El Jurado disciplinario de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha emitido sus decisiones tras los incidentes que empañaron la final de la Copa de África de Naciones Marruecos 2025. Un veredicto muy esperado, destinado a cerrar uno de los episodios más sombríos de la historia reciente de la competición. Pero en lugar de calmar, esta decisión suscita ya una ola de incomprensión, tanto así que aparece desequilibrada en la lectura de las responsabilidades.
Oficialmente, se han impuesto sanciones a la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), a la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), así como a varios jugadores y oficiales. En los hechos, la filosofía del veredicto interroga: indulgencia manifiesta hacia los principales actores del caos del lado senegalés, rigor extremo contra Marruecos, país anfitrión.
Sobre el papel, la lista de sanciones dirigidas a la FSF puede parecer pesada. El entrenador Pape Bouna Thiaw está suspendido por cinco partidos oficiales de la CAF, y con una multa de 100.000 dólares. Los dos jugadores, Iliman Ndiaye e Ismaïla Sarr, reciben cada uno dos partidos de suspensión por comportamiento antideportivo hacia el árbitro. La federación senegalesa es igualmente condenada a multas acumuladas de 615.000 dólares, especialmente por el comportamiento de sus seguidores y de su cuerpo técnico.
Pero más allá de las cifras, una cuestión central permanece: ¿dónde ha quedado la calificación jurídica de la retirada del equipo senegalés y de la interrupción del partido?
La decisión de la CAF evita cuidadosamente decidir sobre el punto más grave: el rechazo a reanudar el juego, a pesar de estar en el corazón del debate y explícitamente enmarcado por los reglamentos de la competición. Ninguna mención clara de un abandono, ninguna aplicación directa de los artículos más rigurosos del reglamento. El fondo del problema ha sido esquivado.
Claramente, Senegal es sancionado por comportamientos periféricos (actitudes antideportivas, gestos fuera de lugar, disturbios de los aficionados) pero no por el acto que originó el caos: la salida de los jugadores, la interrupción del partido y la presión ejercida sobre el árbitro y las instancias. Una lectura que muchos juzgarán una lectura que muchos juzgarán indulgente, incluso permisiva.
Por el contrario, la parte marroquí de la decisión deja un sabor amargo. La FRMF y varios protagonistas de la selección nacional son sancionados con una severidad que sorprende, teniendo en cuenta el contexto y el papel de Marruecos en esta final.
Achraf Hakimi recibe dos partidos de suspensión, uno de ellos condicional, por comportamiento antideportivo. Ismaël Saibari es suspendido por tres partidos y condenado a una multa de 100.000 dólares. A la FRMF, por su parte, se le impone una serie de multas: 200.000 dólares por el comportamiento de los recogepelotas, 100.000 dólares por la intrusión de jugadores y miembros del staff en la zona del VAR, y 15.000 dólares por el uso de láseres por parte de los aficionados.
Es precisamente esta acumulación lo que plantea un problema. Marruecos, país organizador, se encuentra sancionado no sólo por hechos del partido, sino también por elementos periféricos, a veces difíciles de controlar, sobre todo tras el caos provocado por la selección senegalesa. La responsabilidad colectiva se extiende al extremo, hasta el punto de dar la sensación de que la instancia disciplinaria ha querido «equilibrar» políticamente su veredicto, incluso a costa de forzar la mano.
El centrocampista marroquí nº17 Abde Ezzalzouli, el defensa senegalés nº24 Antoine Mendy y el centrocampista marroquí nº11 Ismael Saibari disputan un balón durante el partido de la final de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Senegal y Marruecos, en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, el 18 de enero de 2026. (Foto de Paul ELLIS / AFP). AFP
Otro punto sensible: el rechazo puro y simple de la reclamación presentada por la FRMF, que invocaba violaciones de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN por parte de la FSF. Una vez más, la CAF elige el camino más corto. Sin debate público, sin motivación detallada, sin una explicación profunda sobre las razones del rechazo.
Estas decisiones alimentarán ciertamente el malestar. Porque una final de la CAN interrumpida, jugadores abandonando el césped, gradas invadidas y un partido suspendido ante los ojos del presidente de la FIFA constituyen un precedente mayor. Y este precedente no ha sido tratado a la altura de su gravedad.
