La reserva de suelo público crece a un ritmo excepcional. El patrimonio inmobiliario privado del Estado registró un aumento del 119% en 2025 respecto a 2024, alcanzando los 12 millones de hectáreas, según el informe anual de la Dirección de los Bienes del Estado (DDE). De esta superficie, el 95,62% se encuentra en zonas rurales, mientras que el resto se reparte entre áreas periurbanas (2,62%) y urbanas (1,41%).
Esta evolución se explica principalmente por el esfuerzo de registro de la propiedad impulsado por el Estado. «Este resultado refleja una creciente madurez en la seguridad jurídica de los activos. A finales de 2025, cerca del 30% del patrimonio inmobiliario privado del Estado cuenta con título de propiedad definitivo, mientras que más del 69% está en proceso de registro, y la proporción de bienes aún no registrados se ha reducido a apenas el 0,03%», explica Mohammed El Kharmoudi, director de los Bienes del Estado.
En total, más de 6,53 millones de hectáreas han sido objeto de solicitudes de inscripción registral. Paralelamente, el Estado recuperó 5.862 hectáreas de inversores que incumplieron sus compromisos contractuales en proyectos previamente adjudicados.
Esta ampliación de la reserva de suelo público ofrece al Estado un importante margen de maniobra para impulsar la inversión productiva y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos. Los datos de la Dirección de los Bienes del Estado muestran que durante el pasado año se validaron 308 proyectos sobre terrenos pertenecientes al patrimonio privado estatal, con una superficie total de 32.000 hectáreas. Estos proyectos movilizarán inversiones por valor de 71.000 millones de dirhams y podrían generar 16.333 empleos. Cerca del 90% de ellos se localizan en las regiones, concentrando por sí solos unos 56.000 millones de dirhams en inversiones y más de 14.288 puestos de trabajo.
Las regiones del sur concentran una parte significativa de los proyectos aprobados, con alrededor del 53% de las inversiones repartidas entre Laâyoune-Sakia El Hamra y Dakhla-Oued Eddahab. Solo estas dos regiones suman 164 proyectos.
En términos de superficie movilizada, las regiones del sur, especialmente Laâyoune-Sakia El Hamra y Guelmim-Oued Noun, representan cerca del 84% del total. La región de Laâyoune-Sakia El Hamra por sí sola concentra unas 15.078 hectáreas.
En cuanto a los sectores beneficiarios, la Dirección de los Bienes del Estado destaca que los servicios, el turismo, la industria y la agroindustria concentran el 73% de los proyectos. Sin embargo, el sector energético sobresale por la superficie movilizada, con más del 83% del total, es decir, unas 26.609 hectáreas destinadas a nueve proyectos estructurantes, por un volumen de inversión superior a los 49.000 millones de dirhams.
Por otra parte, las operaciones de incorporación al dominio público del Estado afectaron a 185 hectáreas destinadas a infraestructuras estratégicas como obras hidráulicas (20 hectáreas), aeropuertos (93 hectáreas), líneas ferroviarias (66 hectáreas) y carreteras (6 hectáreas).
Estas infraestructuras están directamente relacionadas con los preparativos de grandes acontecimientos deportivos, especialmente la Copa Africana de Naciones 2025 y la Copa del Mundo 2030, así como con la aplicación del programa de emergencia para combatir el estrés hídrico.
Proyectos estratégicos
La movilización de suelo también benefició al sector agrícola mediante la puesta a disposición de 2.190 hectáreas en el marco de asociaciones agrícolas, permitiendo la ejecución de 38 proyectos con una inversión de 466 millones de dirhams, señala la Dirección.
Alrededor del 86% de la superficie movilizada se concentra en tres regiones: Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra y Fez-Mequinez. Paralelamente, la Dirección de los Bienes del Estado movilizó 4.771 hectáreas de suelo agrícola mediante arrendamientos adjudicados en subastas públicas.
En el ámbito industrial, añade el organismo, se aprobaron dos proyectos estratégicos en el marco de la Comisión Nacional de Inversiones. Se trata de iniciativas relacionadas con el textil de alta gama en Skhirat y Fez, así como de una planta de polisilicio en Tan-Tan destinada a reforzar la posición de Marruecos en las cadenas de valor fotovoltaicas y de semiconductores.
Asimismo, el suelo público respalda las políticas sociales mediante la movilización de 1.270 hectáreas para programas de vivienda social y de clase media, en colaboración con el holding Al Omrane. Estas superficies servirán para desarrollar proyectos urbanos integrados y nuevas ciudades.
Con el fortalecimiento de su reserva de suelo, el Estado dispone de una herramienta cada vez más decisiva para orientar las inversiones, acompañar la transición energética, apoyar los programas sociales y preparar las infraestructuras necesarias para los grandes retos de 2030.
