La reciente operación conjunta que permitió desmantelar una célula vinculada al Estado Islámico activa entre Marruecos y España vuelve a poner de relieve la solidez de la cooperación bilateral en materia antiterrorista. Un dispositivo que, en apenas una década, ha permitido anticiparse a amenazas y neutralizar redes con capacidad de actuación en ambos lados del Estrecho.
Según datos facilitados a la agencia EFE por la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ), el órgano antiterrorista marroquí, esta colaboración con la Comisaría General de Información de la Policía Nacional española ha llevado a la desarticulación de más de 30 células desde 2015, con un total de 153 detenidos, de los cuales 84 fueron arrestados en España y 69 en Marruecos .
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La última operación, llevada a cabo el pasado 25 de marzo, ilustra el nivel de coordinación alcanzado. La intervención se saldó con la detención de dos sospechosos en Tánger y del presunto cabecilla en Mallorca, en una acción simultánea entre los servicios de seguridad de ambos países. Según las autoridades, la célula estaba implicada en la financiación y el apoyo logístico a combatientes del Estado Islámico en Somalia, además de preparar un posible atentado en territorio español.
Las investigaciones han permitido perfilar a los detenidos, de entre 35 y 43 años. Los arrestados en Marruecos habrían seguido procesos de radicalización a través de propaganda yihadista, mientras que el líder del grupo, considerado el elemento más peligroso, se encargaba de planificar acciones y canalizar fondos hacia redes vinculadas a combatientes en el extranjero.
Más allá de esta operación, los servicios de seguridad destacan el carácter estructural de la cooperación entre ambos países. El intercambio constante de información sobre células, combatientes extranjeros o individuos radicalizados —incluidos los llamados «lobos solitarios»— ha permitido actuar de forma preventiva y desarticular redes antes de que pudieran ejecutar ataques.
Entre los casos más relevantes, las autoridades marroquíes citan operaciones que evitaron atentados de gran envergadura, como la desarticulación en 2017 de una célula afín al Estado Islámico con ramificaciones en Marruecos y Melilla, o una red detectada en 2019 que planeaba fabricar explosivos para atacar objetivos en ambos países. Más recientemente, en 2024, otra operación permitió neutralizar un grupo de nueve individuos repartidos entre el norte de Marruecos y varias ciudades españolas.
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El perfil de los detenidos confirma además el carácter transnacional de la amenaza, con implicados de distintas nacionalidades. Según el BCIJ, el principal riesgo procedente de España no radica tanto en combatientes desplazados como en las redes de apoyo dedicadas a la financiación y al reclutamiento.
En paralelo, Marruecos estima que más de un centenar de sus nacionales siguen presentes en zonas de conflicto como el Sahel o Somalia, lo que refuerza la necesidad de mantener una vigilancia estrecha y una cooperación sostenida.
Para las autoridades de ambos países, esta colaboración ha evolucionado hacia una «asociación permanente basada en la confianza mutua», que va más allá de la coordinación puntual. Un modelo que combina intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas y seguimiento de flujos financieros, y que se ha convertido en una pieza clave en la lucha contra el terrorismo en el ámbito euro-mediterráneo.
