La secuencia merece una lectura detenida. El pasado 30 de octubre, la LNFP, presidida por Abdesslam Belkchour, anunciaba la designación de Abderrahim El Arjoun como máximo responsable de la Dirección Nacional de Arbitraje, en sustitución de Redouane Jiyed. Diez días más tarde, ha sido ante el Comité Directivo de la FRMF, reunido bajo la presidencia de Fouzi Lekjaa, donde el nuevo encargado del arbitraje nacional ha expuesto su primer diagnóstico de la situación y los preparativos de la temporada en curso.
¿Un mero detalle procedimental? En absoluto. Esta comparecencia recuerda una realidad institucional que las recientes decisiones de la LNFP habían terminado por desdibujar: el arbitraje nacional compete, en primera instancia, a la Federación y no de forma exclusiva a la Liga Profesional.
Según el comunicado oficial difundido por la FRMF al término de la sesión, El Arjoun ofreció una exposición detallada sobre el estado del estamento arbitral. En ella destacó un encuentro mantenido con los colegiados, calificado de muy positivo, en el que se abordaron diversas cuestiones relativas al funcionamiento y modernización del sector.
Por su parte, Fouzi Lekjaa insistió en la necesidad de reforzar la formación de las jóvenes promesas del arbitraje, potenciar sus aptitudes técnicas y físicas y articular una nueva generación capaz de acompañar el salto cualitativo del fútbol marroquí. Asimismo, instó a actuar con mayor rigor, integridad y firmeza frente a cualquier conducta susceptible de menoscabar la credibilidad de los campeonatos.
Sin embargo, más allá de estas directrices, es la propia gobernanza del arbitraje la que genera interrogantes de calado.
Belkchour, Jiyed y una designación bajo lupa
Para comprender el escenario actual conviene remontarse al 29 de octubre. En esa fecha, Abdesslam Belkchour criticó públicamente la gestión de Redouane Jiyed, cuestionando sus balances al frente de la DNA. El presidente de la LNFP no ocultó su descontento e insinuó incluso que varios colegiados exigían la dimisión de su responsable.
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Al día siguiente, la Liga hizo oficial el relevo de Jiyed por El Arjoun. El primero fue reasignado a tareas de formación inicial y continua del colectivo arbitral, mientras que el segundo asumió el mando operativo de la Dirección Nacional de Arbitraje.
Esta concatenación de hechos reabrió el debate sobre los límites competenciales de la LNFP. Si bien la Liga interviene en la organización de los torneos profesionales y cuenta con competencias delegadas, no puede suplantar la autoridad rectora de la Federación en materia de arbitraje nacional.
Los estatutos de la FRMF resultan tajantes respecto a la estructura institucional. El artículo 42 estipula que la Dirección Nacional de Arbitraje asiste a la Comisión de Arbitraje en el desempeño de sus cometidos. Por su parte, el artículo 54 delimita las competencias de la LNFP a la organización, gestión y coordinación de las competiciones profesionales.
Existe, por tanto, una frontera sustancial entre colaborar en la logística arbitral de la competición profesional y ostentar la máxima autoridad sobre la dirección del estamento en su conjunto.
La presencia de El Arjoun ante la junta directiva de la FRMF no resuelve por sí sola esta encrucijada formal, pero deja constancia de que la Dirección Nacional de Arbitraje se encuadra en una estructura federal que rebasa con creces el ámbito estricto de la Botola Pro.
La LNFP ante el marco de sus atribuciones
Otro aspecto relevante de la reunión de este lunes reside en la instrucción dada por Fouzi Lekjaa a la LNFP para que remita a la Comisión de Ética los comunicados oficiales emitidos por los clubes que contengan acusaciones contra la imparcialidad del arbitraje.
Dichos expedientes deberán ser examinados por el órgano disciplinario competente para adoptar las resoluciones oportunas. No obstante, el presidente de la FRMF recalcó la importancia de atender las reclamaciones legítimas de los clubes y preservar los canales de diálogo.
La postura institucional entraña un doble mensaje: las entidades deportivas disponen de vías para disentir y presentar sus quejas, pero cuestionar de forma pública la probidad de los colegiados conlleva responsabilidades formales.
Esta directriz encauza asimismo la función de la LNFP en una función precisa: la de trasladar las denuncias a los estamentos sancionadores, sin atribuirse competencias jurisdiccionales que no le pertenecen.
