España se prepara para poner en marcha uno de los procesos de regularización de migrantes más relevantes de los últimos años. El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros un real decreto que permitirá a las personas en situación irregular solicitar su regularización, en un procedimiento que arrancará oficialmente el 16 de abril por vía telemática, informa EFE.
Ese mismo día se abrirá también la posibilidad de pedir cita previa para la atención presencial, aunque no será hasta el 20 de abril cuando los solicitantes puedan acudir físicamente a formalizar su petición. El plazo estará abierto hasta el 30 de junio, con el objetivo de resolver todas las solicitudes en un periodo de dos meses y medio.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la medida como un avance en derechos, subrayando que contribuye a hacer de España «un país mejor, que reconoce derechos en lugar de recortarlos».
Requisitos claros y procedimiento centralizado
Para beneficiarse de esta regularización, los solicitantes deberán encontrarse en situación irregular, acreditar su presencia en España antes del 1 de enero de 2026 y demostrar al menos cinco meses de residencia continuada en el país.
El proceso estará gestionado por la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, con sede en Vigo, aunque se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos en todo el territorio para facilitar la presentación de solicitudes.
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La medida tiene un impacto particular en la comunidad marroquí, una de las más numerosas en España. Miles de ciudadanos marroquíes que actualmente viven sin papeles podrían acogerse a este proceso, lo que supondría un cambio decisivo en su acceso al empleo formal, la protección social y la estabilidad jurídica.
En un contexto de relaciones económicas y humanas cada vez más estrechas entre Marruecos y España, esta regularización también se interpreta como un paso adicional hacia una mejor integración de una comunidad clave en sectores como la agricultura, la construcción o los servicios.
Exclusiones y ajustes de última hora
El texto definitivo introduce algunas modificaciones respecto a los borradores iniciales. Entre ellas, la exclusión de los solicitantes de asilo o de estatuto de apátrida, al considerar el Ejecutivo que estos ya cuentan con mecanismos específicos de protección.
Tampoco podrán acogerse los ciudadanos ucranianos desplazados por la guerra, ya que están amparados por el régimen de protección temporal activado por la Unión Europea.
Otra de las cuestiones revisadas tras el dictamen del Consejo de Estado es la relativa a los antecedentes penales. El órgano consultivo cuestionó la posibilidad de sustituir ciertos certificados por una declaración responsable del solicitante, al considerar que podría debilitar las garantías del proceso.
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El origen de esta regularización se remonta a una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 600.000 firmas, que puso sobre la mesa la necesidad de dar una respuesta estructural a la situación de cientos de miles de migrantes en España.
Tras meses de debate político y ajustes técnicos, el Gobierno apuesta ahora por una medida que, según el propio Consejo de Estado, tiene un claro potencial integrador y beneficios para el conjunto de la sociedad.
Para miles de personas, el inicio del proceso el próximo 16 de abril marca el comienzo de una nueva etapa.
