¿Garantizan las administraciones públicas marroquíes un acceso efectivo y equitativo a los servicios públicos para las personas en situación de discapacidad? A esta cuestión central trata de responder un estudio conjunto llevado a cabo por la Institución del Mediador, el Observatorio Nacional de Desarrollo Humano (ONDH) y la Secretaría de Estado encargada de la Inserción Social. Las conclusiones de este diagnóstico fueron presentadas este martes en Rabat, con motivo del Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad, durante una ceremonia organizada en el Palacio de Congresos de Salé.
Según los datos del Censo General de Población y Vivienda (RGPH) de 2024, cerca de 1,73 millones de marroquíes viven en situación de discapacidad, es decir, alrededor del 4,8% de la población nacional. Esta prevalencia es más acusada en el medio rural (5,6%) que en el urbano (4,2%), lo que pone de relieve persistentes desigualdades territoriales en el acceso a los servicios públicos.
El estudio se basa en una matriz de evaluación multidimensional que abarca cinco ejes principales: accesibilidad física, acceso a los servicios, inclusión digital, formación e inclusión profesional. De él se desprende que el 40% de las administraciones se encuentran en una fase «de transición», mientras que el 35% presenta un nivel de accesibilidad considerado «bajo». Solo el 25% de las entidades públicas puede considerarse verdaderamente «inclusivo».
En el plano normativo, apenas el 26% de las administraciones dispone de un marco regulador o de directrices formalizadas que rijan la accesibilidad de los servicios para las personas en situación de discapacidad. Además, los equipamientos básicos, en particular las instalaciones sanitarias adaptadas y la señalética accesible, siguen siendo insuficientes, especialmente en los accesos principales de los edificios administrativos.
En cambio, ciertas prácticas de atención reflejan esfuerzos notables. Así, el 78,5% de las administraciones afirma aplicar dispositivos específicos en la atención a usuarios en situación de discapacidad, como la priorización, el acompañamiento personalizado, la simplificación de los trámites o la adaptación de las modalidades de comunicación.
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En materia de simplificación administrativa, el 90,5% de las entidades afirma adaptar sus procedimientos, de forma sistemática o caso por caso, para facilitar el acceso a las prestaciones públicas de esta categoría de ciudadanos. No obstante, la oferta de servicios digitales adaptados sigue siendo limitada, ya que solo el 47,5% de las instituciones propone soluciones digitales inclusivas.
En el ámbito de los recursos humanos, el estudio revela que el 47,6% de las administraciones cuenta con personas en situación de discapacidad entre sus efectivos. En cuanto a los mecanismos de inclusión profesional, el 65% de las administraciones declara haber puesto en marcha medidas de adaptación de las condiciones de trabajo, especialmente en lo relativo a la organización de las funciones (45%), la adecuación de los espacios laborales (40%) y el acompañamiento específico (20%).
Pese a estos avances, las carencias detectadas siguen siendo numerosas, lo que exige intensificar las políticas públicas en materia de accesibilidad universal. Las tres instituciones asociadas reafirman así su compromiso de reforzar progresivamente los dispositivos existentes para garantizar la plena efectividad de los derechos y una ciudadanía inclusiva para las personas en situación de discapacidad.
«Hemos llevado a cabo un diagnóstico global para abarcar todas las dimensiones de la accesibilidad y evaluar la capacidad de los servicios públicos para integrar a las personas en situación de discapacidad, ya se trate de usuarios o de empleados dentro de las administraciones y los establecimientos públicos», declaró el secretario de Estado encargado de la Inserción Social. El objetivo, precisó, es mejorar la calidad de la atención, reforzar las competencias de los recursos humanos y adaptar las interacciones con los usuarios afectados.
Por su parte, el Mediador del Reino, Hassan Tariq, saludó los avances logrados en materia de consolidación de derechos, al tiempo que llamó a redoblar los esfuerzos para responder a las legítimas expectativas de esta categoría de ciudadanos, que aspiran ante todo «al respeto de su dignidad».
En la misma línea, el presidente del ONDH, Otmane Gair, subrayó que este estudio constituye una herramienta de evaluación de las políticas públicas, especialmente en materia de infraestructuras e inclusión socioeconómica. También abre la vía al desarrollo de mecanismos más eficaces de inserción profesional y de mejora de las condiciones de acogida y prestación de los servicios públicos.
Más allá del diagnóstico, este informe pone de relieve un imperativo: convertir la accesibilidad en un pilar estructurante de la acción pública, condición sine qua non para una inclusión real y duradera.
