¿Se encamina Marruecos hacia el fin del monopolio de los farmacéuticos? Es, al menos, la impresión que se desprende de los recientes intercambios entre el Conseil de la concurrence y los representantes del sector. Entre las recomendaciones más controvertidas figura la autorización para que inversores no farmacéuticos puedan adquirir participaciones en las oficinas de farmacia, una medida que recuerda a la apertura del capital de las clínicas privadas a inversores no médicos.
En su análisis presentado a los profesionales, del que Le360 posee copia, el Consejo expone varios argumentos a favor de esta evolución, al tiempo que subraya los riesgos potenciales y las salvaguardas necesarias para preservar el equilibrio del sistema de farmacias. Según la institución, la apertura del capital podría mejorar el servicio farmacéutico mediante una mayor continuidad en la atención, una gestión más racional de los horarios y una rotación planificada del personal.
Asimismo, permitiría reforzar la disponibilidad de medicamentos gracias a la centralización de compras y existencias, el uso de herramientas de previsión de la demanda y una mejor accesibilidad a especialidades costosas, a menudo difíciles de mantener en pequeñas farmacias. Esta reforma también podría reducir las desigualdades territoriales en el acceso a los medicamentos, garantizando un servicio continuo en zonas vulnerables e instaurando mecanismos de compensación territorial.
El Consejo cita como ejemplo el Reino Unido, donde redes estructuradas como Boots, Lloyds Pharmacy o Well Pharmacy aseguran un servicio continuo gracias a una organización eficiente de los equipos y a horarios ampliados.
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El Conseil de la concurrence reconoce, no obstante, que la apertura del capital entraña riesgos económicos y estructurales. Podría provocar una concentración excesiva, con la aparición de cadenas dominantes, fenómenos de integración vertical y conflictos de intereses susceptibles de debilitar a las farmacias independientes. También podrían surgir desequilibrios territoriales, con una sobreconcentración en las zonas urbanas y una progresiva desertificación en las áreas rurales.
La cuestión de la independencia profesional del farmacéutico sigue siendo central. El Consejo subraya que la presencia de accionistas o inversores podría situar a algunos profesionales bajo la autoridad económica de terceros, con el consiguiente riesgo de mercantilización del medicamento y un posible debilitamiento de la misión sanitaria de las oficinas de farmacia, especialmente en lo que respecta al asesoramiento, la prevención y la continuidad asistencial.
Con el fin de encuadrar esta apertura, el consejo recomienda la implantación de salvaguardas rigurosas. La protección de la independencia profesional del farmacéutico se considera esencial, en particular mediante un reconocimiento jurídico reforzado del farmacéutico responsable como autoridad sanitaria autónoma y una protección explícita frente a cualquier injerencia económica en las decisiones profesionales, terapéuticas y deontológicas. Se menciona como referencia regulatoria el ejemplo de la apertura controlada del capital de las clínicas a inversores no médicos, manteniendo al mismo tiempo la dirección médica bajo la responsabilidad de un facultativo colegiado.
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Para prevenir los riesgos de concentración económica, el Consejo cita el modelo de Portugal, donde el número de oficinas por operador está limitado a cuatro, así como el de Italia, donde un mismo grupo no puede controlar más del 20% de las farmacias en una región. También recomienda prohibir la participación en el capital de determinados actores económicos de peso, como los laboratorios, los prescriptores, las clínicas, los grupos sanitarios, las aseguradoras o la gran distribución, con la excepción de los mayoristas distribuidores. Asimismo, propone establecer umbrales específicos de control de concentraciones, similares a los existentes en sectores sensibles en Francia.
El Consejo insiste igualmente en preservar el papel sanitario de la oficina de farmacia, lo que pasa por el reconocimiento jurídico y la valorización del acto farmacéutico, así como por la ampliación de las misiones de las farmacias, incluyendo la vacunación, la prevención, el seguimiento terapéutico y el acompañamiento de enfermedades crónicas. La protección de las farmacias independientes constituye otro objetivo prioritario. Ello implicaría fijar límites de concentración que restrinjan el número de oficinas y la cuota de mercado por grupo, a fin de evitar posiciones dominantes y la expulsión de estructuras independientes. El fomento de fórmulas cooperativas entre farmacéuticos permitiría mutualizar compras, servicios, formación y digitalización, preservando al mismo tiempo la independencia del capital y profesional. También se contemplarían apoyos específicos para las estructuras más frágiles, especialmente en zonas rurales o con escasa cobertura.
El equilibrio territorial en el acceso a los medicamentos sigue siendo un desafío central. Se recomienda mantener el criterio de distancia mínima para la implantación de nuevas oficinas, fijado en 300 metros en línea recta, así como introducir criterios demográficos y geográficos que tengan en cuenta la densidad de población, las necesidades sanitarias y la accesibilidad. Asimismo, podrían establecerse incentivos para la instalación en zonas insuficientemente atendidas, mediante ayudas financieras, exenciones fiscales o mecanismos de compensación económica, en el marco de un servicio farmacéutico universal basado en un fondo sectorial de solidaridad y en una contribución proporcional de los actores, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y la cohesión territorial.
Estos argumentos, sin embargo, no logran convencer a los farmacéuticos. A través de sus representaciones sindicales, incluida la vinculada al partido políticco Istiqlal, miembro de la mayoría gubernamental, han expresado un rechazo firme al dictamen del Conseil de la concurrence.
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En un comunicado difundido el miércoles tras la reunión de su Consejo Nacional, la Confédération des Syndicats des Pharmaciens du Maroc (CSPM) denunció una orientación «al servicio de intereses corporativos estrechos y de lobbies financieros al acecho del sector del medicamento, en detrimento del farmacéutico ciudadano y de la seguridad farmacéutica nacional». El texto subraya que la farmacia no es un simple proyecto comercial, sino un servicio de salud sometido a consideraciones éticas, profesionales y jurídicas. Cualquier atentado contra la independencia del farmacéutico constituye, según la CSPM, un ataque directo a la salud del ciudadano y a la integridad del sistema nacional de salud. El Consejo Nacional se declara dispuesto a emprender un programa de protestas ilimitado, que incluiría la convocatoria de una huelga general con el cierre de todas las farmacias, así como todas las formas legítimas de movilización previstas por la Constitución y la ley, hasta la retirada de las recomendaciones consideradas injustas.
Por su parte, la Association des Pharmaciens Istiqlaliens también ha expresado una profunda preocupación ante los recientes acontecimientos relativos al futuro del ejercicio farmacéutico en Marruecos. En su comunicado, rechaza cualquier reforma que pueda comprometer la independencia profesional de los farmacéuticos, el equilibrio territorial de la red farmacéutica nacional, la seguridad sanitaria y farmacológica de los ciudadanos, así como el papel social de las farmacias como establecimientos sanitarios de proximidad. Según la asociación, la apertura del capital a inversores o la autorización de cadenas comerciales transformaría al farmacéutico en un mero ejecutor de políticas comerciales, poniendo en riesgo la calidad de los servicios de salud y la credibilidad del sistema farmacéutico nacional. Añade además que un gran número de farmacéuticos ya soporta una presión económica creciente derivada de las transformaciones urbanas y de las limitaciones financieras. Cualquier liberalización no controlada representaría, advierte, «un riesgo mayor que podría provocar la desaparición de las farmacias independientes y comprometer el acceso equitativo a los medicamentos, especialmente en las zonas vulnerables».
