Uno de los equívocos más persistentes en torno al conflicto del Sáhara tiene que ver con la composición demográfica de los campamentos de Tinduf. Durante décadas, Argelia y el Polisario han presentado estos campamentos como si todos sus habitantes fueran refugiados originarios del Sáhara. Sin embargo, la documentación histórica disponible revela una realidad muy distinta.
Como he demostrado en varios artículos y en mis dos libros dedicados a esta cuestión, un informe de diciembre de 1977 de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos reconocía que una proporción considerable de la población de los campamentos, posiblemente incluso la mayoría, procedía de otras regiones del Sáhara, entre ellas Argelia, Mauritania, Malí y Marruecos. El mismo informe señalaba que Argelia ya estaba exagerando el número de saharauis originarios del antiguo Sáhara español.
Un reportaje publicado el 14 de junio de 1979 en Le Monde por su corresponsal en Madrid, Charles Vanhecke, también planteaba serios interrogantes sobre los orígenes geográficos de las personas vinculadas al Polisario. Como expliqué en mi artículo de febrero de 2023, Vanhecke informó de que aproximadamente la mitad de las personas que vivían bajo el control del Polisario procedían de otras regiones saharianas, entre ellas Níger, Malí, Mauritania y Argelia. No se trata, por tanto, de acusaciones marroquíes recientes, sino de evaluaciones históricas que se remontan a los primeros años del conflicto. Es precisamente este hecho el que confiere al persistente rechazo de Argelia a permitir un censo independiente de los campamentos de Tinduf toda su trascendencia política.
Los informes estadounidenses ponen al descubierto las discrepancias demográficas
Más revelador aún, el informe del Departamento de Estado estadounidense sobre los derechos humanos correspondiente a 1991, publicado en febrero de 1992, recogía estimaciones atribuidas al personal de la MINURSO según las cuales los campamentos de Tinduf albergaban aproximadamente a 80.000 refugiados, de los cuales entre 25.000 y 30.000 procedían de otros países de la región. Estas cifras coincidían, en términos generales, con las estimaciones proporcionadas por antiguos residentes de los campamentos que habían regresado a Marruecos. Según estos últimos, los campamentos acogían entre 40.000 y 50.000 saharauis, a los que se sumaban otros 20.000 o 30.000 refugiados procedentes de Malí y Mauritania.
Estos datos demuestran, por si todavía hiciera falta, que uno de los principales obstáculos para la organización de un referéndum justo y transparente residía, desde el principio, en la dificultad de establecer con precisión el número real y los orígenes geográficos de las personas que vivían en los campamentos. Al obstaculizar la realización de un censo independiente, Argelia impidió que la comunidad internacional pudiera determinar cuántos residentes eran verdaderamente originarios del antiguo Sáhara español y cuántos no tenían ninguna vinculación con ese territorio.
Estas estimaciones contrastan radicalmente con la cifra de 165.000 refugiados utilizada durante mucho tiempo por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), una cifra que Argelia ha utilizado reiteradamente con fines tanto políticos como económicos. En el plano político, contribuye a transmitir la impresión de que la población de los campamentos de Tinduf es suficientemente numerosa como para justificar la creación de un Estado independiente. En el plano económico, ha contribuido a mantener el flujo de ayuda humanitaria internacional destinada a los campamentos y a las instituciones encargadas de administrarlos.
Sin embargo, estas discrepancias demográficas distaban mucho de ser desconocidas para la comunidad internacional. El informe del Departamento de Estado estadounidense sobre los derechos humanos correspondiente a 1990, publicado en febrero de 1991, reproducía la estimación de 165.000 refugiados. No obstante, el informe publicado al año siguiente recogía estimaciones considerablemente inferiores, atribuidas al personal de la MINURSO y a antiguos residentes de los campamentos. Más revelador todavía, el informe del Departamento de Estado correspondiente a 1992, publicado en febrero de 1993, reconocía explícitamente que la estimación de 165.000 personas utilizada por ACNUR se basaba en cifras facilitadas por el Gobierno argelino.
Las preocupaciones suscitadas por la exageración del número de refugiados terminaron teniendo consecuencias concretas en la planificación de la asistencia humanitaria. En septiembre de 2005, ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) redujeron su cifra de planificación de aproximadamente 155.000-158.000 beneficiarios a tan solo 90.000. Esta decisión quedó expresamente corroborada en el informe del Departamento de Estado estadounidense sobre los derechos humanos correspondiente a 2005, publicado en marzo de 2006, que pone de manifiesto la enorme discrepancia entre las cifras oficiales y las estimaciones sobre el número real de personas presentes en Tinduf.
«El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos solicitaban regularmente ayuda alimentaria a los donantes y la distribuían entre una población de aproximadamente 155.000 personas en los campamentos de refugiados, aunque las Naciones Unidas redujeron la cifra utilizada para la planificación a 90.000, en parte debido a las preocupaciones relacionadas con la exageración del número de refugiados», señalaba el informe.
Esta reducción no constituía, desde luego, un censo verificado. Sin embargo, demostraba que los serios interrogantes sobre la fiabilidad de las cifras utilizadas para determinar las necesidades humanitarias habían adquirido tal magnitud que ya resultaba imposible seguir ignorándolos.
Este prolongado inmovilismo de las Naciones Unidas y, en particular, la incapacidad de la organización para establecer el número real de refugiados y ajustar la ayuda humanitaria a necesidades verificadas de manera independiente, contribuye a explicar por qué la Administración Trump convirtió la realización de un censo en uno de los objetivos centrales de su determinación de alcanzar una solución definitiva al conflicto del Sáhara.
Sin un censo creíble, ¿cómo puede la comunidad internacional determinar quiénes viven realmente en los campamentos, de dónde proceden sus habitantes y cuántos de ellos son verdaderamente originarios del Sáhara? Durante cinco décadas, esta cuestión demográfica fundamental ha permanecido sin respuesta. Sin embargo, las Naciones Unidas han permitido que perduren afirmaciones políticas sobre la población de los campamentos sin someterlas a la verificación independiente que requieren.
El rechazo argelino al censo y décadas de inacción de las Naciones Unidas
Nadie puede negar que ACNUR lleva décadas intentando conseguir un registro independiente de los refugiados y establecer datos demográficos fiables para que la ayuda humanitaria responda a las necesidades reales de las poblaciones afectadas. Según documentos presentados ante el Congreso de Estados Unidos en 2005, ACNUR solicitó formalmente al Gobierno argelino autorización para proceder al registro de la población de los campamentos de Tinduf en 1977, 2001, 2003 y 2005. También dirigió solicitudes similares al Polisario en 2002, 2003 y 2005.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno argelino permaneció invariable: «Aunque el registro en sí mismo no plantea ningún problema de principio, dependería de la solución global del conflicto del Sáhara Occidental». En otras palabras, Argelia subordinó el registro de los refugiados, que constituye una exigencia humanitaria elemental y una condición indispensable para permitir que la comunidad internacional conozca tanto el número real de refugiados como el de las personas verdaderamente originarias del Sáhara, a la solución política del mismo conflicto que ha contribuido a perpetuar.
Como el propio ACNUR reconoció posteriormente, «no existen estadísticas precisas sobre el número de refugiados saharauis en los campamentos». Lo que plantea interrogantes todavía más serios sobre la capacidad de las Naciones Unidas para superar el estancamiento diplomático que se prolonga desde hace 35 años y poner fin definitivamente al conflicto es que, durante décadas, ACNUR siguió utilizando una estimación de 165.000 residentes en los campamentos sin haber podido verificarla de manera independiente mediante un censo exhaustivo.
Esta cifra no era el resultado de un censo independiente realizado bajo mandato de las Naciones Unidas. Procedía de las propias autoridades argelinas. Lo que resulta particularmente llamativo es que esa misma estimación siguiera circulando durante décadas, como si el tiempo se hubiera detenido, a pesar de los movimientos de población, las salidas hacia Marruecos, los nacimientos y los fallecimientos.
En otras palabras, las mismas autoridades cuyos responsables han sido objeto de acusaciones de implicación en el desvío de la ayuda humanitaria destinada a los campamentos de Tinduf eran también quienes proporcionaban las cifras de población utilizadas para justificar la continuidad de dicha asistencia. Esta situación generaba un evidente conflicto de intereses, en la medida en que quienes controlaban el acceso a los campamentos influían simultáneamente en las estimaciones demográficas de las que dependía la asignación de la ayuda humanitaria.
¿Y qué hizo ACNUR? En lugar de supeditar la continuidad de la asistencia a un censo verificado de manera independiente, o de ejercer la presión suficiente para conseguir su realización, siguió operando sobre la base de las cifras proporcionadas por las autoridades argelinas. Aunque deben reconocerse los esfuerzos que desplegó para conseguir el registro de los refugiados, lo cierto es que las mismas afirmaciones demográficas no verificadas continuaron gozando de legitimidad institucional durante décadas.
Marruecos lleva mucho tiempo instando a las Naciones Unidas a asumir sus responsabilidades y revelar el número real y la identidad de las personas que viven en los campamentos de Tinduf. Por tanto, la disposición relativa al censo incluida en el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad presentado por Estados Unidos y vetado por Rusia iba mucho más allá de atender una preocupación marroquí de larga data. También reflejaba una realidad documentada durante décadas por varios organismos gubernamentales estadounidenses: una proporción considerable de las personas presentadas como refugiados originarios del Sáhara Occidental procedía, en realidad, de regiones ajenas al territorio cuya independencia el Polisario afirma defender.
En su libro publicado en 1979, dedicado a los orígenes y las profundas repercusiones regionales del conflicto del Sáhara Occidental, el periodista estadounidense David Lynn Price documentó de manera convincente que, cuando el Polisario estableció su cuartel general en Tinduf, los saharauis originarios del antiguo Sáhara español eran minoría en los máximos órganos dirigentes del movimiento. Según Price, a mediados de 1978, el Polisario contaba con unos 5.000 hombres, la mitad de los cuales pertenecía a las fracciones argelinas de la tribu de los Reguibat, originarias de Tinduf.
Dos guerrilleros del Polisario se rindieron a las autoridades marroquíes en 1977. En sus testimonios afirmaron que el movimiento estaba compuesto principalmente por nómadas procedentes de Malí, Nigeria, Libia y Argelia, en lugar de saharauis originarios del antiguo Sáhara español. El reportaje publicado por Vanhecke en Le Monde en 1979 corrobora esta interpretación histórica. Como he señalado anteriormente, altos responsables españoles entrevistados por el periodista francés insistieron en que la mayoría de las personas presentes en Tinduf procedían de Níger, Malí, Libia y Argelia.
La primera consecuencia de estos testimonios, huelga decirlo, es que los saharauis procedentes de Marruecos y Mauritania eran minoría. La segunda conclusión, mucho más importante desde el punto de vista político e histórico, que se desprende tanto del estudio de Price como del reportaje de Vanhecke, es que ninguno de los dirigentes del Polisario derivaba su legitimidad de la Yemáa, que en aquella época constituía la representación legítima de los saharauis.
Este manifiesto déficit de legitimidad histórica y sociopopular constituye una de las principales razones por las que Argelia estaba tan decidida a conseguir que el veto ruso hiciera fracasar el proyecto de resolución presentado por Estados Unidos. Un censo creíble, realizado de manera independiente, podría poner al descubierto los fundamentos demográficos históricamente cuestionables y sumamente frágiles de un proyecto político que Argelia lleva más de cinco décadas defendiendo a capa y espada.
Un examen de esta naturaleza también pondría en entredicho un relato mantenido y reciclado incansablemente por una red de activistas, académicos y periodistas afines a esta causa que, con demasiada frecuencia, han preferido actuar como su caja de resonancia en lugar de cuestionar sus postulados fundamentales.
En definitiva, esta controversia nos remite al núcleo de lo que el rey Hassan II calificó, en una entrevista concedida a Jeune Afrique en 1985, como «la estafa del siglo» (l’escroquerie du siècle). He documentado los fundamentos históricos y políticos de esta caracterización en mi libro The Self-Determination Delusion.
Después de cinco décadas, hay una pregunta que sigue siendo ineludible: si Argelia y el Polisario están tan convencidos de la exactitud de sus afirmaciones sobre el origen y el número de las personas que viven en los campamentos de Tinduf, ¿por qué se han opuesto sistemáticamente a un censo independiente que permitiría, de una vez por todas, establecer la verdad?
