Después de haber remitido un informe en el que identificó los nombres y funciones de agentes de la Policía marroquí y responsables del Ministerio del Interior, presentándolos como «prueba» de que estos «dinamizaron» la entrada masiva, ahora el CENIF se saca de la manga otra «prueba» que presenta como un nuevo elemento que reforzaría la teoría de la implicación de Marruecos en lo ocurrido. Pretende haber hallado «97 conexiones» digitales entre los organizadores de la entrada masiva en las redes sociales y miembros de las fuerzas de seguridad de Marruecos.
De las conexiones digitales a las conjeturas: el salto analítico del CENIF
Pero no se trata de conexiones directas verificadas ni de pruebas físicas obtenidas mediante el acceso a los móviles de las personas concernidas. Se trata de inferencias realizadas a partir de filtraciones masivas de datos, brechas de seguridad en internet, cuentas en redes sociales y aplicaciones móviles.
Sobre esta base, el CENIF afirma haber identificado a 19 administradores y 32 dinamizadores de la entrada masiva en WhatsApp. De ellos, dos administradores y seis dinamizadores tenían entre sus contactos directos a personas que, a su vez, almacenaban en sus agendas números de teléfono etiquetados como «policía», «gendarme» o «comisario».
A partir de estos hallazgos, y sin explicar qué resultados obtuvo con respecto a los otros 43 administradores y dinamizadores analizados, el CENIF sostiene que esos contactos directos podrían actuar como «perfiles de enlace» con integrantes de las estructuras de seguridad e inteligencia marroquíes, lo que «posibilitaría un canal de comunicación» que reforzaría el anonimato de una supuesta estructura oculta detrás de la organización digital visible.
El CENIF no aporta ninguna prueba fehaciente que permita acreditar la implicación de agentes de seguridad marroquíes. No ha podido acceder a los móviles de las personas analizadas ni ha demostrado haber interceptado órdenes transmitidas por agentes marroquíes a los dinamizadores a través de los supuestos perfiles de enlace. Se limita a formular una interpretación y una extrapolación, recurriendo sistemáticamente al condicional.
Para reforzar una teoría ya de por sí endeble, el CENIF explica que, para identificar a estos supuestos perfiles de enlace, ha cotejado la información disponible con el listado de agentes marroquíes de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) y de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), cuyos datos fueron presuntamente hackeados y filtrados el pasado agosto por el grupo de piratas informáticos Jabaroot.
Una vez más, sin haber tenido acceso físico a los móviles de los supuestos «comisarios», «policías» y «gendarmes» marroquíes que habrían servido de enlace entre los administradores y dinamizadores y los servicios de seguridad de Marruecos, el CENIF da un salto analítico mediante interpretaciones y extrapolaciones. Y sostiene que «el análisis técnico y el cotejo cruzado de la información disponible demuestran un alto grado de verosimilitud y certeza indiciaria en todas las consultas realizadas, reforzando su autenticidad».
Sin embargo, este malabarismo analítico del CENIF no resiste el contraste con los informes que el CNI remitió a la jueza Tardón el 11 de noviembre ni con las conclusiones de otros organismos españoles, entre ellos la Jefatura de Información de la Guardia Civil.
El CNI desmonta la hipótesis de una estructura de mando detrás de la entrada masiva
Frente a la hipótesis del CENIF de que detrás de los dinamizadores existía una estructura de mando, el CNI responde que estos actuaron «de forma descentralizada, múltiple, autogestionada y colaborativa en la difusión de la convocatoria de entrada». Además, agrega que no se ha “observado, por el momento, la existencia de una estructura organizativa de dirección o coordinación centralizada que controlara la actuación de los dinamizadores que realizaron los primeros llamamientos o de quienes posteriormente contribuyeron a amplificarlos”.
Los términos utilizados por el CNI en este pasaje no pueden ser más claros, en la medida en que ponen seriamente en entredicho la hipótesis de que una estructura estatal o de otra índole hubiera organizado, planeado, instigado o dirigido de manera centralizada y premeditada la entrada masiva. Tampoco se ha acreditado la existencia de una relación de cooperación entre los dinamizadores de las redes sociales y los agentes marroquíes identificados por el CENIF.
Una conclusión que confirma el propio CNI al señalar que “no se ha establecido que existiera una acción concertada por parte de organismos estatales marroquíes que permita hablar de una integración de los dinamizadores en estructuras superiores para la ejecución de una acción deliberada en perjuicio de los intereses españoles”.
Esta conclusión del CNI desmonta, o cuando menos, pone en entredicho la teoría defendida por el CENIF sobre la base de sus «nuevos hallazgos» de conexiones digitales entre los organizadores y dinamizadores de la entrada masiva y unos supuestos «perfiles de enlace» que habrían servido de intermediarios entre ellos y los agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes.
Una investigación rigurosa no puede descansar exclusivamente en aproximaciones, conjeturas, extrapolaciones o interpretaciones que, en muchos casos, pueden ser subjetivas y estar influidas por un sesgo o una convicción profundamente arraigada en la mente del investigador. Debe sustentarse, más bien, en pruebas verificables, fehacientes y capaces de resistir un examen riguroso. Muy a pesar del CENIF, los sucesivos informes del CNI, de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y del Ejercito espanol siguen debilitando sus teorías sobre la implicación de Marruecos en la entrada masiva.
Una teoría que resulta aún más cuestionable a la luz de las comunicaciones entre agentes de la Policía marroquí y miembros de la Marina Real marroquí que fueron interceptadas por el Regimiento de Guerra Electrónica 32 del Ejército de Tierra español. Según estas comunicaciones, que fueron inicialmente ocultadas mediante tachaduras en la primera documentación remitida por el CNI a la jueza Tardón y posteriormente reveladas en una segunda entrega el 11 de noviembre, un mando de la Policía marroquí fue interceptado mientras transmitía a sus subordinados la siguiente instrucción: «Hay información de una entrada masiva a Ceuta. Que todo el mundo esté alerta y que nadie abandone su puesto. Los salientes de servicio también deben quedarse para el caso de necesitar personal. Estén disponibles. Puede ser tanto por la valla como por el mar».
Además de esta medida, el Ejército español interceptó otra comunicación de la Marina Real marroquí en la que uno de sus mandos ordenaba retirar o pinchar todos los flotadores que se encontraran en las inmediaciones de las aguas de Ceuta. Una instrucción que estaba claramente encaminada a impedir que los migrantes utilizaran estos medios para acceder por vía marítima a Ceuta.
Supongamos que las alegaciones contenidas en el último informe del CENIF sobre los números de teléfono almacenados en las agendas de los contactos de administradores y dinamizadores fueran ciertas. ¿Cómo puede explicarse que los servicios de inteligencia españoles no hayan presentado ninguna conversación interceptada entre esos supuestos intermediarios y los dinamizadores, mientras que sí han sido capaces de intervenir las comunicaciones de policías y miembros de la Marina Real marroquí?
Y más aún, ¿cómo puede sostenerse la hipótesis de una operación deliberadamente organizada por Marruecos cuando esas Comunicaciones da cuenta de las medidas que las autoridades marroquíes adoptaron en las horas previas a la entrada masiva para tratar de evitarla?
La obsesión del CENIF por remitir informe tras informe a la jueza Tardón, cuyas conclusiones son puestas en entredicho por los propios servicios de inteligencia españoles, que disponen de mayores recursos humanos, tecnológicos y experiencia en este tipo de investigaciones, constituye un caso de manual de cómo una institución puede partir de una conclusión preestablecida y recurrir a todo tipo de artimañas, insinuaciones, conjeturas y extrapolaciones para tratar de corroborar una teoría concebida de antemano.
En lugar de tratar de dilucidar lo que realmente ocurrió, arrojar luz sobre los entresijos de la crisis e informar a la opinión pública española sobre los fallos cometidos a ambos lados de la frontera que posibilitaron la entrada masiva de migrantes, el CENIF parece perseguir un objetivo muy distinto. Su empeño, en tándem con la jueza Tardón, por atribuir a Marruecos la autoría de los acontecimientos parece responder cada día más a un propósito eminentemente politico, a saber, dar credibilidad al relato difundido y defendido por el PP y Vox desde las primeras horas de la crisis de Ceuta, según el cual Marruecos habría planificado y ejecutado deliberadamente la entrada masiva. Y, de paso, el CENIF y la jueza Tardón, procuran allanar el camino de la derecha y la extrema derecha hacia la Moncloa, ayudando a ambas formaciones políticas a desalojar del poder a un presidente del Gobierno español al que llevan años acusando de ser «sumiso» a Marruecos.
