El Sáhara marroquí y las confusiones de Ana Palacio (II)

Ana Palacio.

El 17/11/2026 a las 16h45

ColumnaEn la primera entrega de esta crónica, nos propusimos cuestionar la interpretación que la exministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, hace de la posición marroquí a raíz de los últimos acontecimientos en el Consejo de Seguridad en torno a la cuestión del Sáhara. Le señalamos tres confusiones de fondo: equiparar la satisfacción diplomática con el triunfalismo, interpretar el cálculo estratégico como una reacción emocional y asimilar el cuestionamiento de la continuidad de la MINURSO a un rechazo del multilateralismo. En esta segunda entrega nos detendremos en otra de las confusiones sobre las que se construye el argumento de Palacio, la que lleva a reducir la defensa de la integridad territorial de Marruecos a la legitimación de su monarquía. A partir de ahí, nos proponemos examinar aquello que el artículo de opinión publicado por Palacio en El Mundo el 7 de noviembre silencia y deja al margen de su análisis, pese a que resulta indispensable para comprender el verdadero alcance político y estratégico de los últimos acontecimientos.

Confundir integridad territorial y legitimación del régimen

Quizá sea este el aspecto más revelador y políticamente más delicado de su artículo. Al afirmar que la cuestión del Sáhara constituye “un elemento fundamental de la legitimación de la monarquía marroquí desde Hassan II”, Palacio desplaza el debate desde el derecho de Marruecos a defender su integridad territorial hacia una explicación arbitraria centrada en las necesidades de legitimación del régimen, como si este último carecería de legitimidad.

La consecuencia implícita es significativa: la reivindicación marroquí deja de ser examinada principalmente como causa nacional prioritaria: una cuestión de integridad territorial, de unanimidad nacional y construcción histórica del Estado, para convertirse en un instrumento de reproducción de la legitimidad monárquica.

Esta grotesca interpretación se aproxima a uno de los argumentos recurrentes del discurso separatista argelino: presentar la cuestión del Sáhara no como un verdadero conflicto geopolítico regional, sino como una construcción política destinada a reforzar la legitimidad del Majzén. El principal problema de semejante interpretación reproducida por la ex jefa de la diplomacia española, es que reduce considerablemente la profundidad histórica y la pluralidad de los fundamentos de legitimidad de la monarquía marroquí. Estos son anteriores al conflicto del Sáhara y hunden sus raíces en una trayectoria histórica, dinástica, religiosa y política, estrechamente vinculada a la continuidad del Estado marroquí y a la propia construcción de su identidad nacional. No nacen con Hassan II ni pueden quedar reducidos a una cuestión territorial, por importante que esta sea en la conciencia colectiva del país.

Por consiguiente, una cosa es reconocer la dimensión central que la cuestión del Sáhara ha adquirido en el discurso político de las fuerzas vivas de la sociedad marroquí, como expresión de una reivindicación nacional de integridad territorial, y otra muy distinta es reducir esa reivindicación a un instrumento de legitimación del régimen político. Esta lectura resulta aún más discutible cuando se considera la evolución de la monarquía durante el reinado de Mohammed VI, período en el que ha alcanzado niveles inéditos de arraigo y popularidad en la sociedad marroquí. Atribuir, por tanto, la persistencia de la cuestión del Sahara a una supuesta necesidad de legitimación monárquica supone invertir los términos del análisis: no es la reivindicación territorial la que explica por sí sola la legitimidad de la monarquía, sino que esta última dispone de fundamentos históricos y políticos propios que trascienden ampliamente el conflicto del Sáhara.

La principal debilidad metodológica del artículo de Ana Palacio reside, a mi juicio, en que la autora interpreta la reacción marroquí sin conceder al comunicado del Gabinete Real del 30 de octubre el lugar que debería ocupar en cualquier análisis riguroso de la posición oficial de Rabat. Ese documento no es un simple comunicado de satisfacción. Contiene una lectura política del acontecimiento y, sobre todo, una propuesta de cambio de enfoque, que consiste en pasar de la gestión de un conflicto a la transformación profunda de sus parámetros.

Hay una diferencia sustancial entre ambas cosas. Mientras Palacio interpreta la reacción marroquí desde la lógica de una victoria jurídica que no llegó a materializarse, el comunicado real sitúa el acontecimiento en una perspectiva estratégica diferente: la oportunidad de romper con un ciclo institucional de 35 años y modificar las condiciones de tratamiento del expediente.

Se trata de un texto de comunicación estratégica que constituye una fuente primaria indispensable para comprender la posición marroquí, y su omisión debilita la interpretación que la autora construye sobre Rabat.

Ana Palacio dejo de lado este texto de referencia para construir una interpretación de las intenciones de Marruecos, que no contrasta suficientemente con su comunicación oficial y que termina desplazando el debate del derecho a la integridad territorial hacia la legitimación del régimen. Al hacerlo, confunde la crítica a un mecanismo institucional con el rechazo del multilateralismo, la satisfacción por una ruptura institucional con la proclamación de una victoria jurídica y la dimensión nacional de la cuestión del Sáhara con una supuesta necesidad de legitimación de la monarquía.

Lo que el análisis de Palacio deja en silencio

Hay, sin embargo, una cuestión de mayor calado que la crítica de Palacio a las supuestas intenciones de Marruecos, todo aquello que su análisis omite y relega a un segundo plano. Mientras la autora expone sus convicciones sobre el orden internacional, la autoridad del derecho y la preservación de los mecanismos multilaterales, apenas se detiene en las consecuencias humanas y políticas de treinta y cinco años de inmovilismo y bloqueo. Y es precisamente en aquello que Palacio silencia y deja fuera de su análisis; donde se manifiesta uno de los límites más flagrantes de su argumentación y donde nuestra crítica debe ir más allá.

El primer silencio es sobre el sufrimiento humano. En su examen de las intenciones de Rabat no aparece prácticamente ninguna consideración sobre la suerte de las generaciones de saharauis que llevan décadas retenidos en los campamentos de Tinduf, en condiciones de vida infrahumanas, dependiendo de la ayuda humanitaria y sin una perspectiva clara de solución política. Más de medio siglo después del inicio del conflicto, varias generaciones han nacido, crecido y vivido en el exilio perpetuo. No debería constituir esta realidad humana una preocupación central de cualquier reflexión que pretenda defender el derecho internacional y la protección de los retenidos en los campamentos de Argelia? La cuestión no es solamente quién tiene razón en el enfrentamiento diplomático, sino también cuánto tiempo más puede prolongarse una situación que mantiene a miles de personas sin una perspectiva de futuro.

El segundo silencio concierne la responsabilidad política de Argelia. Palacio somete a un examen minucioso las supuestas intenciones de Marruecos, pero no dedica una atención equivalente al papel de Argelia, cuyo apoyo político, diplomático y material al frente polisario constituye una dimensión ineludible del conflicto. Argelia sostiene oficialmente que no es parte del conflicto, sino un país vecino que defiende el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, su implicación en el expediente y su respaldo al proyecto separatista forman parte de la realidad política que cualquier análisis del conflicto debería examinar. Cabe plantear, además, una cuestión de fondo: hasta qué punto la persistencia de una estrategia separatista, presentada durante décadas como una perspectiva alcanzable, ha contribuido a alimentar expectativas cuya materialización no se ha producido? No merece también ser examinada la responsabilidad de quienes han mantenido viva esa expectativa política engañosa?

Nada de esto parece suscitar en la analista y ex diplomática española tanta preocupación como el supuesto triunfalismo precipitado de Marruecos, su imaginaria renuncia al multilateralismo y la pretendida necesidad de reforzar la legitimidad de su monarquía. Esa desproporción en el enfoque no es un detalle menor, revela una jerarquía de preocupaciones en la que Marruecos parece ser juzgado, ante todo, por las intenciones que se le atribuyen, mientras que Argelia queda completamente fuera del análisis, pese a sus actuaciones y a las responsabilidades que le corresponden en la prolongación del conflicto.

«El propio sistema de Naciones Unidas reconoce la inaplicabilidad de tal referéndum, por tanto, como puede considerarse satisfactorio un dispositivo internacional que, después de tres décadas y media, no ha conseguido materializar el objetivo político que justificó su creación?»

—  Mohamed Benabdelkader

El tercer silencio afecta el balance de la MINURSO. Resulta igualmente llamativo que Palacio defienda la preservación de los mecanismos multilaterales sin detenerse suficientemente en el balance de la misión que pretende defender. Creada en 1991 con el objetivo fundamental de organizar un referéndum de autodeterminación, la MINURSO no ha conseguido celebrar esa consulta en sus 35 años de existencia. El propio sistema de Naciones Unidas reconoce la inaplicabilidad de tal referéndum, por tanto, como puede considerarse satisfactorio un dispositivo internacional que, después de tres décadas y media, no ha conseguido materializar el objetivo político que justificó su creación? Defender su continuidad por razones de coherencia institucional no debería eximir de evaluar su eficacia, sus limitaciones y el coste político y humano de la prolongación del statu quo. Aquí aparece una contradicción en el razonamiento de Palacio: reconoce que la renovación anual de la MINURSO se ha convertido en una rutina diplomática, pero considera que cuestionar esa rutina constituye una amenaza al orden multilateral!

En definitiva, el artículo de Ana Palacio parece conceder más espacio al examen de las supuestas intenciones de Marruecos que a la evaluación de las consecuencias de 35 años de inmovilismo internacional. Sus convicciones sobre el orden mundial, el derecho internacional y el multilateralismo, son legítimas como punto de partida intelectual, pero una concepción del orden internacional no puede convertirse en un fin en sí mismo, desvinculado de los resultados que producen sus instituciones.

El derecho internacional no debería servir únicamente para preservar la continuidad de los procedimientos, sino también para preguntarse por su eficacia, por las responsabilidades de los actores implicados y, sobre todo, por las personas que soportan las consecuencias de su fracaso.

Por tanto, la crítica de Palacio plantea un problema de enfoque, mientras somete a juicio las motivaciones de Marruecos, deja relativamente al margen tres cuestiones esenciales: el prolongado sufrimiento de la población refugiada en Tinduf, la responsabilidad de Argelia en la perpetuación del conflicto y el balance manifiestamente insuficiente de la MINURSO respecto a su mandato original.

En nombre del multilateralismo

No basta con defender la arquitectura institucional del multilateralismo, también hay que preguntarse a quién ha servido, qué resultados ha producido y quién ha pagado el precio de su prolongada ineficacia. En el fondo, el artículo de Ana Palacio refleja una visión formalista del multilateralismo y cierto conservadurismo burocrático en su concepción de la función de Naciones Unidas. Una visión que parece conceder mayor importancia a la preservación de los mecanismos institucionales que a la evaluación de sus resultados, y que termina confundiendo la continuidad de los procedimientos con la eficacia de la acción internacional.

Ana Palacio, en su principal inconsistencia argumentativa, parece preocuparse más por la suerte de los mecanismos institucionales que por la suerte de las personas a las que esos mecanismos debían ofrecer una solución. El multilateralismo, por tanto, no puede convertirse en una especie de culto a los procedimientos, ni Naciones Unidas en una institución cuya legitimidad dependa de la perpetuación indefinida de sus propios dispositivos.

La razón de ser de las instituciones internacionales no es su propia supervivencia burocrática, sino su capacidad para contribuir a resolver los conflictos, reducir el sufrimiento humano y ofrecer perspectivas políticas viables. Cuando los instrumentos dejan de responder a esos objetivos, cuestionarlos no significa necesariamente debilitar el multilateralismo, puede significar, por el contrario, reclamar su renovación.

Una insoportable ligereza

En los últimos días, Ana Palacio parece haberse concedido una libertad interpretativa difícil de justificar cuando se trata de Marruecos. Sus afirmaciones sobre las posiciones diplomáticas de Rabat se suceden con una insostenible ligereza. La más reciente llegó en una entrevista concedida a la cadena COPE el 14 de octubre, en la que, al analizar la crisis migratoria de Sebta, sostuvo que aquel episodio había «dejado al descubierto ante el mundo los severos desequilibrios internos y la pobreza extrema que afectan a miles de personas en el país vecino». Y, como si dispusiera de algún canal privilegiado de comunicación con Rabat, anunció acto seguido que «Marruecos es consciente de que esta violación de la soberanía española ha sido un error».

Más allá de preguntarse quién habrá susurrado al oído de la antigua ministra que Rabat se ha arrepentido de lo sucedido en Sebta, convendría detenerse en una cuestión bastante más elemental: en qué pruebas basa una afirmación que no solo atribuye a Marruecos un sentimiento de arrepentimiento, sino que da por sentada, sin molestarse en demostrarla, la propia admisión de culpabilidad que ese arrepentimiento presupone? Palacio no aporta declaraciones oficiales, documentos ni indicios verificables que respalden semejante conclusión. Le basta con enunciarla, como si la convicción personal pudiera sustituir a la evidencia.

El problema, por tanto, no es únicamente la ligereza con la que interpreta las posiciones marroquíes, sino la facilidad con la que transforma sus propias conjeturas en supuestas certezas sobre las intenciones de un Estado vecino. Y cabe preguntarse si esta insistencia en presentar a Marruecos bajo una luz tan desfavorable, responde exclusivamente a una lectura geopolítica -por discutible que sea - o si también se inscribe en un clima político interno en el que el discurso sobre el vecino del sur adquiere una particular rentabilidad. Máxime cuando los sondeos publicados en España apuntan a una clara ventaja de la derecha, al que siempre ha pertenecido.

Por Mohamed Benabdelkader
El 17/11/2026 a las 16h45