La Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH) ha enviado una carta al embajador de España en Marruecos para denunciar el trato recibido por los migrantes que permanecen en Sebta tras las entradas masivas de finales de julio.
En un comunicado fechado el 31 de agosto, la organización expresa su «profunda preocupación e inquietud por lo que sufren varias personas en situación de tránsito en la ciudad de Sebta», donde denuncia «prácticas y vulneraciones que afectan a sus derechos fundamentales y a su dignidad humana».
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La OMDH señala la existencia de «datos y testimonios recurrentes» que indican que varias de estas personas han sido víctimas de «agresiones de carácter racista y de otras agresiones físicas».
Entre los hechos recogidos en la carta figuran «el incendio de las tiendas en las que vivían», así como «la obstrucción de algunas operaciones de asistencia humanitaria» y los impedimentos para que los migrantes puedan acceder a alimentos y servicios humanitarios esenciales.
La organización considera que estas prácticas constituyen «una violación grave de los principios relativos a los derechos humanos y de las obligaciones internacionales vinculadas a la protección de los migrantes y solicitantes de asilo».
También recuerda que «el respeto de la dignidad humana y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad siguen siendo una responsabilidad jurídica y moral que no admite discriminación».
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La OMDH pide a las autoridades españolas que adopten «las medidas necesarias para proteger a los migrantes frente a todas las formas de violencia y abuso» y que abran «una investigación imparcial e independiente sobre los hechos denunciados», aplicando las medidas legales correspondientes contra los posibles responsables.
La organización reclama igualmente que la ayuda y los servicios humanitarios lleguen a todos los migrantes «sin obstáculos ni discriminación». También solicita que las entidades marroquíes competentes en materia humanitaria y de derechos humanos puedan observar la situación sobre el terreno y evaluar las condiciones en las que viven las personas afectadas.
