La tensión en Sebta ha cruzado una nueva línea. En apenas 24 horas, varios grupos de manifestantes trataron de expulsar a los migrantes de las playas, arrojaron al mar sus escasas pertenencias, destruyeron parte de sus asentamientos, prendieron fuego a varias estructuras e impidieron que la Cruz Roja pudiera entregarles agua y alimentos.
Los incidentes comenzaron durante la noche del miércoles, cuando unas 400 personas se dirigieron hacia la playa de El Trampolín, donde permanecen centenares de migrantes desde la entrada masiva de finales de julio. La Policía bloqueó el acceso para impedir que los manifestantes llegaran hasta ellos, pero algunos lograron arrojar al mar mantas, colchones y otros efectos personales. Los agentes utilizaron material antidisturbios para contener la situación, según informó RTVE.
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No se trataba de objetos prescindibles. Eran las pocas pertenencias de personas que llevan semanas durmiendo a la intemperie y dependiendo de la asistencia humanitaria, atrapadas en una ciudad en la que no pueden permanecer y de la que tampoco pueden salir mientras concluyen los procedimientos administrativos.
Un convoy obligado a retirarse
La escalada continuó el jueves. Decenas de vecinos realizaron una sentada en la carretera de Benítez para impedir el paso del convoy que se dirigía al punto de distribución de El Trampolín. Los vehículos transportaban las bolsas de comida y el agua que la Cruz Roja reparte diariamente entre los migrantes de la playa y otras personas que sobreviven dispersas por los montes y distintos puntos de Sebta.
Los manifestantes se sentaron frente al convoy y corearon «la Cruz Roja es una mafia». Uno de los participantes resumió abiertamente el objetivo de la protesta con otra frase: «Si les alimentamos no se irán nunca».
La Policía pidió inicialmente a los concentrados que despejaran la calzada. Aunque algunos se levantaron, continuaron avanzando lentamente para mantener bloqueados los vehículos. Finalmente, el convoy tuvo que abortar su entrada por indicación policial y se marchó sin poder completar el reparto previsto.
La protesta dejó así de dirigirse únicamente contra la gestión del Gobierno español. El agua y la comida destinadas a personas vulnerables se convirtieron en instrumentos de presión.
De los gritos a los incendios
Después del bloqueo, la concentración avanzó hacia la playa de Benítez, contigua a El Trampolín. Varios participantes se saltaron el cordón policial e irrumpieron en un pequeño asentamiento. Los migrantes que se encontraban allí huyeron hacia el muro situado detrás de la desaladora mientras los manifestantes destruían estructuras y enseres.
Sombrillas de paja utilizadas como refugio fueron incendiadas. Otros objetos y pertenencias también terminaron entre las llamas. Los altercados obligaron a intervenir a los antidisturbios y se produjeron cargas policiales para impedir que la destrucción continuara.
Los manifestantes portaban una gran bandera española y lanzaban consignas como «invasores, expulsión» mientras se dirigían hacia el lugar en el que se encontraban los migrantes. Las imágenes difundidas muestran una situación que ya no puede presentarse como una simple protesta vecinal. Destruir refugios improvisados, tirar colchones al mar y bloquear el suministro de alimentos son actos dirigidos contra personas concretas, no contra la Administración responsable de gestionar la crisis.
Marruecos pide su devolución, España acumula trámites
La permanencia de estos migrantes en las playas de Sebta no responde a una negativa de Marruecos a recibir a sus ciudadanos. El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha pedido a España la repatriación de los supervivientes de la entrada masiva, además de la devolución de los cuerpos de los fallecidos. Rabat también ha reclamado reiteradamente el regreso de los menores marroquíes y ha pedido superar los «obstáculos administrativos y judiciales» que retrasan su reunificación con sus familias.
El propio ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, reconoció públicamente la colaboración de Marruecos para facilitar el retorno de todos sus nacionales y subrayó que Rabat no había pedido nada «a cambio».
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Sin embargo, casi un mes después de la entrada masiva, la burocracia sigue imponiendo sus tiempos. Las autoridades españolas deben identificar individualmente a cada persona, determinar quién puede ser repatriado, resolver las solicitudes de asilo y aplicar garantías específicas en el caso de los menores. El propio Gobierno español admite que se trata de procedimientos con una importante «complejidad logística y burocrática».
Esa explicación jurídica no puede convertirse en una excusa para abandonar a miles de personas en playas y montes durante semanas. Mientras los expedientes avanzan lentamente, la tensión social crece y quienes terminan pagando el precio son los migrantes, expuestos ahora no solo a la precariedad, sino también a la hostilidad y la violencia.
