La situación en Sebta ha dejado de ser una sucesión de incidentes aislados. Este lunes, la Policía Nacional realizó cargas y efectuó disparos al aire para desalojar a los migrantes que llevaban días concentrados ante el recinto de acogida de Loma Colmenar, esperando una plaza donde poder dormir, comer y asearse.
La intervención se produjo después de que varios migrantes lograran entrar en las instalaciones y quienes aguardaban fuera intentaran avanzar al mismo tiempo. La avalancha provocó empujones y enfrentamientos entre los propios concentrados, ante lo que los agentes desplegaron un amplio cordón policial y comenzaron a desalojar la zona.
Algunas de estas personas habían pasado allí la noche. Otras llevaban hasta diez días esperando. Cuando terminó la intervención, volvieron a encontrarse en el mismo punto de partida, deambulando por la ciudad sin saber dónde instalarse.
«Nos echan de la playa, nos echan de aquí, ¿dónde quieren que nos metamos?», preguntaba Ahmed, un marroquí de 29 años citado por El Mundo mientras buscaba, junto a otros migrantes, un nuevo lugar donde pasar la noche.
Miles de personas para unas plazas insuficientes
El recinto de Loma Colmenar, un antiguo aparcamiento utilizado para ordenar el tráfico hacia la frontera, fue acondicionado como dispositivo provisional de acogida. Dispone de tiendas militares, literas, zonas de sombra y aseos, pero su capacidad se ha mostrado muy inferior a las necesidades existentes.
Antes de los incidentes de este lunes, unas 1.300 personas se encontraban alojadas dentro, mientras entre 4.000 y 4.500 sobrevivían en las calles del barrio, de acuerdo con la estimación de la asociación vecinal de Loma Colmenar. Entre ellas había menores y mujeres con hijos. Algunas llevaban más de una semana durmiendo sobre cartones, mantas o colchones junto a la alambrada para no perder su turno.
Este lunes se permitió la entrada de varios cientos de migrantes después de que el Ejército habilitara una nueva carpa. La mayoría, sin embargo, quedó fuera. La apertura de las puertas desató los nervios entre quienes habían esperado durante días sin información clara sobre cuándo podrían acceder.
A la desesperación se sumó el rumor falso de que entrar en el campamento facilitaría la obtención de documentos para permanecer en Europa. Una nueva desinformación en una crisis que comenzó, precisamente, alimentada por mensajes engañosos difundidos en las redes sociales.
De un asentamiento a otro
El desalojo no resuelve el problema, solo lo desplaza. Durante el último mes, miles de migrantes han sido obligados a abandonar playas, solares, inmediaciones del hospital y otros espacios públicos sin que las autoridades españolas hayan podido ofrecer alojamiento suficiente.
Más de 1.200 personas fueron trasladadas el 20 de agosto desde la playa de El Trampolín, donde habían permanecido casi tres semanas a la intemperie. Parte fue llevada a Loma Margarita y otra al propio recinto de Loma Colmenar. Quienes no encontraron plaza siguieron durmiendo en calles, parques, portales, matorrales, naves abandonadas e incluso junto a canales de aguas residuales.
En la playa del Tarajal, más de 3.000 personas continuaban pasando la noche bajo plásticos y refugios improvisados este fin de semana. En otros barrios, vecinos organizados en grupos de WhatsApp patrullaban con palos para «espantar» a los migrantes. Varios jóvenes denunciaron haber sido golpeados y despojados de sus teléfonos y su dinero.
El malestar vecinal es real. También lo son el hambre, el agotamiento y el abandono de miles de personas que llevan un mes sobreviviendo sin condiciones mínimas. Enfrentar ambos sufrimientos como si uno anulara al otro solo agrava una crisis que ya amenaza con romper la convivencia de toda la ciudad.
Una emergencia humanitaria convertida en problema de orden público
Lo ocurrido este lunes llega después de varios episodios de extrema gravedad. Manifestantes bloquearon los vehículos de la Cruz Roja que transportaban comida y agua, obligando a suspender el reparto. Refugios improvisados fueron incendiados y colchones, mantas y otras pertenencias de los migrantes terminaron arrojados al mar.
Ahora, las personas que esperaban una cama han sido dispersadas mediante cargas y disparos al aire. No porque se hubiera habilitado para ellas otro alojamiento, sino para despejar el exterior de unas instalaciones desbordadas.
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La escena resulta todavía más difícil de explicar porque el Gobierno español declaró el pasado 25 de agosto la situación de interés para la Seguridad Nacional. El decreto reconocía que la capacidad ordinaria de acogida, asistencia y seguridad había sido superada y movilizaba recursos para garantizar alojamiento, alimentación y cobertura de las necesidades básicas. También identificaba varios terrenos, instalaciones militares y polideportivos susceptibles de ser utilizados durante la emergencia.
Seis días después, miles de personas continúan durmiendo al raso y la respuesta inmediata vuelve a consistir en expulsarlas del lugar en el que se habían concentrado.
Sebta ha entrado así en un círculo cada vez más peligroso. Los migrantes son desalojados de las playas y enviados hacia dispositivos sin plazas suficientes. Cuando permanecen fuera esperando una cama, vuelven a ser dispersados. Después buscan otro solar, otra acera o una nueva playa, hasta que una protesta vecinal o una intervención policial los obliga a marcharse de nuevo.
Ya no se trata únicamente de gestionar una entrada migratoria excepcional. Se trata de impedir que miles de seres humanos sigan siendo empujados de un lugar a otro, entre el hambre, la violencia callejera y una administración que, un mes después, todavía no ha conseguido decirles dónde pueden dormir.
