temen verse arrasados por la competencia china, mientras ya lidian con los retos de la transición ecológica y con los precios de la energía muy elevados en Europa.
Ante una crisis inédita, una medida inédita. La disposición emblemática del texto consiste en instaurar una «preferencia europea», una medida durante mucho tiempo tabú en Europa por su carácter proteccionista.
Se trata de obligar a las empresas de sectores considerados estratégicos a realizar una parte de su producción en Europa o a abastecerse de componentes locales cuando se benefician de fondos públicos.
Un mecanismo inspirado en leyes similares en Estados Unidos o en China, como subrayó el Sr. Séjourné en una tribuna cofirmada por un millar de dirigentes de empresas europeas.
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Pero el anuncio del proyecto de ley, previsto inicialmente para finales de 2025, se ha aplazado varias veces debido a desacuerdos entre los Estados miembros e incluso dentro de la Comisión sobre la utilidad, el alcance y los límites del dispositivo.
«Un giro mayor»
El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió la preferencia europea en los sectores más estratégicos, «de lo contrario, los europeos se verán arrasados».
«Es un giro mayor y necesario», estima Joseph Dellatte, del Institut Montaigne, señalando que los pedidos públicos representan alrededor del 15% de la economía europea y, por tanto, pueden desempeñar un papel determinante para ayudar a relocalizar actividades industriales.
Pero «si el objetivo es evitar que industrias sean destruidas por China, creo que existen mejores herramientas», replica Niclas Poitiers, del centro de reflexión Bruegel, recordando que Bruselas dispone de un arsenal contra las subvenciones extranjeras que distorsionan la competencia.
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Estos interrogantes no han dejado de alimentar los debates entre los 27 en los últimos meses, aunque la urgencia de actuar ha terminado por convencer a los más reticentes —Alemania y los países nórdicos— de alinearse con el «Made in Europe», a condición de que esta medida esté estrictamente focalizada.
El Ejecutivo europeo ha rebajado, por tanto, sus ambiciones respecto al proyecto inicial en lo relativo a la lista de sectores afectados.
Según una versión del texto consultada el martes por la AFP, la propuesta de ley creará la obligación de utilizar acero de bajo carbono en los proyectos de construcción e infraestructuras que reciban fondos públicos, pero sin exigir que sea «Made in Europe». Una perspectiva duramente criticada por la organización de productores de acero europeos, Eurofer.
Tampoco se menciona una obligación de contenidos locales para la química o el plástico.
En cambio, el sector del automóvil sí debería formar parte de los ámbitos afectados, al igual que las tecnologías de energías descarbonizadas (paneles solares, baterías…).
Pero la cuestión con diferencia más debatida, incluso dentro de la Comisión, es la del perímetro geográfico del «Made in Europe».
Berlín y otras capitales han insistido en que las empresas que producen en determinados países socios no queden excluidas del dispositivo, por temor a desencadenar represalias comerciales y desestabilizar las cadenas de producción.
Estados que mantienen relaciones estrechas con la UE como el Reino Unido, Turquía, Japón o Suiza esperan beneficiarse de ese trato de favor.
El proyecto de ley también podría imponer obligaciones de retornos locales, en particular en materia de empleo y de investigación y desarrollo, a las empresas extranjeras que quieran realizar determinadas inversiones en Europa, según el texto consultado por la AFP.
Por último, incluirá medidas más consensuadas destinadas a facilitar la construcción o la ampliación de fábricas, simplificando y acelerando los procedimientos administrativos.
