La CNDP dispone de amplias competencias en materia de protección de datos y regulación de los usos digitales. Puede instruir expedientes relacionados con vulneraciones de la vida privada, incluso en contextos de ciberseguridad, y, a requerimiento del fiscal del Rey, iniciar procedimientos judiciales contra personas sospechosas de tratamientos ilícitos de datos personales.
Su presidente, Omar Seghrouchni, recuerda que la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos constituye el núcleo de la misión de la institución, aún poco conocida por el gran público. Creada por la ley 09-08 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal, la CNDP actúa como una autoridad nacional de regulación encargada de informar, asesorar y supervisar a los responsables del tratamiento para garantizar el respeto de la vida privada y de las libertades individuales.
En una entrevista con Le360, su presidente subraya que la Comisión aspira a ser «más que un vigilante», posicionándose como una autoridad de referencia que vela por la ética de los usos digitales y el respeto de los principios fundamentales vinculados a la privacidad. Esta protección abarca todos los soportes susceptibles de contener datos personales: documentos en papel, archivos digitales, imágenes, fotografías, vídeos, datos biométricos, muestras sanguíneas o incluso información genómica.
La CNDP acompaña igualmente el desarrollo de la transformación digital dentro de un marco de conformidad normativa. El objetivo es encuadrar los usos para garantizar «el respeto mutuo de la vida privada, la dignidad de las personas y su integridad». En este sentido, los tratamientos afectados pueden incluir campañas de SMS marketing, sistemas de videovigilancia, bases de datos de clientes o registros gestionados por organismos públicos y privados. La instalación de cámaras de vigilancia en una comunidad de propietarios, por ejemplo, debe cumplir estrictos requisitos de proporcionalidad, finalidad e información previa a los afectados.
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Para Omar Seghrouchni, el avance de la digitalización es una evolución necesaria, pero su uso debe inscribirse en un marco ético. Compara esta exigencia con la conducción, que implica respetar normas para evitar desviaciones. Cita en este sentido al filósofo Paul Virilio: «Al crear el automóvil, creamos también los accidentes de tráfico… y al crear lo digital, hemos creado los ciberataques». Del mismo modo que el código de circulación regula el tráfico, aboga por respetar un «código digital» que permita limitar los riesgos asociados a los usos tecnológicos.
En el plano operativo, la CNDP dispone de poderes de control y sanción. Puede llevar a cabo investigaciones, verificar la conformidad de los tratamientos, realizar inspecciones sobre el terreno y, bajo la autoridad del fiscal del Rey, ordenar la incautación de equipos, retirar autorizaciones o proponer sanciones administrativas, económicas e incluso penales en caso de infracción.
Más allá de su papel coercitivo, la Comisión acompaña a los responsables del tratamiento en su adaptación a la ley 09-08, especialmente en ámbitos como la videovigilancia, la gestión de bases de datos de clientes o los sistemas de información que contienen datos personales. También desarrolla acciones de sensibilización dirigidas a los ciudadanos para reforzar el conocimiento de sus derechos, al tiempo que supervisa las transferencias de datos personales al extranjero.
En este contexto, la CNDP se consolida como un actor clave en la gobernanza y la regulación del ecosistema digital en Marruecos.
