El tribunal de lo penal de Aïn Sebaâ dictó el miércoles su veredicto en el caso que implica a los dos promotores inmobiliarios del proyecto Casa Parc. Sadreddine Benhima y Hassan Benabdelali, hermanastros y dirigentes de la sociedad Treize-Huit, fueron condenados a ocho meses de prisión con suspensión, lo que supuso su puesta en libertad inmediata.
Impulsado por la sociedad Treize-Huit, el proyecto Casa Parc contemplaba la construcción de un amplio complejo residencial de cerca de 1.200 viviendas, además de parcelas de terreno, en el barrio de Sidi Maârouf, en la periferia sureste de Casablanca. Prevista inicialmente en torno a 2016, la entrega sufrió importantes retrasos. Ante esta situación, varios compradores se agruparon en un colectivo para emprender acciones judiciales, reclamando bien la entrega de sus propiedades o bien la devolución de las cantidades abonadas.
Los dos promotores estaban acusados de falsificación y uso de documentos falsos, así como de declaraciones engañosas y de la venta de bienes supuestamente sujetos a embargo preventivo.
En el primer punto, la defensa demostró que la acusación carecía de base sólida. Se les reprochaba no haber informado a los compradores de la existencia de una hipoteca sobre los títulos de propiedad. Sin embargo, los abogados subrayaron que toda la información era pública, especialmente a través de la plataforma de la Agencia Nacional de Conservación de la Propiedad. Además, los números del título de propiedad y de la licencia de construcción estaban claramente visibles en la obra.
Los contratos de reserva estipulaban, además, que los clientes debían realizar todas las comprobaciones necesarias antes de comprometerse. El propio proceso de venta implicaba que el comprador firmara solo tras verificar la veracidad de la información. En estas condiciones, la acusación de falsificación fue descartada.
En cuanto a las declaraciones engañosas, los promotores estaban acusados de haber dado a entender que el banco acreedor (Attijariwafa bank) era socio del proyecto. La defensa aclaró que existía una relación comercial con la entidad, pero sin participación accionarial, y sostuvo que las declaraciones habían sido mal interpretadas durante la instrucción.
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La acusación de venta de bienes bajo embargo también fue rechazada. Los promotores afirmaron que las ventas se realizaron antes de cualquier medida de embargo, lo que fue confirmado por certificados de la conservación de la propiedad.
La defensa planteó igualmente la cuestión de la prescripción, ya que las denuncias se presentaron ocho años después de los hechos, superando el plazo legal de cuatro años en materia penal.
Asimismo, insistió en el carácter estrictamente comercial del litigio, respaldado por peritajes que demostraban que los anticipos abonados por los clientes se destinaron a la financiación del proyecto y no a desvíos de fondos.
Durante todo el proceso, la defensa subrayó la buena fe de los acusados. Los 57 compradores que iniciaron el procedimiento han sido íntegramente reembolsados. En total, los promotores aseguran haber devuelto el dinero a unos 430 compradores, la mayoría sin recurrir a la vía judicial.
Estos reembolsos se habrían realizado conforme a los contratos de reserva, a cambio de la renuncia a acciones legales.
Durante el juicio, siete nuevos demandantes se sumaron al caso. Sin embargo, los promotores y su defensa se opusieron a su inclusión, argumentando que «si los reembolsos continúan a este ritmo, el caso nunca podrá cerrarse». Aun así, aseguraron que también serán indemnizados, pero fuera del marco judicial actual, para evitar una prolongación indefinida del litigio. La prioridad pasa ahora por finalizar las obras, lo que permitiría desbloquear varias situaciones pendientes.
En el centro del expediente figura un acuerdo en fase avanzada entre los promotores, el banco acreedor y un banco de inversión marroquí. Con Attijariwafa Bank se ha fijado una cantidad de unos 370 millones de dirhams para saldar la deuda.
El mecanismo previsto se basa en la cesión del título principal a un banco de inversión, que se encargará de financiar el reembolso al banco acreedor. Parte de los fondos —unos 50 millones de dirhams— procederá de la venta de viviendas aún en manos de la sociedad Treize-Huit.
Una vez saldada la deuda, se levantarán las garantías, lo que permitirá desbloquear la situación jurídica y reactivar plenamente las operaciones.
En este nuevo esquema, la sociedad Treize-Huit seguirá gestionando los expedientes pendientes con los compradores, mientras que el banco de inversión asumirá la continuación del proyecto a través de una nueva estructura.
Un primer conjunto residencial, actualmente ejecutado al 60%, será finalizado en una primera fase, antes de lanzar los demás bloques conforme a las autorizaciones ya concedidas. Cabe recordar que uno de los principales desafíos del sector inmobiliario es la adquisición del suelo: en este caso, fue necesario negociar con más de 70 herederos para comprar el terreno.
El proyecto Casa Parc destaca por un posicionamiento dirigido a jóvenes parejas de alrededor de treinta años con doble ingreso, capaces de acceder a créditos hipotecarios a largo plazo. Las viviendas, con precios inferiores a un millón de dirhams, responden a una amplia demanda del mercado.
Los promotores aseguran además haber reservado un número suficiente de viviendas para garantizar los derechos de los compradores, a quienes se ofrecerán distintas opciones: reembolso o finalización de la compra.
¿Una salida negociada?
¿Ha influido este acuerdo en el veredicto? Resulta difícil afirmarlo, pero aparece como una señal positiva. En este tipo de casos, los tribunales suelen favorecer soluciones que garanticen la estabilidad social y una resolución amistosa.
Hoy, pese a las tensiones y los años de litigio, las partes parecen acercarse a una solución global. Las negociaciones están muy avanzadas y reflejan una voluntad compartida de cerrar el caso.
No obstante, el expediente sigue abierto a cambios, debido a las distintas posiciones de los compradores: algunos optan por el reembolso, mientras que otros prefieren completar la adquisición.
Por su parte, la fiscalía mantiene la posibilidad de recurrir. Pero una solución negociada parece ahora al alcance.
