El 5 de noviembre, el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, reunió por videoconferencia a sus ministros y a los gobernadores de las wilayas. En el orden del día figuraban la puesta en marcha de una «plataforma digital de seguimiento diario de los precios y de la disponibilidad» de los productos básicos y una instrucción dirigida a los gobernadores para que adoptaran «medidas legales y disuasorias inmediatas» contra quienes provocan la escasez y manipulan los precios.
Dicho en términos sencillos, el Estado no sabe dónde han ido a parar las patatas, pero ya sabe a quién quiere meter en prisión.
La escena no es nueva. Se repite desde hace cinco años, siempre con el mismo guion. En octubre de 2021, Abdelmadjid Tebboune amenazó en dos ocasiones, durante una misma entrevista televisiva, con imponer la pena capital a los «especuladores». Dos meses después, la amenaza se convirtió en ley.
Publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2021, la ley contra la «especulación ilícita» contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes especulen con verduras, frutas, cereales o leche. Las condenas pueden alcanzar los 30 años en periodos de crisis y la cadena perpetua si los hechos se cometen en el marco de una organización criminal. Argelia es el único país del mundo que castiga a un vendedor de verduras como si fuera un traficante de armas.
Los tribunales, por su parte, han aplicado estas directrices con celo. En marzo de 2025, en Boumerdès, un comerciante que almacenaba unas 150 toneladas de patatas fue condenado en un juicio rápido a 15 años de prisión efectiva y a una multa de cinco millones de dinares. En Mostaganem, varios agricultores fueron procesados por publicar un vídeo en TikTok en el que pedían que no se recogieran las patatas porque su cultivo ya no resultaba rentable.
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Condenados a siete años de prisión por el tribunal penal especializado en ciberdelincuencia, vieron reducida su pena a cuatro años en apelación, en enero de 2026. Cuatro años de cárcel por decir delante de un teléfono que cultivar patatas suponía perder dinero.
El presidente Tebboune volvió a la carga en primavera. Durante el Consejo de Ministros del 8 de marzo de 2026, ordenó incluir a los especuladores en «listas negras» y prohibir de forma definitiva cualquier actividad comercial o de importación a las personas implicadas, según el diario gubernamental Horizons. Prohibir de por vida a un comerciante que ejerza el comercio. La sanción tiene, al menos, la virtud de ser coherente. El régimen quiere un mercado sin comerciantes.
Quedaba por fijar los precios. El 1 de octubre, una reunión interministerial estableció un precio máximo para las patatas de entre 80 y 90 dinares por kilo al por menor y de entre 60 y 70 dinares en origen, según explica Algérie-Eco. El mismo artículo recordaba un precedente poco alentador. En abril de 2025, el Gobierno ya había fijado un precio máximo de 400 dinares por kilo para los plátanos. Después, llegaron a venderse a 2.000 dinares en el mercado. El precio máximo acabó convirtiéndose en un precio mínimo y, finalmente, en una broma.
Las patatas han seguido el mismo camino en apenas un mes. El 3 de noviembre, la prensa local constató su desaparición de numerosos puestos de venta en el este de la wilaya de Bouira y en varias localidades de Alger. Allí donde todavía se encontraban, se vendían entre 110 y 140 dinares. El 5 de noviembre, Awras registró precios de hasta 150 dinares y comerciantes que preferían retirar el producto antes que venderlo con pérdidas.
Los mayoristas, conocidos como mandataires, se niegan a comprar a un precio y revender a otro fijado por decreto. Se les puede entender. Nadie trabaja para perder dinero, ni siquiera bajo amenaza.
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El Estado ha hecho, por tanto, lo que mejor sabe hacer. El 3 de noviembre, los agentes de control requisaron 3,5 toneladas de patatas en el mercado mayorista de Boumerdès porque sus propietarios no respetaban el precio regulado. Según informó Algérie360, se iniciaron inmediatamente actuaciones judiciales. La mercancía incautada no alimentará a nadie. Los comerciantes procesados dejarán de vender. Y la escasez, por su parte, no hará más que agravarse.
Ese es el límite de la política del miedo. La cárcel puede silenciar a un periodista, a un activista o a un internauta. Pero no hace crecer las patatas. Un agricultor que se expone a cuatro años de prisión por publicar un vídeo plantará menos el año próximo. Un mayorista que se arriesga a quince años por almacenar mercancía venderá lo mínimo posible. Y un comerciante amenazado con entrar en una lista negra preferirá dejar vacío su puesto antes que vender a pérdida.
Cada amenaza del régimen retira un poco más de mercancía del mercado, y cada episodio de escasez le proporciona un nuevo pretexto para amenazar. El círculo se cierra.
La plataforma digital anunciada el jueves, además, tiene un precedente que dice mucho sobre sus promesas. En mayo de 2026, ante la falta de neumáticos en el país, el régimen encargó su distribución a Naftal, la empresa pública de distribución de carburantes, y puso en marcha una «plataforma digital» para registrar las solicitudes de los automovilistas, según la agencia oficial APS. En la Argelia de Tebboune, los neumáticos ya no se compran, se reservan por internet, se recogen dentro de un plazo determinado y se exhiben como si fueran un trofeo.
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En julio, el director de Naftal aseguraba que la importación de 3,5 millones de neumáticos a partir de septiembre permitiría «poner fin a la escasez». En octubre, el ministro de Hidrocarburos, Mohamed Arkab, aplazó su llegada a los tres primeros meses de 2027. Los neumáticos ya tuvieron su aplicación; ahora las patatas tienen la suya. Ninguna de las dos produce absolutamente nada.
Porque ahí es donde reside realmente el problema, y no en los comerciantes. Aceite, leche, sémola, plátanos, carne, corderos para la Fiesta del Sacrificio, neumáticos y ahora patatas. Desde hace cinco años, las crisis de abastecimiento se suceden en Argelia como las estaciones del año. Todas siguen el mismo guion. El poder restringe las importaciones o fija un precio por decreto, el producto desaparece y el régimen señala a los «especuladores», los «lobbies» o las «manos extranjeras».
Después llegan las amenazas, las detenciones y las plataformas digitales, mientras el Gobierno espera a que se produzca la siguiente escasez. Nunca hay una evaluación, nunca dimite nadie y ningún ministro admite que la política gubernamental ha provocado precisamente la escasez que dice combatir.
Esta forma errática de gobernar tiene un nombre, la incompetencia. Un régimen incapaz de prever una cosecha, organizar un mercado mayorista, importar neumáticos a tiempo o mantener el valor de su moneda intenta compensar su ineptitud recurriendo al terror. Pero el miedo nunca ha llenado un puesto de mercado. Al contrario, vacía los mercados, desanima a quienes producen y a quienes venden, y deja a los argelinos con una única certeza: después de las patatas, faltará otra cosa. Y el régimen ya habrá encontrado a los culpables.
