Mundial 2030: la Cadena SER detalla las posibles sanciones si España abandona la organización

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular español, sobre un fondo con el trofeo del Mundial y las banderas de los tres países organizadores, Marruecos, Portugal y España.

El 18/11/2026 a las 14h48

Amenazar con que España abandone la organización del Mundial 2030 si la final se disputa en Marruecos parece haberse convertido en la nueva obsesión de algunos políticos, analistas y dirigentes españoles. Sin embargo, un escenario así supondría pegarse un tiro en el pie y echar por tierra años de trabajo, inversiones y esfuerzos para acoger este acontecimiento mundial. La Cadena SER ha analizado la cuestión y las graves consecuencias que tendría una decisión de ese tipo.

La Cadena SER, en un editorial de su periodista Antón Meana, se ha referido a una reciente entrevista con Alberto Núñez Feijóo, expresidente de la Xunta de Galicia y presidente del Partido Popular (PP) desde 2022, que parece completamente obsesionado con la final del Mundial 2030, organizado conjuntamente por Marruecos, España y Portugal.

El líder del PP, que tampoco descarta gobernar en coalición con la extrema derecha, ha convertido la final del Mundial 2030 en una especie de prioridad nacional. A su juicio, «debe celebrarse en España, por derecho, tradición, éxitos deportivos y justicia». Incluso ha amenazado con que su país abandone la organización si la FIFA decide que Casablanca acoja el partido más codiciado del torneo.

Antón Meana, en el programa Hora 14, desmontó esas amenazas y las calificó de «promesa imposible». «Técnicamente es posible, pero tendría consecuencias económicas y deportivas», advirtió el periodista, que alertó de las graves repercusiones que una decisión así podría tener para el país y su selección nacional.

Consultada por la emisora española, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no quiso precisar el importe de las posibles sanciones económicas y alegó que los acuerdos son confidenciales. Sin embargo, una fuente citada por la SER explicó que dar marcha atrás sería especialmente complicado, ya que los tres países han firmado varios documentos que los comprometen a organizar conjuntamente el torneo.

Calcular con precisión las posibles penalizaciones resulta difícil, pues dependen, entre otros factores, del Hosting Agreement, el contrato de organización firmado con la FIFA, cuyas cláusulas son confidenciales. Tanto el organismo internacional como sus cadenas de televisión y patrocinadores podrían reclamar compensaciones económicas si se incumplieran unilateralmente los compromisos contractuales. El país también podría verse obligado a devolver algunas cantidades ya abonadas por la FIFA para financiar los preparativos. A ello se sumarían posibles sanciones deportivas, que podrían llegar incluso a la exclusión de la selección nacional.

La emisora también recuerda que la FIFA puede considerar que la intervención política en los asuntos de una federación miembro constituye una injerencia contraria a sus estatutos. Las declaraciones políticas, por sí solas, no bastarían para demostrar una infracción de este tipo. Sin embargo, si las autoridades intervinieran efectivamente en las decisiones de la RFEF, la federación podría exponerse a sanciones que llegarían incluso a la suspensión.

La FIFA ve con especial recelo la injerencia de terceros en la gestión de las federaciones y, cuando las circunstancias lo justifican, no duda en suspender la participación internacional de la asociación afectada. Esto supondría quedarse sin competiciones internacionales, perder la financiación de la FIFA y afrontar graves consecuencias para todo el fútbol nacional. Kuwait, en 2015; Chad, en 2021, y Congo-Brazzaville, en 2025, ya sufrieron medidas de este tipo.

Mientras Feijóo se enreda en promesas difíciles de cumplir, la importante delegación de la FIFA encargada de inspeccionar las infraestructuras de los tres países anfitriones tiene previsto llegar a Marruecos a partir del 28 de noviembre. Según una fuente bien informada, los preparativos avanzan a un ritmo especialmente satisfactorio. Algunos proyectos incluso van por delante de los plazos previstos, tanto en infraestructuras deportivas como en transporte, alojamiento y planificación urbana.

Por su parte, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y otro firme defensor de que la final se juegue en España, reconoció el jueves 12 de noviembre, al término de una jornada de reuniones con esa misma delegación de la FIFA, que su país tenía «muchísimo trabajo por hacer».

«Se han hecho algunas cosas, pero creo que todavía no se ha completado todo el trabajo necesario», admitió. Fue un diagnóstico directo de un dirigente de primer nivel, implicado en los preparativos y bien informado sobre el estado de las distintas obras. ¿No deberían centrarse los responsables españoles en sus propios preparativos en lugar de multiplicar las declaraciones sobre la final?

La delegación de la FIFA ya había visitado e inspeccionado el Santiago Bernabéu el jueves 12 de noviembre. El estadio es el principal competidor del Gran Estadio Hassan II de Benslimane para acoger la final. La visita tenía como objetivo evaluar las infraestructuras, y la elección de la sede de la final no estuvo en el centro de las conversaciones.

Todo esto invita a poner en perspectiva las certezas de algunos responsables españoles, que siguen reclamando la final como si su atribución ya estuviera decidida.

Por Oumeïma Er-rafay
El 18/11/2026 a las 14h48