Antes de que Donald Trump y Teherán alcanzaran un acuerdo de alto el fuego de quince días, la guerra en Oriente Próximo, iniciada el pasado 28 de febrero, había provocado un fuerte shock petrolero. Este se tradujo en una subida de los precios del crudo y en una crisis de abastecimiento, vinculada en particular al bloqueo del estrecho de Ormuz.
En este contexto de tensión, la cuestión de las reservas estratégicas de productos petrolíferos ha vuelto al primer plano en Marruecos. Han surgido numerosas interrogantes sobre las razones que llevan al Gobierno a mirar hacia otro lado ante el incumplimiento, por parte de los distribuidores, de los niveles de reservas obligatorias, fijados en el equivalente a 60 días de consumo, especialmente para el gasóleo y la gasolina.
Preguntada recientemente sobre este asunto, y reconociendo unos niveles de reservas limitados —apenas 47 días para el gasóleo y 52 días para la gasolina—, la ministra de tutela, Leila Benali, trató de desviar la atención felicitándose por haber sido la «primera» responsable en autorizar el acceso de «varias empresas» a los depósitos de almacenamiento de la Samir.
Sin embargo, como ya señalamos en un artículo anterior, los datos sobre el terreno revelan una realidad muy distinta. Las infraestructuras de la refinería de Mohammedia están en realidad explotadas de forma exclusiva por una única entidad, BCG Petroleum (Benbrahim Group Investment), que opera bajo la marca Yoom.
Según nuestras informaciones, esta empresa utilizaría unos 80.000 m³ de capacidad de almacenamiento, destinados principalmente al suministro de su propia red de estaciones de servicio de gasóleo. Un volumen que sigue siendo marginal frente a la capacidad total de la Samir, estimada entre 1,8 y 2 millones de m³, es decir, apenas el 4 % de su potencial global.
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La cuestión del alquiler de las infraestructuras de la Samir no puede abordarse sin recordar un episodio clave ocurrido en la primavera de 2020. En plena pandemia de Covid-19, en un contexto marcado por el desplome histórico de los precios del petróleo y la saturación de las capacidades de almacenamiento a escala mundial, la justicia marroquí autorizó por primera vez el arrendamiento de los depósitos de la Samir, paralizada desde 2015.
En ese marco, la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas (ONHYM) fue encargada de acompañar al Estado en sus negociaciones con el tribunal de comercio de Casablanca con vistas a reutilizar las capacidades de almacenamiento de la refinería de Mohammedia. Desde entonces, persiste una pregunta: ¿por qué, pese a esta base jurídica clara, la aplicación de esta decisión ha sufrido un retraso tan prolongado?
Una fuente autorizada de la ONHYM aportó algunas claves para comprender este expediente. Recuerda que, en el contexto de la crisis petrolera vinculada a la pandemia, Marruecos identificó una oportunidad para estructurar una política de almacenamiento estratégico de productos petrolíferos.
«La ONHYM fue entonces encargada por el Estado de elaborar y ejecutar un plan de acción destinado a garantizar la constitución y el mantenimiento de reservas de seguridad conformes al requisito reglamentario de 60 días de consumo nacional», explica la fuente.
El dispositivo previsto se basaba en una articulación entre responsabilidades públicas y obligaciones de los operadores. Estos debían seguir asumiendo sus obligaciones reglamentarias, mientras que los volúmenes adicionales necesarios para alcanzar los 60 días serían adquiridos y almacenados bajo control público.
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En esta lógica, y apoyándose en referencias internacionales, la ONHYM propuso un enfoque progresivo que distinguía entre reservas comerciales y reservas estratégicas. Estas últimas solo podrían movilizarse en caso de una crisis grave de suministro, por decisión del Gobierno.
Se elaboraron así dos modelos, dejando a las autoridades la elección del que debía aplicarse.
El primero se basaba en una gestión directa por parte de la ONHYM. Preveía una financiación inicial con recursos públicos o asimilados, completada con financiación bancaria y mecanismos de retribución que garantizaran el equilibrio económico del sistema. Este modelo incluía también la valorización de las capacidades disponibles para optimizar los costes.
El segundo modelo implicaba en mayor medida a los operadores del sector, dentro de un marco estructurado y supervisado por el Estado. Su objetivo era mutualizar el esfuerzo de constitución de reservas garantizando al mismo tiempo un control público de los volúmenes estratégicos.
Desde el punto de vista técnico, los estudios realizados abarcaron varios aspectos. Permitieron, en primer lugar, evaluar con precisión el estado de las infraestructuras de la Samir, distinguiendo entre las capacidades inmediatamente utilizables y aquellas que requerían trabajos de rehabilitación. También incluyeron un análisis completo de la cadena logística, con las capacidades portuarias, los flujos de importación y las necesidades de coordinación operativa.
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Asimismo, se identificaron soluciones complementarias a medio y largo plazo, en particular mediante el desarrollo de cavidades salinas, con el fin de diversificar y asegurar las capacidades de almacenamiento.
Las inversiones necesarias, tanto para la rehabilitación de las instalaciones como para la adquisición de los productos, también fueron evaluadas.
Previamente, añade la misma fuente, una orden del tribunal de comercio permitió negociar un contrato de alquiler de las capacidades de almacenamiento con el administrador judicial. Este contrato regulaba las operaciones de recepción, almacenamiento y expedición de los productos, así como las responsabilidades en materia de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones. También incluía garantías jurídicas esenciales, como el reconocimiento de la propiedad exclusiva de los productos almacenados y su inembargabilidad frente a los acreedores de la Samir.
Sin embargo, la puesta en marcha efectiva del proyecto estaba supeditada a varios requisitos previos: la aprobación de un esquema global de gobernanza, la obtención de las autorizaciones necesarias y la movilización de los recursos financieros correspondientes.
Más allá de estas consideraciones presupuestarias e institucionales, un factor determinante pesó en la decisión final: el litigio internacional en curso ante el CIADI relacionado con la Samir. La movilización de los activos de la refinería planteaba interrogantes jurídicos en ese contexto.
En estas condiciones, las autoridades optaron por una estrategia prudente. El proyecto, pese a estar listo para su despliegue, finalmente no se llevó a cabo. Y con él, una oportunidad de reforzar de forma duradera las reservas estratégicas del país.
