Las jornadas de paro observadas la semana pasada y reeditadas este miércoles en varios distritos de Casablanca traducen, según los profesionales del sector, un malestar que va más allá de la mera escalada de los carburantes. Detrás de las movilizaciones subyacen reivindicaciones estructurales sobre los costes de explotación, el precio mínimo de la carrera, la protección social y la convivencia con los nuevos modelos de movilidad. «La situación económica y social de los profesionales del taxi continúa deteriorándose mientras los costes operacionales aumentan y los ingresos ya no resultan suficientes», señala Mohammed Ayat, coordinador regional del Sindicato Nacional del Sector del Taxi, afiliado a la Unión Nacional del Trabajo en Marruecos (UNTM).
En el centro de las reivindicaciones figura, en primer lugar, la bajada de bandera o tarifa mínima de las carreras, que los profesionales esperan ver subir a 10 dirhams para un solo viajero y a 15 dirhams para un grupo de tres personas. A continuación se sitúa el precio del gasóleo. Para los conductores, el mecanismo de ayuda excepcional articulado para hacer frente a la escalada de los combustibles ya no resulta suficiente para absorber el incremento de los costes operacionales. La subida del carburante se suma, de hecho, a los gastos de mantenimiento de los vehículos, piezas de repuesto, seguros, tasas y demás costes vinculados a la actividad.
«El apoyo excepcional ha permitido atenuar una parte de la presión, pero su cuantía sigue siendo insuficiente y su pago no siempre es regular», explica Mohammed Ayat. El sindicato solicita así la implantación de un mecanismo más duradero, en particular con un «gasóleo profesional» destinado a los transportistas. En su defecto, exige un tope al precio del gasóleo destinado al transporte público.
Los profesionales piden asimismo una revisión al alza de la ayuda excepcional, con el fin de que se adecue mejor a la evolución real de los precios de los carburantes, así como una mayor regularidad en su abono. La central sindical alude, en concreto, a la ausencia de subsidio durante el mes de junio y la primera mitad del mes de julio, circunstancia que considera perjudicial para los conductores.
Más allá del precio en el surtidor, se plantea igualmente la cuestión de los márgenes comerciales en el sector de los hidrocarburos. El sindicato exige un control efectivo del mercado y una mayor transparencia en la fijación de precios. Reclama además medidas fiscales temporales, especialmente respecto al impuesto interior sobre el consumo (TIC) y el IVA de los carburantes, así como una supervisión de los márgenes de las compañías distribuidoras.
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«Pedimos que se abra el debate sobre la estructura de los precios de los carburantes y sobre los márgenes, pero también que las ayudas puedan llegar directamente a los conductores que ejercen realmente», añade Mohammed Ayat. El sindicato propone, a este respecto, basarse en los datos de la tarjeta profesional electrónica para identificar mejor a los profesionales efectivamente activos.
La competencia de las aplicaciones de transporte, en el centro de las tensiones
Otro asunto que cristaliza las tensiones es la competencia de las aplicaciones de transporte VTC. Para los taxistas, el desarrollo de plataformas digitales que operan fuera del marco regulatorio actual genera una situación de competencia que consideran desequilibrada.
No obstante, la central sindical afirma no oponerse a la digitalización del sector. Reclama más bien un marco jurídico que permita a los conductores profesionales beneficiarse también de las herramientas digitales. «No se trata de luchar contra la tecnología ni contra la digitalización, sino de integrarla en un marco legal que proteja tanto al profesional como al ciudadano», subraya Mohammed Ayat.
En esta perspectiva, el sindicato aboga por la elaboración de un pliego de condiciones claro para el transporte a través de aplicaciones y por la autorización a los conductores profesionales con tarjeta de confianza electrónica para ejercer legalmente en estas plataformas. Solicita asimismo que se asocie a los representantes del gremio en la redacción del futuro marco normativo.
La protección social, otro punto de fricción
La cobertura social constituye otro punto de fricción. El sindicato denuncie las dificultades vinculadas al sistema actual, en particular el hecho de que la tarjeta profesional pueda servir de referencia para determinar el acceso a la protección social y la cuantía de las cotizaciones, cuando no siempre permitiría distinguir a los conductores que ejercen en la práctica de aquellos que ya no trabajan o cuyos ingresos son irregulares.
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Esta situación habría provocado, según los profesionales, la acumulación de cotizaciones y deudas para algunos titulares de tarjetas profesionales que no ejercen efectivamente la actividad. «No se pueden hacer pesar deudas sobre profesionales que no trabajan o que no han tenido ingresos regulares sin abordar primero el origen del problema», opina el coordinador regional.
Los responsables del sector reclaman así la condonación de las deudas y cotizaciones acumuladas en este marco y una nueva definición de los beneficiarios de la cobertura social, fundada en el ejercicio efectivo de la profesión. Desean en concreto que la tarjeta de confianza electrónica permita identificar a los conductores activos y tener en cuenta el número de días trabajados.
Se plantea igualmente la situación de los conductores empleados por propietarios que disponen de varios contratos o por empresas. El sindicato exige que estos trabajadores sean dados de alta de conformidad con el Código del Trabajo y que se adopten medidas contra las compañías que incumplan sus obligaciones.
Modernizar el parque móvil y acelerar la transformación digital
Otra reivindicación de fondo es la modernización de la flota de vehículos. Para los profesionales, la renovación del parque móvil constituye ya una necesidad, especialmente ante las exigencias medioambientales, los retos de seguridad y la evolución de los hábitos de los usuarios.
Piden por tanto la reanudación y aceleración del programa de renovación del parque, con una revisión de la cuantía de las ayudas para tener en cuenta el encarecimiento de los vehículos. Abogan asimismo por la adquisición de automóviles de menor consumo, híbridos o eléctricos, facilitando al mismo tiempo el acceso a la financiación en condiciones adaptadas a las realidades económicas del sector.
«La renovación del parque debe ir de la mano de una verdadera transformación del sector, en particular en los planos tecnológico y digital», señala Mohammed Ayat. El objetivo declarado es permitir que los taxis se integren mejor en las nuevas formas de movilidad y mejorar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.
Detrás del conjunto de estas demandas, los profesionales reclaman sobre todo una visión a más largo plazo para el sector. Apuntan asimismo al retraso en la publicación de los resultados del estudio encargado a una consultora, anunciado por el Ministerio del Interior el año pasado, que consideran un elemento clave para el futuro de la profesión.
«El sector del taxi no puede seguir funcionando con soluciones puntuales ante problemas que se han vuelto estructurales», concluye Mohammed Ayat. Para la central sindical, la salida de la crisis pasa ya por decisiones duraderas en materia de carburantes, tarifas, protección social, competencia, renovación del parque móvil y transformación digital del sector.
