La regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno español afronta esta semana uno de sus momentos más delicados. La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que rechace la suspensión cautelar del proceso, recurrido por varias comunidades autónomas y organizaciones conservadoras que buscan frenar su aplicación antes de que se resuelvan los recursos judiciales, según informa la agencia EFE.
El alto tribunal celebrará este miércoles cinco vistas para estudiar las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia. Todos ellos reclaman la paralización temporal del real decreto aprobado por el Ejecutivo para regularizar la situación administrativa de miles de inmigrantes en España.
En un escrito remitido al Supremo, la Abogacía del Estado advierte de que suspender la norma «dejaría sin efecto útil a la misma, dañando gravemente el interés general». El Gobierno considera que bloquear el proceso impediría además que los potenciales beneficiarios pudieran presentar sus solicitudes antes de la fecha límite fijada para el próximo 30 de junio.
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El Ejecutivo defiende que la medida no supondrá un impacto añadido sobre los servicios públicos, al recordar que muchas de las personas afectadas ya residen en España y son usuarias del sistema sanitario, educativo o social. «La concesión de una autorización de residencia no genera el impacto en los diversos servicios públicos dado que, en la actualidad, las personas destinatarias de dicha medida ya son usuarias de tales servicios», sostiene el documento.
La Abogacía del Estado subraya igualmente que la regularización favorecerá la integración social y la incorporación al mercado laboral de los inmigrantes afectados. Según argumenta, la obtención de permisos de residencia y trabajo permitirá aumentar las cotizaciones sociales y reducir la economía sumergida.
«La obtención de la autorización permitirá el acceso al pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, entre los que resulta especialmente relevante el derecho al trabajo», señala el escrito presentado ante el Supremo.
En materia sanitaria, el Gobierno insiste además en que la legislación española ya garantiza el acceso a la atención médica con independencia del estatus administrativo de la persona extranjera, por lo que considera que los argumentos esgrimidos contra la regularización carecen de relación directa con los efectos del decreto.
La batalla judicial en torno a esta regularización extraordinaria se ha convertido en uno de los principales frentes políticos y migratorios de los últimos meses en España, en un contexto marcado por la presión migratoria y el creciente enfrentamiento entre el Gobierno central y varias administraciones autonómicas gobernadas por el Partido Popular.
