La jornada de las elecciones legislativas de 2026, celebrada este miércoles 23 de septiembre, estuvo marcada por una fuerte polémica en Internet en la circunscripción electoral de Tánger-Medina. Varios vídeos difundidos en redes sociales pretendían mostrar supuestas irregularidades y alteraciones atribuidas a simpatizantes del PAM en las inmediaciones de algunos colegios electorales.
Ante la rápida difusión de estas imágenes y de las informaciones que las acompañaban, la dirección colegiada del PAM decidió intervenir para aclarar los hechos. En un comunicado oficial, el partido expresó su sorpresa por la magnitud de esta campaña, que calificó de intento de desinformación deliberadamente orquestado para perturbar el desarrollo de la votación.
Una «maniobra política» atribuida a sus rivales
En su comunicado, la dirección del PAM sostiene que los incidentes denunciados no son fruto de la casualidad. La formación los considera parte de una maniobra política premeditada, impulsada por sectores rivales que, según el partido, se sienten amenazados por su implantación territorial y por el respaldo ciudadano a su programa electoral.
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Según los responsables del PAM, la preocupación de sus adversarios ante las posiciones y los resultados que la formación asegura haber cosechado les habría llevado a recurrir a métodos desleales y a una escalada de acusaciones con el único objetivo de dañar la imagen del partido, de sus candidatos y de sus militantes.
El caso, en manos de la Fiscalía
Con el objetivo de esclarecer los hechos y poner fin a la polémica, el PAM ha decidido llevar el asunto ante la justicia. La formación expresa su pleno respaldo a la apertura inmediata de una investigación exhaustiva bajo la supervisión de la Fiscalía General competente.
La dirección del partido asegura que busca esclarecer las circunstancias de estos hechos e identificar a los responsables de unas acusaciones que considera difamatorias. Tras reiterar su confianza en las instituciones del Estado y en el sistema judicial, el PAM advierte de que se reserva el derecho a emprender acciones penales contra cualquier persona que haya contribuido a dañar su reputación o la de sus representantes.
