Todo comenzó en el otoño de 2017. Las reservas de divisas se habían desplomado, pasando de 194.000 millones de dólares a finales de 2013 a unos 100.000 millones. El déficit presupuestario había rozado el 15% del PIB en 2015. En lugar de emprender reformas, el Gobierno de Ahmed Ouyahia optó por la vía más fácil: modificar la Ley de Moneda y Crédito para autorizar al Banco de Argelia a prestar dinero directamente al Tesoro Público. Así nació el artículo 45 bis, bajo el eufemismo de «financiación no convencional». Los argelinos, por su parte, lo llamaron por su nombre: la máquina de imprimir dinero.
En poco más de un año, la maquinaria funcionaba ya a pleno rendimiento. A 31 de enero de 2019, el Banco de Argelia había creado 6,556 billones de dinares, una cantidad equivalente aproximadamente a un tercio del PIB del país. Ese dinero no respondía a ninguna riqueza nueva. Servía para pagar salarios, cubrir el déficit, saldar las deudas de Sonatrach y Sonelgaz y rescatar a la Caja Nacional de Pensiones.
2019, un abandono de cara a la galería
En junio de 2019, en pleno movimiento de protesta del Hirak, el Gobierno anunció el abandono de la financiación no convencional. Abdelmadjid Tebboune, elegido presidente en diciembre, se comprometió a no recurrir ni al endeudamiento exterior ni a la impresión de dinero. Pero la promesa no resistiría la realidad de las cuentas públicas.
Ya en julio de 2021, el Banco de Argelia puso en marcha un «programa especial de refinanciación» por valor de 2,1 billones de dinares. El mecanismo era más discreto, pero el resultado seguía siendo el mismo. El Tesoro Público compraba a los bancos estatales los créditos concedidos a las empresas públicas y les entregaba bonos a cambio. Los bancos depositaban esos bonos en el Banco de Argelia, que les proporcionaba liquidez. Y esa liquidez se utilizaba para adquirir nuevos títulos de deuda del Tesoro. La propia prensa argelina comenzó entonces a hablar de una «máquina de imprimir dinero encubierta».
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Desde entonces, el circuito se ha institucionalizado. Los bancos públicos absorben una proporción cada vez mayor de la deuda interna y se refinancian a través del banco central, cuyo balance engorda con títulos de deuda pública en lugar de divisas. La Ley de Finanzas de 2026 flexibiliza todavía más los límites y los plazos de los anticipos concedidos por el Banco de Argelia al Tesoro, que podrá intervenir a partir de ahora «de manera discrecional».
El déficit previsto para 2026 alcanza los 5 billones de dinares, aproximadamente el 12% del PIB. El ministro de Finanzas asegura que se financiará «íntegramente mediante deuda interna» y que «no supone ningún riesgo para la estabilidad de los precios». Dicho de otro modo, es el banco central, directamente o a través de los bancos públicos, quien sigue sosteniendo las finanzas del Estado.
El FMI no se deja engañar. En julio de 2026, al término de su misión anual, señaló que la financiación del Estado por parte del banco central «había aumentado» en 2025 y pidió a Argelia que pusiera fin a esta práctica. El déficit alcanzó el 10,5% del PIB en 2025, un nivel que el organismo considera «muy elevado», mientras que la deuda pública se situó en el 52,1% del PIB.
Los riesgos de una bomba de relojería
Las autoridades esgrimen una cifra para tranquilizarse: la inflación oficial descendió hasta el 2,2% en septiembre de 2025. Pero ese dato refleja, sobre todo, la eficacia de los precios regulados y las subvenciones, no la salud de la moneda. Los riesgos, en cambio, son muy reales.
El primero es una inflación contenida artificialmente. Cuando la masa monetaria crece más deprisa que la producción, el exceso de dinares siempre acaba manifestándose en algún lugar. Por ahora, se mantiene a raya gracias a los precios máximos y a las subvenciones masivas. Pero basta con observar los mercados: entre finales de junio y mediados de agosto de 2026, el precio de una bandeja de huevos aumentó alrededor de un 65% y el del pollo, un tercio. El día en que el Estado ya no disponga de recursos para mantener las subvenciones, los precios acabarán reflejando de golpe todo el dinero puesto en circulación.
El segundo riesgo es el desplome de la confianza en el dinar. El 8 de octubre, el euro se cambiaba a 150 dinares en los bancos y a 276 dinares en el mercado paralelo, una diferencia superior al 80%. Esa brecha revela lo que los propios argelinos piensan de su moneda: buscan refugio fuera de ella. Cada dinar emitido sin respaldo alimenta el mercado negro, la economía informal y el atesoramiento de divisas.
El tercero es el agotamiento de las reservas de divisas. En 2025 habían caído hasta los 51.000 millones de dólares. Según las proyecciones del FMI, en 2031 podrían reducirse a apenas 19.800 millones, el equivalente a poco más de tres meses de importaciones. Y Argelia importa buena parte de los alimentos que consume. Sin reservas suficientes, el país se vería obligado a devaluar su moneda. Y una devaluación en una economía dependiente de las importaciones se traduce en una subida brusca de los precios de los alimentos.
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El cuarto riesgo reside en la dependencia circular entre el Estado, los bancos públicos y el banco central. El Tesoro se endeuda con los bancos estatales, que a su vez obtienen financiación del Banco de Argelia, que acepta como garantía los títulos de deuda del propio Tesoro. El circuito queda así cerrado. Funciona mientras nadie examine detenidamente los balances. Pero se vuelve peligroso en cuanto las empresas públicas, ya mantenidas a flote mediante ayudas constantes, dejan de devolver sus préstamos.
El quinto es la asfixia del sector privado. Los bancos prestan dinero al Estado y a las empresas públicas, mientras que el crédito destinado a las compañías privadas permanece estancado. De este modo, la parte de la economía que podría generar empleo y exportaciones al margen de los hidrocarburos se queda sin financiación.
El sexto y último riesgo es la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del precio del petróleo. Todo este engranaje descansa sobre las rentas de los hidrocarburos. Una nueva caída prolongada de los precios privaría al Estado, simultáneamente, de ingresos, divisas y margen de maniobra. Entonces solo quedaría recurrir a la máquina de imprimir dinero, esta vez sin ninguna red de seguridad. Venezuela ya ha mostrado adónde conduce ese camino.
El dinero fácil que permite aplazar las reformas
La peor consecuencia de imprimir dinero no es económica, sino política. Este mecanismo permite al régimen aplazar indefinidamente las reformas: la del sistema de subvenciones, la de las empresas públicas, la del sistema fiscal y la de la Administración. Le permite ganar tiempo y comprar paz social, trasladando la factura al futuro.
Nueve años después de 2017, Argelia sigue dependiendo tanto como entonces de los hidrocarburos, sus déficits son más abultados y sus reservas, más escasas.
El FMI habla de «urgencia». El Gobierno argelino habla de estabilidad. Los jóvenes que se lanzan al mar y las familias que cambian sus ahorros por euros en el mercado negro ya han sacado sus propias conclusiones.
