Un grupo de expertos independientes en derechos humanos, bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha dado la voz de alarma ante la represión deliberada y metódica que sufren los familiares de víctimas de desapariciones forzadas en Argelia. Prácticas como las detenciones secretas, los arrestos sin orden previa o la clausura de entidades civiles dibujan el perfil de un Estado que busca silenciar a quienes exigen justicia.
El primer caso destacado por los expertos de la ONU es el de Rachid Ben Nakhla, arrestado en abril de 2026 bajo circunstancias que las autoridades argelinas se niegan todavía a esclarecer. A través de un comunicado, los relatores han instado a Alger a «revelar de inmediato el paradero y las condiciones de detención» de este activista y a «proceder a su liberación sin demora».
La lista de afectados es más extensa. Los expertos también informaron sobre la «detención arbitraria, incluso en régimen de incomunicación» de otras tres personas —Hamza Tellaa, Samia Bekouche y Slimane Hamitouche—, quienes fueron «detenidas sin orden judicial» antes de ser puestas en libertad. Estos arrestos, aunque resulten temporales, suponen graves violaciones del derecho internacional según los especialistas.
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Naciones Unidas se muestra tajante al respecto y señala que «cuando los agentes estatales se niegan a reconocer la detención de una persona, o bien ocultan deliberadamente su suerte o su paradero, tales actos constituyen una desaparición forzada, incluso si se prolongan por un periodo breve».
Su único delito es la búsqueda de sus desaparecidos
Los cuatro afectados son «familiares de víctimas de desaparición forzada y miembros de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos» cuyo objetivo es localizar a las personas desaparecidas. Entre estas entidades destacan el Colectivo de Familias de Desaparecidos en Argelia (CFDA) y su asociación local, SOS Disparus.
Los expertos de la ONU denuncian explícitamente «el acoso y la intimidación contra los familiares de los desaparecidos forzosos que se dedican a la búsqueda de sus seres queridos y a la lucha por la verdad». En este sentido, afirmaron que «las familias tienen derecho a la verdad» y advirtieron de que «cualquier obstáculo a este derecho agrava su sufrimiento y genera un efecto disuasorio en toda la sociedad civil».
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Alger también ha puesto en su punto de mira a las propias estructuras asociativas. El pasado 16 de marzo de 2026, las autoridades argelinas procedieron al cierre y precinto de las oficinas de SOS Disparus alegando una «falta de autorización previa». Se trata de un pretexto administrativo que los expertos han acogido con escepticismo, lamentando que «restricciones indebidas de este tipo impidan que las familias se organicen y realicen actividades relacionadas con las desapariciones forzadas».
Alger ante sus obligaciones internacionales
Los expertos de la ONU recordaron a Alger que «la prohibición de las desapariciones forzadas es absoluta e imperativa en el derecho internacional», lo que conlleva la obligación ineludible de investigar estos hechos y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la ley.
«Argelia tiene la obligación de proteger tanto a los allegados de los desaparecidos como a los defensores de los derechos humanos frente a cualquier forma de represalia, acoso o intimidación», insistieron los relatores, subrayando la necesidad de garantizar plenamente el derecho a la libertad, a un juicio justo y a la libertad de reunión pacífica.
Bajo estas premisas, el organismo internacional solicitó el «pleno respeto a las garantías procesales fundamentales» y el fin de las represalias contra los miembros del CFDA y de SOS Disparus. Finalmente, exigieron la reapertura de la sede de la asociación y la provisión de «recursos efectivos, incluyendo el acceso a la justicia, para impugnar la legalidad de estas medidas».
