El acuerdo quedará como uno de los episodios más reveladores de las derivas de una diplomacia argelina convertida en un ejercicio de trueque, donde los intereses de una élite prevalecen sobre cualquier otra consideración, incluida la tan proclamada dignidad nacional. Se selló durante la visita del ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, a Bruselas, los pasados 25 y 26 de marzo. Lo que emerge es un mecanismo destinado a facilitar la devolución masiva de migrantes argelinos en situación irregular desde Bélgica hacia Argelia a cambio… de una exención de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, es decir, toda la nomenklatura.
Detrás de los comunicados edulcorados que hablan de «asociación reforzada» y cooperación «mutuamente beneficiosa», la realidad es mucho más cruda: un intercambio explícito entre la readmisión acelerada, por miles, de migrantes en situación irregular y la concesión de facilidades de circulación a una élite político-administrativa hipertrofiada. Es el pacto: visados exentos para titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio a cambio de orden de salida del territorio (OQTF, por sus siglas en francés) en vía rápida.
En detalle, el núcleo de este acuerdo descansa en un mecanismo que, en otras circunstancias, habría sido presentado como una capitulación. Argelia se compromete ahora a identificar a sus nacionales en situación irregular en Bélgica en un plazo récord de quince días, cuando antes los procedimientos podían prolongarse durante meses, incluso años. Este plazo permite la rápida expedición de salvoconductos consulares, documentos imprescindibles para cualquier expulsión. Más aún, el acuerdo contempla la posibilidad de repatriaciones colectivas en vuelos específicos, con la participación directa de escoltas de seguridad argelinas. Es algo inédito y doblemente humillante: agentes argelinos encargándose de expulsar a sus propios compatriotas. Una «cooperación» que contrasta radicalmente con la actitud de Argel hacia Francia, donde las solicitudes de salvoconductos suelen ser ignoradas o bloqueadas en el marco del pulso diplomático.
A cambio, Bélgica concede la exención de visado a los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio argelinos. Oficialmente, se trata de facilitar los intercambios institucionales. En la práctica, esta medida abre las puertas del espacio Schengen a una población mucho más amplia de lo que sugiere el término. Porque en Argelia, el pasaporte diplomático no es un privilegio reservado a unos pocos diplomáticos en misión. Se distribuye con una generosidad que roza la inflación: altos funcionarios, cuadros superiores, oficiales, miembros de los aparatos de seguridad, asesores de todo tipo, sin olvidar a sus familias, parejas y entornos cercanos. Son, por tanto, decenas de miles de beneficiarios potenciales los que acceden, por esta vía, a una libertad de circulación que la inmensa mayoría de los ciudadanos argelinos solo puede observar desde lejos.
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No se trata de diplomacia en el sentido clásico, sino de un mecanismo de redistribución interna de privilegios, donde el Estado actúa como intermediario en beneficio de sus propias redes. Los migrantes en situación irregular pasan a ser una variable de ajuste, una moneda de cambio en una negociación en la que su destino importa menos que los beneficios obtenidos por la nomenklatura. El hecho de que se trate de ciudadanos argelinos, cuyo retorno debería responder a una decisión soberana y no a una concesión negociable, parece haber quedado en segundo plano.
La forma en que Bélgica ha expuesto este acuerdo añade una dimensión adicional a un panorama ya poco edificante. Lejos de limitarse a un comunicado diplomático vago, las autoridades belgas han detallado los términos del acuerdo, cifras incluidas. Han mencionado los miles de nacionales afectados por medidas de expulsión, más de 2.000 de los 30.000 argelinos registrados en Bélgica, los plazos ahora impuestos a Argel, y los nuevos mecanismos operativos para acelerar las expulsiones. Con ello, han desvelado la verdadera naturaleza del compromiso, transformando lo que podría haber sido un arreglo discreto en una demostración pública de realpolitik. El impacto es demoledor para la imagen del régimen argelino, presentado como un actor dispuesto a negociar sus obligaciones soberanas a cambio de beneficios selectivos, incluso personales.
Para quienes sostienen el régimen argelino, el verdadero objetivo no es Bélgica en sí, sino, como siempre, la imprescindible Francia. Encerrados en sus despachos en el centro de Argel o en el Club des Pins, no soportan estar separados de sus referentes desde que Francia impuso en agosto de 2025 la obligación de visado incluso para titulares de pasaportes diplomáticos. En pleno verano, todo un símbolo. Bélgica se convierte así en una vía de escape diseñada por Argel para sortear las restricciones francesas. El acceso a un país miembro del espacio Schengen ofrece una solución especialmente eficaz. Una vez en territorio belga, es posible desplazarse hacia Francia sin controles sistemáticos en frontera, especialmente por vía terrestre o ferroviaria. El objetivo, por tanto, no es tanto Bruselas como París, y más ampliamente todo el espacio europeo accesible sin trabas visibles.
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La estrategia no es nueva. Argelia ya había obtenido exenciones de visado con Eslovenia, pero esta opción resultó poco práctica. La distancia geográfica y la falta de continuidad terrestre directa con Francia obligaban a viajar por vía aérea, con el consiguiente riesgo de controles en aeropuertos, donde las autoridades francesas pueden denegar la entrada. Bélgica, en cambio, ofrece proximidad y permeabilidad, lo que la convierte en una puerta de entrada ideal. Este contraste pone de relieve el carácter oportunista y pragmático, incluso cínico, de la estrategia argelina.
Este pragmatismo contrasta con la postura oficial que Argel mantiene frente a París. En un contexto de tensiones, especialmente por la cuestión del Sáhara y el reconocimiento por parte de Francia de la soberanía marroquí, el discurso argelino se presenta firme, incluso intransigente. Tras la suspensión unilateral del acuerdo bilateral del 11 de mayo de 2025, Francia reaccionó poniendo fin a la exención de visado y formalizando la medida el 19 de agosto de 2025 con la suspensión del acuerdo de 2013. Desde entonces, nada ha cambiado. Sin embargo, al mismo tiempo, se conceden importantes ventajas a Bélgica, cuyas posiciones diplomáticas, especialmente sobre el Sáhara, son prácticamente idénticas a las de Francia. La incoherencia resulta evidente.
El precedente con España refuerza esta impresión. Tras una crisis especialmente intensa, Argel terminó normalizando sus relaciones con Madrid sin obtener ninguna concesión. La visita de José Manuel Albares a Argel el 26 de marzo de 2026 simbolizó este giro, tras tres años de tensión diplomática. Ese día, fue recibido casi como un jefe de Estado, tanto por Ahmed Attaf como por el presidente Abdelmadjid Tebboune, protagonizando una escena que confirmó su perfil político y su conocimiento del régimen argelino.
De forma repentina, y tras haber suspendido el tratado de amistad en 2022 por el cambio de postura de Madrid sobre el Sáhara, Argelia normaliza sus relaciones sin lograr ni la más mínima concesión. Tras cerrar el gasoducto Magreb-Europa, vuelve a abrir el suministro de gas hacia España, con promesas de aumento de las entregas. Y los productos españoles vuelven a ser bienvenidos, en un contexto en el que el volumen de intercambios alcanzó cerca de 8.500 millones de euros en 2025, con un fuerte incremento de las exportaciones españolas.
Todo ello ilustra una capacidad para pasar rápidamente de una postura de confrontación a una lógica de acomodación, incluso de sumisión. Esta volatilidad diplomática, en la que los principios proclamados ceden ante las urgencias del momento, alimenta la percepción de una diplomacia sin rumbo y, sobre todo, sin timón.
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Queda la incógnita de la reacción francesa. Ante un dispositivo que permite sortear sus propias restricciones, París podría verse tentado a reforzar sus mecanismos de control, especialmente en los desplazamientos dentro del espacio Schengen, para evitar efectos de elusión derivados de acuerdos bilaterales asimétricos. En una carta del 6 de agosto de 2025, el presidente Emmanuel Macron ya insistía en la necesidad de aplicar eficazmente las restricciones a responsables argelinos y de evitar cualquier forma de evasión mediante otros países europeos.
En definitiva, el acuerdo con Bélgica plantea una cuestión fundamental sobre la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Al aceptar negociar la readmisión de sus propios nacionales como si fuera una contrapartida y no una obligación, el poder argelino introduce una lógica mercantil que desdibuja los principios básicos. El retorno de migrantes irregulares, que debería responder a una responsabilidad estatal elemental, se convierte en un instrumento de negociación al servicio de intereses particulares. El contraste con la negativa persistente frente a Francia resulta especialmente llamativo.
En última instancia, lo que revela este acuerdo no es una habilidad táctica ni una adaptación a las circunstancias, sino una transformación más profunda: la diplomacia convertida en instrumento, los recursos del Estado en privilegios y la soberanía nacional en una variable ajustable según el interlocutor. Una lógica que deja al descubierto, una vez más, las profundas fragilidades y contradicciones de un régimen centrado en intereses personales. Ahora, resulta evidente.
