Durante la sesión plenaria dedicada al debate general del proyecto, celebrada en Rabat, los diputados cuestionaron el calendario de aplicación de varias iniciativas, entre ellas la revisión del impuesto sobre la renta (IR), el aumento de la pensión mínima de jubilación y las ayudas sociales directas. La oposición puso en duda que las subidas previstas sean suficientes para compensar el encarecimiento del coste de la vida y mejorar el poder adquisitivo de los hogares.
El grupo del Movimiento Nacional de Independientes (RNI) ha reconocido que el proyecto presupuestario contiene orientaciones positivas, aunque ha defendido que las partidas destinadas a inversión deben estar vinculadas a resultados y rentabilidad, y que las reformas sociales han de traducirse en mejoras concretas para los ciudadanos. También ha reclamado que el equilibrio de las cuentas públicas vaya acompañado de una mayor equidad y justicia territorial.
Entre los motivos de sus críticas, el grupo ha señalado el aplazamiento de las reformas sociales y fiscales hasta el final de la legislatura, la falta de medidas eficaces para combatir el encarecimiento de la vida y proteger a la clase media, así como la insuficiencia de mecanismos y reservas financieras para hacer frente a posibles crisis económicas y climáticas.
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En particular, ha cuestionado que la revisión del impuesto sobre la renta se desarrolle progresivamente hasta 2031, al considerar que su alcance podría resultar limitado frente al aumento del coste de la vida. También ha advertido de que numerosos hogares y ciudadanos no se beneficiarán de esta reforma, por lo que la protección del poder adquisitivo no puede depender exclusivamente de los cambios en este tributo.
Por su parte, el grupo del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) ha considerado que las cinco prioridades del PLF 2027 representan más una continuidad de las políticas ya iniciadas que un verdadero cambio de rumbo. Ha llegado a calificar el proyecto de «documento contable», al entender que distribuye los recursos siguiendo una lógica de asignación de partidas, sin una orientación económica y de desarrollo suficientemente definida.
La formación también ha llamado la atención sobre el desequilibrio entre inversión, crecimiento y empleo. A su juicio, el volumen considerable de inversiones no se está traduciendo en un crecimiento económico suficiente ni en una creación de puestos de trabajo acorde con los recursos movilizados. Para abordar esta situación, ha propuesto organizar unas jornadas nacionales que permitan alcanzar un pacto sobre inversión y crecimiento.
En materia de poder adquisitivo, el PJD ha precisado que no se opone a los aumentos anunciados, aunque los considera coyunturales e insuficientes ante la subida de los precios. Como ejemplo, ha señalado que el proyecto fija la pensión mínima de jubilación en 1.700 dírhams y aplaza hasta 2031 su incremento a 3.000 dírhams. «El presupuesto concede poco hoy y aplaza mucho para después de 2027», ha lamentado el grupo.
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El grupo del Movimiento Popular, por su lado, ha definido el proyecto como un «presupuesto tradicional», con escasa innovación a la hora de buscar nuevas fuentes de financiación y una dependencia considerable de los ingresos fiscales, aunque ha reconocido que incluye objetivos y orientaciones de interés.
Para mejorar el sistema de ingresos, ha defendido una mayor justicia fiscal mediante la ampliación de la base tributaria, la lucha contra la evasión y el fraude fiscales y la integración de las actividades de la economía informal. Asimismo, ha advertido de que el PLF 2027 prevé captar cerca de 120.000 millones de dírhams mediante préstamos, en un contexto en el que la deuda, especialmente el coste de su servicio, representa una carga cada vez mayor para las cuentas del Estado.
Por último, la Agrupación de la Alianza de la Izquierda ha cuestionado la estrategia del Gobierno y las hipótesis en las que se sustentan las medidas presupuestarias. El grupo ha criticado que varias iniciativas tengan como horizonte de aplicación el año 2031, frente a unas demandas ciudadanas que, a su entender, no pueden seguir esperando.
La formación ha reclamado que la ley de finanzas supere una visión centrada exclusivamente en las cifras y los equilibrios macroeconómicos para convertirse en un verdadero contrato social. En este sentido, ha defendido que garantizar una educación pública y una sanidad de calidad y gratuitas contribuiría a reducir la presión económica sobre la clase media y los sectores más vulnerables.
