Los Centros Regionales de Inversión (CRI) se preparan para un cambio en su modelo de gobernanza. Reunido este jueves 19 de noviembre, el Consejo de Gobierno aprobó un proyecto de decreto que modifica las disposiciones reglamentarias que regulan el funcionamiento de estos organismos, creados para acompañar a los inversores y facilitar la ejecución de sus proyectos en las distintas regiones del país.
La principal novedad es el traslado de su tutela al Ministerio del Interior. El texto establece asimismo que la presidencia de los consejos de administración de los CRI corresponderá al ministro del Interior o a su representante.
Esta decisión llega después de que los CRI quedaran adscritos a la Jefatura del Gobierno en 2023, con una delegación de competencias al departamento responsable de Inversión. El nuevo arbitraje institucional otorga ahora al Ministerio del Interior un papel central en la gobernanza de estos organismos.
Presentado por el ministro de Industria, Comercio, Inversión e Integración Económica, el proyecto busca mejorar la eficacia y el rendimiento de la gestión de los CRI. El Ejecutivo considera prioritario reforzar la coordinación entre las distintas administraciones y los servicios territoriales desconcentrados, con el fin de que estos centros puedan cumplir mejor su cometido de promoción de las inversiones.
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En la práctica, los CRI deberán desempeñar un papel más eficaz en el acompañamiento de los proyectos, desde su evaluación inicial hasta su ejecución. La reforma pretende dotarlos de mayor capacidad para adoptar las medidas necesarias que permitan agilizar los expedientes de inversión y eliminar los obstáculos administrativos que puedan dificultar su puesta en marcha.
La elección del Ministerio del Interior responde a la voluntad de reforzar la dimensión territorial de la política de inversiones. Gracias a su red de representantes y a su presencia en las distintas regiones, este departamento dispone de herramientas de coordinación con las administraciones y los servicios territoriales, cuya movilización resulta decisiva para desbloquear numerosos proyectos.
El Gobierno enmarca también esta reforma en la continuidad del proceso de regionalización avanzada y de la aplicación de la Carta Nacional de Desconcentración Administrativa. El objetivo es acompañar el despliegue de los nuevos programas de desarrollo territorial y garantizar una mejor articulación entre las políticas públicas y las necesidades expresadas en cada región.
