España ha registrado más de un millón de solicitudes de regularización de extranjeros en situación irregular al cierre del dispositivo extraordinario lanzado a mediados de abril, anunció este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Durante una comparecencia coincidiendo con el último día del plazo para presentar solicitudes, Sánchez calificó la iniciativa de «etapa clave» para permitir que cientos de miles de personas abandonen la precariedad administrativa y defendió una política migratoria «legal, segura y ordenada».
El jefe del Ejecutivo subrayó además que la inmigración es «necesaria» para responder a las necesidades de la economía española, especialmente en un contexto de envejecimiento de la población y despoblación de determinadas regiones del país.
Las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de tres meses para examinar las solicitudes y decidir sobre la concesión de permisos de residencia y trabajo, válidos únicamente en territorio español.
El proceso extraordinario, abierto entre el 16 de abril y el 30 de junio mediante un real decreto aprobado el pasado 14 de abril, estaba dirigido a extranjeros en situación administrativa irregular que acreditaran una residencia continuada en España de al menos cinco meses antes del 1 de enero de 2026 y carecieran de antecedentes penales.
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Inicialmente, el Gobierno estimó que la medida beneficiaría a unas 500.000 personas. Sin embargo, el número de solicitudes ha terminado duplicando esa previsión.
Entre los solicitantes, los ciudadanos marroquíes representan el 13,7% de los expedientes, lo que los sitúa como la segunda nacionalidad con mayor número de solicitudes, solo por detrás de los colombianos (26,9%), según datos provisionales publicados por La Vanguardia.
Además de los colombianos y los marroquíes, las nacionalidades con mayor presencia entre los expedientes presentados son la venezolana, la peruana y la hondureña, según los datos avanzados por La Vanguardia.
Coincidiendo con el cierre del proceso, Pedro Sánchez anunció también la puesta en marcha de un Plan de Integración y Ciudadanía, dotado con un presupuesto inicial de 500 millones de euros para su primer año de aplicación.
