Según el escrito de acusación, revelado por Europa Sur, los hechos se remontan al periodo comprendido entre finales de 2022 y mediados de 2023, cuando los acusados habrían organizado decenas de traslados de restos textiles desde Marruecos hasta el Campo de Gibraltar sin contar con autorización ambiental.
La investigación sostiene que, mediante dos sociedades distintas, se realizaron un total de 85 cargamentos que permitieron introducir 1.801,4 toneladas de ropa y retales textiles a través del Puerto de Algeciras.
Los residuos fueron posteriormente almacenados en naves industriales situadas en San Roque que, según la Fiscalía, tampoco reunían las condiciones legales exigidas para albergar este tipo de materiales.
El Ministerio Público considera que los traslados vulneraban de forma sistemática la normativa europea sobre residuos, ya que nunca se presentó la documentación obligatoria ante el Ministerio español para la Transición Ecológica, pese a tratarse de movimientos transfronterizos regulados por el Convenio de Basilea.
La Fiscalía califica los hechos como delitos contra los recursos naturales y el medioambiente agravados por la ausencia de autorización administrativa.
Para los dos acusados principales solicita un año y medio de prisión e inhabilitación para actividades vinculadas a la gestión de residuos. En el caso de las empresas implicadas, reclama multas económicas y la prohibición de desarrollar actividades relacionadas con residuos durante dos años.
