En su aclaración, la DGAPR lamenta que ambas organizaciones hayan ignorado las explicaciones que ya había ofrecido en sus comunicados del 24 de septiembre y del 6 de octubre de 2026 sobre la situación de los presos afectados.
Según la Delegación, las dos organizaciones se basaron exclusivamente en informaciones falsas difundidas por determinados periódicos y medios digitales que, según afirma, mantienen posiciones contrarias a la integridad territorial del Reino.
La DGAPR recuerda que actualmente solo cinco presos mantienen una huelga de hambre, y no ocho. Precisa que el 23 de septiembre de 2026 seis internos de este grupo, cinco de ellos encarcelados en la prisión central de Kenitra y uno en la prisión local de Tiflet 2, notificaron a las direcciones de sus respectivos centros penitenciarios su decisión de iniciar la protesta.
El 30 de septiembre de 2026, el preso (N. A.) puso fin a su huelga de hambre. En cuanto a los demás internos de este grupo, recluidos en distintos centros penitenciarios, la Delegación afirma que no secundan ninguna huelga de hambre y que realizan sus comidas diarias en condiciones normales.
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Los presos afectados reciben atención conforme al protocolo vigente y permanecen bajo supervisión médica continua. Asimismo, se benefician de las visitas institucionales previstas por la ley.
En cuanto a las solicitudes de traslado a centros penitenciarios situados en las provincias del sur del Reino, el interno (B. K.) fue trasladado el 23 de septiembre de 2026 desde la prisión local de Tiflet 2 a la prisión local de El Aaiún, al cumplir los criterios exigidos para ingresar en el centro solicitado. Entre ellos figura que le resten por cumplir no más de cuatro años de condena. La DGAPR señala, además, que este preso no participaba en la huelga de hambre.
Ese mismo día, el interno (N. A.) fue trasladado, a petición propia, a la prisión local de Al-Oudaya, en Marrakech. Por su parte, el preso (H. D.) fue trasladado a la prisión local de Ben Guerir como medida disciplinaria, tras cometer una infracción grave en el centro penitenciario donde se encontraba recluido.
Tras su traslado, los presos afectados pudieron ponerse en contacto con sus familiares para informarles de su nuevo lugar de detención, de conformidad con las disposiciones legales que regulan los centros penitenciarios. También recibieron visitas de sus allegados.
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La DGAPR subraya, por último, que las organizaciones que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos deben actuar con objetividad al publicar informes y comunicados y realizar las comprobaciones necesarias. Asimismo, les insta a no limitarse a fuentes concretas que, mediante la difusión de informaciones erróneas, buscan engañar a la opinión pública con fines que califica de sospechosos.
