El fin del mandato de la MINURSO sigue provocando lágrimas en algunos hogares. Tras 35 años de presencia en el Sáhara, la misión de Naciones Unidas debe ahora hacer las maletas.
Una salida discreta, que deja a algunos inconsolables. Estos vuelven entonces a sacar de los cajones de la ONU la lista de territorios no autónomos, en la que todavía figura el Sáhara Occidental.
El 10 de noviembre, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el embajador argelino Mehdi Litim invocó una «cuestión de descolonización aún sin resolver». Un estribillo siempre a mano para la prensa de un país que no deja de defenderse de ser parte del conflicto.
En otro registro, Ana Palacio, exministra española de Asuntos Exteriores, recuerda en una tribuna publicada el 7 de noviembre en El Mundo que la desaparición de la MINURSO no cambia la permanencia del Sáhara Occidental en esa lista. Una lectura que Ignacio Cembrero, periodista cuya pasión por Marruecos no conoce tregua, difundió de inmediato.
De acuerdo. Ya que nos invitan a desempolvar los archivos, al menos no nos saltemos páginas.
Remontémonos a 1963, año de la famosa inscripción.
Por entonces, el Sáhara Occidental seguía bajo administración colonial española. El Polisario aún no existía. No se fundaría hasta diez años después, con el temprano apoyo de la Libia de Gadafi, antes de encontrar rápidamente en la Argelia de Boumedienne y sus sucesores apoyo militar, financiero y diplomático, además de una retaguardia.
Marruecos, por su parte, desde que recuperó la independencia en 1956, había alzado la voz y estaba decidido a hacer valer sus derechos incluso ante Naciones Unidas para completar su integridad territorial.
Ante la negativa de Madrid y en plena guerra de Ifni, iniciada a finales de 1957, Rabat mantuvo la presión y logró recuperar Tarfaya en 1958.
El 11 de noviembre de 1960, ante la Cuarta Comisión, el representante marroquí quiso dejar las cosas claras y precisó que su Gobierno «considera Sebta y Melilia, así como los territorios de Ifni y del Sáhara Occidental, partes integrantes del territorio marroquí».
Para poner fin a las sutilezas administrativas con las que Madrid había creído poder revestir su presencia en el Sáhara, utilizó una fórmula inequívoca: «No cabe duda de que son colonias».
Colonias. Precisamente esa era la palabra que el general Franco se había empeñado en eliminar de la denominación oficial de las posesiones africanas de España a finales de los años cincuenta, cuando los vientos de la descolonización soplaban sobre África.
Como las colonias estaban destinadas a desaparecer, Madrid encontró una solución prodigiosa: bastaba con dejar de llamarlas colonias.
El Sáhara, Ifni y la Guinea Española pasaron así a presentarse como provincias. Un ascenso administrativo que permitía convertirlas, sobre el papel, en partes de España sin que esta renunciara a un solo kilómetro.
El método, además, no fue un invento del franquismo. El dictador español tuvo un precursor. El no menos dictatorial jefe del Gobierno portugués, António de Oliveira Salazar, había rebautizado ya en 1951 sus colonias como «provincias de ultramar».
De Angola a Mozambique, de Guinea Portuguesa a Macao, de Cabo Verde a Timor, esos territorios podían seguir bajo el dominio de Lisboa y, al mismo tiempo, presentarse como prolongaciones de la metrópoli.
Una igualdad de fachada, porque tras la proclamada unidad territorial, las poblaciones colonizadas seguían sometidas a regímenes jurídicos discriminatorios. En algunas posesiones africanas, por ejemplo, regía el estatuto de indigénat, que privaba a la mayoría de los habitantes de los derechos civiles reconocidos a los ciudadanos de las provincias peninsulares. El mismo autoritarismo, la misma visión imperialista y el mismo subterfugio jurídico.
Pese a su condición de provincia española, el Sáhara conservaba un régimen jurídico particular y seguía bajo la autoridad de un gobernador general, militar de carrera, que dependía directamente de la Presidencia del Gobierno español.
Descolonizar sin descolonizar. ¡Solo había que atreverse!
Madrid llevó el ejercicio aún más lejos y aseguró ante Naciones Unidas, en noviembre de 1958, que no administraba ningún territorio no autónomo, dado que —aunque parezca increíble— «sus territorios africanos habían sido […] constituidos en provincias españolas».
Pero la ONU no se dejó engañar. La cuestión del estatuto de esos territorios y de las obligaciones de las potencias coloniales fue objeto de debate en la Cuarta Comisión. El 15 de diciembre de 1960, la Asamblea General tomó nota del compromiso de Madrid de transmitir información sobre sus territorios africanos y recordó a Portugal sus obligaciones.
En ese contexto, el Sáhara español se incorporó en 1963 a la famosa lista de territorios no autónomos.
La potencia colonial que entonces estaba en el punto de mira de Naciones Unidas tenía nombre y apellidos: la España del general Francisco Franco.
Un detalle de peso que quienes gustan de desempolvar viejos archivos no deberían guardar en el fondo del cajón: mucho antes de 1963, Marruecos ya libraba la batalla diplomática por la descolonización de esos territorios. Había planteado ante los organismos de Naciones Unidas la cuestión de Ifni y del Sáhara español para reclamar el fin de la presencia colonial de Madrid y la reintegración de esos territorios en el Reino. Más aún, según un documento de la Comisión Europea publicado en 2018, el Sáhara Occidental fue incluido en la lista de territorios no autónomos a petición de Marruecos, después de que España transmitiera información sobre él.
Dos años más tarde, la resolución 2072 de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1965, instó a España, en su condición de potencia administradora, a adoptar las medidas necesarias para liberar a Ifni y al Sáhara español del dominio colonial e iniciar negociaciones sobre las cuestiones de soberanía relativas a ambos territorios.
¿Con qué juego de manos una inscripción concebida originalmente para poner fin a la presencia colonial española acaba invocándose, más de sesenta años después, como si se hubiera decidido contra Marruecos?
La inclusión del Sáhara en esa lista conserva, ciertamente, un valor jurídico, pero no puede borrar las circunstancias históricas en las que se produjo ni las reivindicaciones marroquíes que la precedieron.
España abandonó el Sáhara hace medio siglo. Desde hace décadas, el Consejo de Seguridad dirige los esfuerzos para alcanzar una solución política al conflicto. Sin embargo, el territorio sigue figurando en la lista de territorios no autónomos y siendo examinado por la Cuarta Comisión. El profesor Issa Babana El Alaoui considera que esta coexistencia constituye «una anomalía institucional».
Si los archivos de Naciones Unidas tienen una memoria larga, la historia diplomática no se ha quedado congelada en el tiempo. Por mucho que les pese a quienes defienden el statu quo.
La resolución 2797, aprobada por el Consejo de Seguridad en 2025, lo demuestra. Ahora sitúa la propuesta marroquí de autonomía en el centro de las negociaciones.
Pero, como algunos prefieren no mirar de frente la realidad actual, se refugian en el pasado, aunque para ello tengan que ofrecer una lectura igual de selectiva.
Franco creyó que podía borrar la realidad colonial sustituyendo una palabra por otra. Hoy, algunos recurren a otras contorsiones y esgrimen una página de los archivos de la historia como si, por sí sola, contuviera todo el expediente.
