Confrontada a una serie de shocks exógenos —crisis financiera de 2008, primavera árabe, pandemia de Covid-19—, la política presupuestaria de Marruecos ha navegado entre el apoyo expansivo a la actividad y episodios de consolidación impuestos por las restricciones macroeconómicas. Esta es una de las principales conclusiones del capítulo del Oxford Handbook of the Moroccan Economy, publicado por Oxford University Press bajo la dirección de Karim El Aynaoui, presidente ejecutivo del Policy Center for the New South, y Arkebe Oqubay, profesor en la SOAS University of London.
El capítulo, firmado por los economistas Idriss El Abbassi, Saïd Tounsi y Aziz Ragbi, fue presentado el 9 de abril de 2026 en una conferencia organizada por el Policy Center for the New South en su sede del campus de la Universidad Mohammed VI Politécnica (UM6P) en Rabat.
A través de un análisis de 65 años de finanzas públicas, los autores examinan las rigideces estructurales, la persistencia de la prociclicidad y la aparición de mecanismos de financiación no convencionales.
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El estudio identifica tres etapas en la evolución de la política fiscal marroquí desde la independencia.
La primera, denominada «preajuste», se caracteriza por un fuerte intervencionismo. Entre 1974 y 1977, la inversión pública se multiplicó por 3,4, los salarios de los funcionarios aumentaron un 26% y el Estado subvencionó productos básicos. Sin embargo, el shock petrolero provocó un fuerte deterioro, con un déficit que alcanzó el 12,6% del PIB en 1982, llevando al país a un elevado endeudamiento externo.
La segunda fase coincide con el periodo de ajuste estructural (1983-1992), impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se tradujo en recortes del gasto de inversión, racionalización del gasto corriente y modernización del sistema fiscal. Posteriormente, la ley orgánica de finanzas de 2015 introdujo la lógica de presupuestación por resultados.
La tercera fase, tras la crisis financiera global (2009-2019), se caracteriza por un giro hacia políticas contracíclicas, con el Estado apoyando la actividad mediante el gasto público. Las tensiones sociales derivadas de la primavera árabe en 2011 impulsaron nuevas reformas, incluida la Constitución de 2011, que consagra el principio de legalidad fiscal.
Una base fiscal estrecha
El análisis identifica tres rasgos principales de las finanzas públicas marroquíes.
El primero es la persistencia de los déficits. Entre 1993 y 2008 se mantuvieron en torno al 3% del PIB, pero aumentaron hasta el 6,3% en 2012. Posteriormente, la pandemia provocó un fuerte deterioro en 2020, seguido de una recuperación desde 2021.
El segundo es la concentración de la presión fiscal en tres grupos: consumidores (a través del IVA, que representa el 40% de los ingresos fiscales), asalariados (impuesto sobre la renta) y un reducido número de empresas. Cerca del 80% de los contribuyentes del IR solo aportan el 1,6% de la recaudación. El IVA, con un tipo efectivo del 4,9% frente a un nivel óptimo estimado del 6,6%, ofrece margen de mejora.
El tercer rasgo es la rigidez del gasto corriente, especialmente por el peso de la masa salarial y de las subvenciones. La reforma iniciada en 2013 busca reducir estas últimas hasta el 3% de los ingresos fiscales en 2026, frente al 11,2% previo.
Uno de los principales hallazgos es el carácter procíclico de la política fiscal. Los autores, basándose en modelos empíricos para el periodo 2000-2024, muestran que el gasto público total está positivamente correlacionado con el ciclo económico.
El gasto de inversión es el más afectado, especialmente entre 2020 y 2024. En periodos de expansión, el gasto aumenta un 10% de media, frente al 9% en recesión. En cambio, el gasto corriente se mantiene estable.
El saldo estructural también confirma esta tendencia, deteriorándose hasta el 5% del PIB potencial entre 2020 y 2024. «Esta prociclicidad limita la eficacia de la política fiscal como instrumento de estabilización», subraya Idriss El Abbassi.
Una deuda considerada sostenible
Los autores consideran que la deuda pública marroquí es sostenible, pese a alcanzar el 72,2% del PIB en 2020 (69,5% en 2023). El umbral máximo estimado se sitúa en el 74,8%.
Esta resiliencia se explica por varios factores: baja proporción de deuda en divisas (25%), una madurez media de nueve años y una sólida base de inversores institucionales nacionales.
«La deuda es sostenible, pero depende de la evolución futura del crecimiento y de la política fiscal», advierte El Abbassi, insistiendo en la necesidad de prudencia ante el volumen de inversiones actuales.
El estudio señala la existencia de margen presupuestario potencial, lo que permitiría aumentar ingresos sin perjudicar el crecimiento, siempre que se mejore la eficiencia del sistema fiscal.
Las reformas necesarias incluyen la ampliación de la base impositiva, la reducción de exenciones fiscales y una mejor gobernanza.
Según la estimación de la curva de Laffer, un aumento de 1,7 puntos en el tipo efectivo global permitiría generar 56.100 millones de dirhams adicionales (4,9% del PIB).
En términos de gasto, Marruecos presenta una eficiencia media del 63%, por debajo del 71% de otros países emergentes.
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Ante los límites de los recursos tradicionales, Marruecos ha recurrido a instrumentos innovadores.
Las asociaciones público-privadas han financiado proyectos como la línea de alta velocidad Tánger-Casablanca. Asimismo, la valorización de activos públicos ha generado más de 107.200 millones de dirhams entre 2019 y 2024.
El país también explora bonos temáticos (verdes, sociales), en un contexto en el que las necesidades globales de inversión sostenible ascienden a 6,8 billones de dólares anuales según la OCDE.
La necesidad de reformas profundas
No obstante, estos mecanismos son complejos y requieren una gobernanza rigurosa. «La financiación innovadora es una oportunidad, pero su eficacia depende de la calidad institucional», señala El Abbassi.
El estudio concluye que la política fiscal marroquí presenta limitaciones como herramienta de estabilización y transformación estructural.
Para superarlas, será necesario avanzar hacia un marco más coherente y eficaz, capaz de conciliar estabilidad macroeconómica, equidad social y sostenibilidad financiera, mediante reformas estructurales profundas y una mejora de la gobernanza pública.
