Los dos promotores inmobiliarios pasaron cerca de 70 días en prisión preventiva, por decisión del juez de instrucción del tribunal correccional de Aïn Sebaâ. Estaban siendo investigados por estafa, falsificación y uso de documentos falsos, en relación con la comercialización de viviendas en el proyecto Casa Parc.
Impulsado por la sociedad Treize-Huit, el proyecto Casa Parc aspiraba a desarrollar un amplio complejo residencial de cerca de 1.200 viviendas y parcelas en Sidi Maârouf, un barrio situado en la periferia sureste de Casablanca. Inicialmente prevista en torno a 2016, la entrega acumuló importantes retrasos. Varios compradores se organizaron en colectivo para emprender acciones judiciales, reclamando o bien la entrega de sus viviendas o bien la devolución de las cantidades abonadas.
El juicio, iniciado el pasado 25 de marzo, ha registrado varios desarrollos a lo largo de las audiencias. Decenas de demandantes optaron por retirar sus denuncias a cambio del reembolso de los anticipos abonados, en algunos casos desde hace más de doce años. Esta evolución parece haber influido en la decisión de conceder la libertad a los dos acusados, aunque el procedimiento judicial continúa.
Paralelamente a los litigios con los compradores, Attijariwafa bank, principal acreedor, obtuvo una sentencia que condena a la sociedad Treize-Huit al pago de cerca de 500 millones de dirhams de deuda. A continuación, la entidad bancaria inició procedimientos de ejecución forzosa, que se tradujeron en embargos tanto de activos vinculados al proyecto como de ciertos bienes pertenecientes a los dos promotores.
En una entrevista concedida a Le360 en marzo de 2019, cuando las primeras víctimas comenzaban a organizar concentraciones en el lugar del proyecto, Sadreddine Benhima ofrecía por primera vez su versión de los hechos.
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En esa fecha, de los cerca de 700 apartamentos comercializados, el proyecto «Casablanca Parc» contaba con aproximadamente 500 viviendas terminadas, repartidas en 42 edificios de cuatro plantas. Sin embargo, solo 320 disponían de títulos de propiedad, pese a que unas 275 familias ya residían en el lugar.
«La gente tiene la impresión de que se trata de un proyecto fantasma. Sin embargo, es un proyecto ambicioso. Por la red viaria y las infraestructuras —agua potable, electricidad, sistemas de drenaje de aguas pluviales— Casablanca Parc constituye la mayor obra privada de Casablanca. Solo la red viaria representa una inversión de entre 60 y 70 millones de dirhams», se defendía.
Preguntado por las razones de la paralización de las obras, Benhima aludía a bloqueos administrativos, especialmente relacionados con el plan modificativo pendiente de autorización por parte de Protección Civil, así como con el impuesto sobre terrenos no edificados (TNB) impuesto por el Ayuntamiento de Casablanca.
En cuanto a las cifras mencionadas por algunos medios, que hablaban de un desvío de 250 millones de dirhams, el promotor rechazaba estas estimaciones: «El precio medio de un apartamento es de 900.000 dirhams. Aplicando un anticipo del 15%, se obtiene aproximadamente 140 millones de dirhams en adelantos de clientes, y no 250 millones como se ha afirmado. A esto hay que restar cerca de 30 millones de dirhams ya devueltos».
La puesta en libertad de los dos promotores no significa el fin de las acciones judiciales ni, mucho menos, el cierre del caso Casa Parc.
