Según el contenido de esta notificación, de la que Le360 posee una copia, la Oficina de Cambios indica haber constatado la «constitución de activos en el extranjero en forma de criptoactivos», que dieron lugar a ventas en beneficio de residentes en Marruecos, durante un período que se extiende de marzo a agosto de 2025.
En este marco, se invita a las personas concernidas a aportar «todas las explicaciones y justificaciones útiles» en un plazo máximo de treinta días. Transcurrido este plazo, la administración se reserva el derecho de iniciar acciones contenciosas, conforme a las disposiciones legales.
Este procedimiento ilustra la mayor vigilancia de las autoridades ante el auge de los criptoactivos, cuyo uso escapa todavía en gran medida a los circuitos financieros clásicos. Aunque estos activos digitales despiertan un interés creciente entre los inversores marroquíes, su estatus sigue estando estrictamente regulado por la normativa de cambios, que limita la tenencia de activos en el extranjero sin autorización previa.
La intervención de la Oficina de Cambios se produce en un contexto en el que los flujos relacionados con las monedas virtuales se vuelven más difíciles de rastrear, lo que plantea desafíos en materia de control de capitales y de lucha contra las infracciones financieras.
Esta iniciativa podría anunciar una fase de control reforzado, e incluso acciones específicas contra las operaciones no declaradas. Sobre todo, recuerda que, en ausencia de un marco legal plenamente adaptado a los criptoactivos, las transacciones que implican el extranjero siguen estando sujetas a las reglas clásicas de la normativa de cambios.
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En Marruecos, la regulación de los criptoactivos sigue en una fase transitoria, marcada por un desfase entre la prohibición formal vigente y la preparación de un marco legal estructurado. Desde 2017, las transacciones en criptomonedas se consideran contrarias a la normativa de cambios, en particular por la Oficina de Cambios y Bank Al-Maghrib, lo que sitúa estos usos en una especie de zona gris jurídica. Sin embargo, en la práctica, su uso persiste de manera informal, lo que empuja a las autoridades a adaptar su enfoque frente a un fenómeno que se ha vuelto difícil de contener.
Es en este contexto donde se produce un punto de inflexión con la elaboración de un marco legislativo específico. Un anteproyecto de ley sobre los criptoactivos ha sido así hecho público, marcando una etapa importante hacia la formalización del sector. Este texto, actualmente en proceso de maduración en el circuito institucional, tiene como objetivo instaurar una regulación inspirada en los estándares internacionales, especialmente europeos. Según Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, este dispositivo debería permitir salir de la actual ambigüedad jurídica, organizando las actividades relacionadas con los criptoactivos bajo la supervisión de las autoridades financieras, al tiempo que se refuerza la protección de los usuarios.
La posición de Jouahri refleja un enfoque prudente pero abierto. El wali insiste en la necesidad de regular sin «frenar la innovación», teniendo en cuenta tanto las oportunidades que ofrecen estos nuevos instrumentos como los riesgos que conllevan, especialmente en materia de volatilidad y usos ilícitos. Paralelamente, Bank Al-Maghrib continúa su reflexión sobre una moneda digital soberana (CBDC), percibida como una palanca de modernización de los pagos y de inclusión financiera. Marruecos parece así orientarse hacia un modelo híbrido, que combina la regulación de los criptoactivos privados y el desarrollo de una alternativa pública bajo control estatal.
