En un artículo anterior, ya habíamos planteado la cuestión de la legalidad de esta práctica que se ha vuelto recurrente. El hecho es claro: los días 1 y 15 de cada mes, los precios de los carburantes cambian simultáneamente en todos los distribuidores en Marruecos. Es más, dentro de una misma zona geográfica, los operadores muestran tarifas prácticamente idénticas.
Esta convergencia de precios, que puede dar la impresión de un acuerdo entre empresas, no está prohibida por la ley, según había indicado el Consejo de la Competencia. Este ritmo quincenal «corresponde más o menos al ciclo de aprovisionamiento: todos reciben los mismos cargamentos, por lo que cambian los precios al mismo tiempo».
A ello se suma una práctica antigua, heredada del periodo anterior a la liberalización del sector, que los operadores simplemente han mantenido desde entonces.
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Ya en 2022, en un informe dedicado a la distribución de carburantes, el Consejo de la Competencia señalaba que las modalidades de fijación de precios no habían evolucionado realmente desde la liberalización, manteniendo este ritmo quincenal.
Una «anomalía» en un mercado liberalizado
Sin embargo, esta sincronización plantea problemas en un mercado que, en teoría, debería ser libre. «En un sistema totalmente liberalizado, los precios no se fijan al mismo tiempo por todos los operadores», insiste el presidente del Consejo de la Competencia en declaraciones a Le360, calificándolo de auténtica anomalía.
Hasta hace poco, esta situación no se consideraba preocupante, debido a una relativa estabilidad de los precios. Pero con las fluctuaciones cada vez más frecuentes a nivel internacional, mantener esta regla resulta cada vez menos pertinente.
No hay pacto, pero sí una práctica que debe cambiar
El Consejo, no obstante, quiere aclarar un punto esencial: esta sincronización no constituye, por ahora, un acuerdo ilícito. «No lo consideramos un pacto», afirma Ahmed Rahhou.
Se trata más bien de una práctica consolidada que, sin embargo, genera una percepción de coordinación en el mercado, algo que el regulador considera problemático y que quiere ver desaparecer.
El mensaje a los operadores es claro: ha llegado el momento de abandonar esta periodicidad fija. Sin imponer un modelo concreto, el Consejo invita a cada actor a definir su propia política de precios, en función de sus costes, sus existencias y su estrategia.
«La fijación de precios es un cálculo interno de cada empresa», recuerda Ahmed Rahhou. El Consejo no tiene ni la función ni la capacidad de imponer una frecuencia, ya sea semanal, diaria u otra.
Menos estabilidad, pero más competencia
La regla de los quince días tenía una ventaja: garantizaba cierta previsibilidad para los consumidores, que sabían que los precios se mantendrían estables durante un periodo determinado.
Pero esa estabilidad podría dar paso a un mercado más dinámico. Al dejar actuar libremente a los operadores, el Consejo considera que la competencia se activaría plenamente.
Las bajadas de precios serían más rápidas, ya que los distribuidores se alinearían para no perder clientes. Las subidas, en cambio, serían más lentas, al mostrarse cada operador reticente a subir sus tarifas en solitario.
«La libertad total tiende a retrasar las subidas y a acelerar las bajadas», señala Ahmed Rahhou, quien ve en ello una ventaja directa para el consumidor.
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Incluso con estrategias diferenciadas, cierto alineamiento de precios podría mantenerse. En un mercado transparente, donde los precios están visibles en todas las estaciones, los operadores vigilan de cerca a sus competidores.
Pero esta convergencia ya no respondería a una regla común, sino a reacciones comerciales habituales, como evitar vender más caro que el vecino o ajustar rápidamente los precios en caso de bajada.
De hecho, podrían aparecer diferencias según las zonas geográficas, con estaciones que se alinean sobre todo a escala local.
El Consejo de la Competencia adopta un enfoque prudente. Consciente de que cambios demasiado bruscos podrían desestabilizar el mercado, apuesta por una transición progresiva y por la «buena voluntad» de los operadores.
Estos han sido invitados a reflexionar sobre sus propios mecanismos de fijación de precios y a presentar sus propuestas al regulador.
Pero si todos los operadores optan por mantener colectivamente la regla de los quince días, el Consejo podría plantearse «otros medios» para hacer evolucionar las prácticas.
