El domingo 8 de noviembre, el Consejo de Ministros se reunió en Argel bajo la presidencia de Abdelmadjid Tebboune. La sesión estuvo dedicada a la agricultura, el desarrollo rural y la pesca. La convocatoria no fue casual. En varias wilayas, las patatas han desaparecido de los puestos de venta. El 6 de noviembre, el kilo llegó a alcanzar los 250 dinares en algunos mercados, el triple del precio máximo de entre 80 y 90 dinares fijado el 1 de octubre por el Ministerio de Comercio Interior.
El país esperaba, por tanto, medidas para hacer frente a la crisis de las patatas. En su lugar, recibió once instrucciones presidenciales, difundidas, entre otros medios, por la agencia oficial de noticias APS. Entre ellas figuran la creación de una oficina de legumbres secas, un servicio de estadísticas que deberá ponerse en marcha «de inmediato», un ministro delegado para la Pesca y un secretario de Estado encargado de los Bosques. La patata, sin embargo, no aparece en ningún momento del comunicado, como si se tratara de un asunto incómodo que conviene evitar. Ante la crisis, el régimen ha optado por abrir una ventanilla administrativa y crear dos nuevos cargos en el Gobierno.
Había que encontrar responsables y el Consejo de Ministros identificó a tres.
El primero es la tierra. Tebboune ordenó «prevenir totalmente» que los terrenos agrícolas queden en barbecho. Desde la Antigüedad, los agricultores dejan descansar sus campos para favorecer su productividad en la siguiente temporada. En Argel, ese descanso parece haberse convertido ahora en motivo de sospecha. Una tierra que reposa es, al parecer, una tierra que sabotea.
El segundo responsable es el agricultor. El comunicado pide combatir «todas las formas» de retención de la producción por parte de los campesinos, que prefieren guardar sus cosechas antes que venderlas al precio impuesto por el Estado. El régimen interpreta esta decisión como una traición, cuando responde a un cálculo económico elemental. Si el precio fijado no cubre los costes, el productor no vende. El 7 de noviembre, en Boumerdès, las autoridades incautaron 100 quintales de patatas por supuestas infracciones. Es prácticamente todo lo que la política de precios máximos ha conseguido sacar de los almacenes.
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El tercer responsable, y quizá el hallazgo más llamativo de la jornada, es la vaca. El presidente ordenó la «prohibición total» de utilizar el maíz como forraje verde. Según el comunicado oficial, esta práctica no ha tenido «en ningún caso» efectos positivos sobre la producción de carne y ha provocado una grave escasez de maíz en grano. Una decisión que debería corresponder a los técnicos del Ministerio de Agricultura ha terminado así en lo más alto del Estado. El jefe del Estado se ocupa ahora de decidir qué comen los animales.
El Consejo también ordenó duplicar los laboratorios de control en puertos y aeropuertos y pidió al ministro de Justicia que aplique las sanciones más severas contra quienes introduzcan productos peligrosos de forma «deliberada». El Gobierno debe permanecer movilizado «a todas horas». Lo que el comunicado sigue sin aclarar es dónde encontrar patatas.
El régimen no acaba de descubrir el problema. El 18 de octubre, otro Consejo de Ministros ya había ordenado establecer un mecanismo local para comprar los excedentes, almacenarlos y volver a introducirlos en el mercado cuando los precios comenzaran a subir. El 5 de noviembre, el Gobierno anunció una plataforma digital para controlar los precios. Tres semanas, dos reuniones del Consejo de Ministros y una plataforma después, el precio medio nacional había pasado de 91 dinares el 29 de octubre a 101 el 4 de noviembre. Le360 ya señalaba el 6 de noviembre que el régimen intimida a los comerciantes, pero sigue sin poder contener los precios.
Quedaba por escuchar una lección de pedagogía. La ofreció un hombre próximo al poder. El Hadj Belghouthi, miembro del Consejo de la Nación en representación del tercio presidencial —es decir, nombrado por Tebboune—, publicó el 7 de noviembre un vídeo en el que, bajo el retrato oficial del presidente, respondía a quienes defendían la importación de productos. Su mensaje fue contundente: «Comeré la hierba de mi país y los extranjeros no me humillarán». La sala respondió con aplausos.
El reparto de papeles está ahora claro. El presidente retira el forraje verde a las vacas y su senador propone que los ciudadanos coman hierba. Los animales pierden el maíz y los ciudadanos ganan la hierba. Quizá sea la única política agrícola coherente del momento, ya que consigue reducir la demanda en lugar de aumentar la oferta.
El Consejo de Ministros se ha reunido, ha impartido once instrucciones y las patatas siguen sin aparecer. El Gobierno confía ahora en la próxima cosecha de El Oued, prevista para alrededor del 20 de noviembre. El régimen no gobierna los mercados, sino que espera a que llegue la temporada de recolección. Si se retrasa, siempre quedará la hierba propuesta por el senador.
