Ceuta: ¿quién tendrá la decencia de pedir perdón a Marruecos?

Lahcen Haddad.

Lahcen Haddad

El 17/11/2026 a las 11h00

ColumnaAcusar a un país de haber organizado una crisis migratoria es un acto grave. Atribuirle una operación hostil exige pruebas, especialmente cuando la acusación procede de responsables políticos, parlamentarios o periodistas. Las conclusiones de la inteligencia española plantean hoy una pregunta: ¿tendrán quienes acusaron a Marruecos el valor de rectificar y la decencia de pedir perdón al pueblo marroquí?

Según la información publicada por la prensa española, el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, no ha obtenido, hasta la fecha, pruebas que permitan afirmar que los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio en Ceuta fueran consecuencia de una acción instigada, planificada o coordinada por las autoridades marroquíes. Esta conclusión figura en un documento remitido a la magistrada María Tardón, encargada de la investigación en la Audiencia Nacional.

El CNI señala asimismo que la movilización surgió de llamamientos en redes sociales, sin un organizador único identificado ni vínculos establecidos entre las personas detectadas y el aparato del Estado marroquí. Sus investigaciones tampoco han permitido acreditar una operación concertada de organismos marroquíes destinada a perjudicar deliberadamente los intereses españoles. Estas conclusiones contrastan con las hipótesis de los investigadores del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, el Cenif.

«Si las investigaciones no permiten establecer una operación organizada por Marruecos, nadie puede seguir presentándola honestamente como un hecho probado. »

—  Lahcen Haddad

La precisión es fundamental: no estamos ante una sentencia que cierre el caso. La investigación judicial debe continuar. Pero esa prudencia obliga a todos. Si las investigaciones no permiten establecer una operación organizada por Marruecos, nadie puede seguir presentándola honestamente como un hecho probado. Una hipótesis policial no es una prueba definitiva; una convicción política, mucho menos.

Sin embargo, las palabras empleadas fueron graves. Responsables del Partido Popular acusaron a Rabat de consentir o alentar los acontecimientos. Representantes de Vox hablaron de chantaje y de guerra híbrida. Estas declaraciones alimentaron un relato en el que la responsabilidad marroquí se daba por cierta antes de demostrarla.

Esta inversión plantea un problema democrático. Es legítimo examinar los dispositivos fronterizos, los medios disponibles, la información intercambiada y los posibles fallos. También lo es exigir explicaciones al Gobierno español. Pero demostrar una insuficiencia operativa y acreditar una voluntad de agresión son ejercicios distintos. Pasar del primero al segundo requiere elementos concretos.

Fotografiar a responsables marroquíes sobre el terreno, identificarlos o comprobar que se comunican entre ellos no basta, por sí solo, para demostrar que organizaban una llegada masiva. La coordinación también puede responder a la gestión de una crisis. Corresponde precisamente a la investigación determinar lo ocurrido, sin convertir cada imagen en la confirmación de un escenario preconcebido.

La responsabilidad alcanza también a los medios. Quienes difundieron las acusaciones deben otorgar a las conclusiones del CNI una visibilidad comparable. Publicar los elementos favorables a una tesis y minimizar los que la debilitan compromete la confianza del público. Rectificar no humilla a una redacción: demuestra que sitúa los hechos por encima de su relato.

La misma exigencia corresponde a los activistas que convirtieron las sospechas en consignas. La libertad de expresión ampara la crítica, incluso severa. No exime de reconocer cuándo una afirmación carece de respaldo suficiente.

¿Qué deben hacer quienes acusaron? Primero, reconocer públicamente que no se han encontrado pruebas de la operación que presentaban como cierta. Después, retirar las acusaciones formuladas como hechos demostrados. Finalmente, pedir perdón a Marruecos y a los marroquíes. Los responsables públicos deben, además, responder ante la ciudadanía por sus declaraciones.

Esta exigencia no pretende silenciar a la oposición española ni situar a Marruecos por encima de la crítica. Recuerda una regla elemental: cuanto más grave sea una acusación, mayor debe ser el rigor con el que se verifica.

La amistad entre nuestros pueblos merece algo mejor que juicios de intenciones. Exige respeto recíproco y honestidad ante los hechos.

Las acusaciones fueron públicas. Las rectificaciones y las disculpas también deben serlo.

Por Lahcen Haddad
El 17/11/2026 a las 11h00