El Consejo Nacional de los adules anunció este jueves la convocatoria de una nueva huelga para protestar contra el proyecto de ley relativo a la organización de la profesión. En este marco, los adouls prevén una suspensión total de los servicios vinculados a sus funciones en todo el territorio nacional entre el 18 de marzo y el 5 de abril de 2026.
En un comunicado, la organización expresó su descontento ante lo que califica como una falta de respuesta de las autoridades públicas a sus reivindicaciones. La instancia profesional lamenta especialmente la ausencia de reacción por parte del jefe del Gobierno a sus demandas, que, según señalan, también habrían sido rechazadas por el Ministerio de Justicia.
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Los adules reiteraron asimismo su oposición a la adopción del proyecto de ley por parte de la Cámara de Consejeros en su versión actual. A su juicio, el texto no responde a las expectativas de la profesión ni tiene suficientemente en cuenta las particularidades de esta función jurídica tradicional, que desempeña un papel central en la autenticación de actos y en la seguridad de las transacciones civiles.
Por ello, el Consejo Nacional de los adouls pide la suspensión del proceso legislativo hasta que se abra un diálogo «serio y responsable» con el Ejecutivo. El objetivo, según la organización, es alcanzar un consenso que permita modernizar el marco jurídico de la profesión sin menoscabar sus prerrogativas históricas.
Entre los principales puntos de fricción figura la ausencia, en el proyecto de ley, de un mecanismo institucionalizado para el depósito y la gestión de fondos vinculados a las transacciones realizadas por los adouls, comparable a los sistemas existentes para otras profesiones jurídicas reguladas como notarios o abogados.
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La denominación oficial de la profesión también constituye un punto de desacuerdo. Los adouls defienden la adopción de una denominación combinada, «notariado-adul», al considerar que refleja mejor el carácter autenticador y cuasi notarial de sus funciones.
Asimismo, el concurso de acceso a la profesión genera reservas dentro del colectivo. Según Souleimane Adkhoul, las modalidades actualmente previstas obligan a los candidatos a dominar nueve especialidades distintas —es decir, nueve materias de examen—, un sistema especialmente exigente por los representantes del sector.
