La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha denunciado ante la Audiencia Nacional la difusión de un fichero que contiene datos personales de cerca de un millar de policías nacionales, guardias civiles y militares españoles.
El documento, formado por casi 500 páginas, incluye nombres, apellidos, fotografías, números de teléfono, usuarios de Telegram y contactos considerados de interés dentro de las agendas de algunas de las personas afectadas, según las informaciones publicadas sobre la filtración.
El archivo incorpora además un encabezado en ruso con la expresión «Lista de fuerzas de seguridad españolas». La difusión ha sido atribuida en medios especializados al grupo de hackers prorruso NoName057, aunque las autoridades españolas todavía no han confirmado públicamente la autoría.
La Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia investigan el origen de la información y el objetivo perseguido con su publicación. Jucil pide que las pesquisas determinen si los datos fueron obtenidos mediante un acceso ilícito a sistemas, dispositivos, cuentas personales o bases de datos.
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En su denuncia ante la Audiencia Nacional, la asociación reclama que se identifique a quienes obtuvieron la información, participaron en la elaboración del documento y posteriormente lo difundieron.
Jucil también ha solicitado medidas cautelares urgentes para retirar o bloquear el fichero allí donde sea posible. Al mismo tiempo, pide conservar todas las pruebas digitales necesarias para reconstruir su recorrido e identificar los canales y perfiles utilizados para compartirlo, especialmente en Telegram.
La asociación advierte de que la combinación de los datos expuestos podría permitir identificar, localizar o contactar directamente con los agentes. El documento también podría facilitar operaciones de vigilancia, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación o selección de posibles objetivos.
«La seguridad y la intimidad de nuestros compañeros guardias civiles y de sus familias no pueden convertirse en moneda de cambio ni quedar expuestas impunemente en internet», declaró el secretario general de Jucil, Ángel Lezcano.
La organización ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de los afiliados afectados y les ha recomendado conservar pruebas de la publicación de sus datos, extremar las precauciones ante intentos de fraude o suplantación y comunicar cualquier contacto sospechoso.
La Audiencia Nacional deberá decidir ahora si admite la denuncia y abre diligencias. Por el momento, no se ha determinado oficialmente si toda la información procede de una única brecha de seguridad ni el número exacto de personas afectadas.
