A poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, la inmigración y las relaciones con Marruecos se han convertido en dos de los principales terrenos de confrontación política en España. El lenguaje empleado por determinados responsables públicos tras los acontecimientos de Sebta ha provocado una reacción de la sociedad civil, que denuncia la utilización del miedo y la estigmatización de los migrantes con fines electorales.
Esta instrumentalización política también ha sido objeto de críticas por parte de Marruecos, que en los últimos meses ha denunciado el uso de la inmigración y de los discursos hostiles hacia los migrantes como armas de confrontación en España, especialmente tras los acontecimientos de Sebta. Las movilizaciones muestran ahora que el rechazo a esta deriva también se expresa desde la propia sociedad civil española, preocupada por las consecuencias de una retórica que alimenta la hostilidad y la estigmatización.
En un manifiesto impulsado por organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Oxfam Intermón, Red Acoge, No Name Kitchen y la Plataforma de Infancia y la Federación de Sindicatos de Periodistas, entre otras, los firmantes denuncian el lenguaje empleado por determinadas autoridades para referirse a los acontecimientos de julio en Sebta. Critican el uso de expresiones «estigmatizantes, deshumanizantes y degradantes, incluso belicistas» que, advierten, pueden alimentar el odio y la violencia contra las personas migrantes, además de sembrar el miedo y el rechazo entre la población.
Las denuncias van más allá del discurso político. Los firmantes alertan también de la creciente criminalización de las organizaciones humanitarias y del rechazo a la acogida de menores migrantes no acompañados. A su juicio, esta retórica contribuye a presentar a las personas migrantes como una amenaza, relegando sus derechos y su dignidad a un segundo plano en beneficio de la confrontación partidista.
Las protestas, convocadas entre el 22 y el 27 de octubre, buscan precisamente contrarrestar esa tendencia y reclamar «humanidad, derechos y dignidad» frente al aumento del racismo.
El discurso de odio aumenta un 76 % tras los acontecimientos de Sebta
La preocupación expresada por las organizaciones encuentra respaldo en los propios datos oficiales españoles. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, registró en agosto 101.025 contenidos de odio y narrativas discriminatorias susceptibles de ser reportados en redes sociales, frente a los 57.406 detectados en julio. El incremento fue del 76 %.
El informe señala que el 39 % de los contenidos analizados en agosto estaban vinculados a las entradas migratorias de Sebta. Las narrativas detectadas se dirigían principalmente contra personas migrantes y de origen norteafricano, presentadas con frecuencia como una amenaza para la seguridad y la convivencia.
Los datos revelan además que el 37 % de los mensajes analizados incluía contenidos deshumanizantes y que el 58 % recurría a un lenguaje abiertamente agresivo.
La dimensión política de este fenómeno también ha provocado reacciones institucionales. El Ministerio de Igualdad español llegó a solicitar a la Fiscalía que examinara las declaraciones de José María Figaredo, dirigente de Vox, después de que utilizara expresiones como «caza y pesca» para referirse a migrantes y calificara su llegada de «invasión». El departamento pidió estudiar si esas manifestaciones podían constituir un delito de odio.
Las denuncias de violencia en Sebta, en el centro de las protestas
Las organizaciones también ponen el foco en las denuncias de violencia y malos tratos contra migrantes en Sebta, así como en la falta de garantías para las personas más vulnerables. Reclaman que se investiguen los posibles abusos cometidos tras las entradas de finales de julio y que las autoridades garanticen una protección efectiva de los derechos fundamentales.
El documento denuncia golpes, humillaciones, persecuciones y tratos degradantes contra migrantes. Sus firmantes reclaman que ninguna persona que haya denunciado torturas, malos tratos u otros abusos sea expulsada sin que se garantice su acceso a la justicia.
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También exigen que las autoridades investiguen las denuncias presentadas por migrantes, organizaciones humanitarias y periodistas, y que se proteja la labor de quienes documentan lo que sucede sobre el terreno.
Cabe recordar que en las últimas semanas han salido a la luz numerosos testimonios, vídeos y grabaciones de audio que documentan o denuncian presuntas agresiones, vejaciones y malos tratos contra migrantes en Sebta. Estas informaciones, recogidas por medios españoles y acompañadas de denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional, han puesto bajo escrutinio la actuación de las fuerzas de seguridad y de militares destinados en el enclave.
Las organizaciones advierten de que la situación no puede abordarse únicamente desde una perspectiva policial o de control fronterizo. Reclaman que las administraciones garanticen condiciones de vida dignas, atención sanitaria, acceso a la protección internacional y mecanismos efectivos para prevenir la violencia.
Los firmantes reclaman igualmente una protección reforzada para los menores migrantes no acompañados, las mujeres con hijos a su cargo, las personas sin hogar y quienes solicitan asilo. Rechazan que la situación administrativa de estas personas pueda servir de pretexto para negarles asistencia o limitar sus derechos fundamentales, y recuerdan que las autoridades tienen la obligación de garantizar su seguridad y dignidad.
Una movilización que se extiende por toda España
Las primeras concentraciones se celebraron el 22 de octubre en Algeciras y Palma de Mallorca. Para los próximos días están previstas protestas en Madrid, Bilbao, Granada, Logroño, Vigo, Elche y Vitoria-Gasteiz, mientras que Murcia y Valencia acogerán movilizaciones el 27 de octubre. También se ha anunciado una concentración en A Coruña para el 8 de noviembre.
El movimiento pretende trasladar el debate más allá de Sebta y cuestionar la normalización de los discursos xenófobos en el conjunto de España. Sus impulsores consideran que las consecuencias de los acontecimientos de julio no se limitan a la gestión de una frontera, sino que afectan directamente a la convivencia y al tratamiento de la población migrante en todo el país.
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La iniciativa tampoco surge de manera aislada. Ya en septiembre, numerosas organizaciones sociales habían reclamado a las administraciones españolas una respuesta humanitaria más eficaz ante la situación de miles de personas que permanecían en Sebta.
Aquella petición alertaba de la precariedad de las condiciones de acogida, la situación de los menores sin referentes familiares y los riesgos de instrumentalización política de la inmigración.
Las políticas migratorias europeas, también bajo crítica
El manifiesto incorpora igualmente una crítica al modelo europeo de gestión migratoria. Para sus promotores, lo ocurrido en Sebta evidencia las limitaciones de unas políticas centradas en el control fronterizo.
Las entidades reclaman vías legales, seguras y accesibles para migrar, así como el respeto del derecho de asilo y del principio de no devolución. También exigen que las autoridades españolas garanticen la investigación de los posibles abusos y pongan fin a cualquier práctica de violencia u hostigamiento contra las personas migrantes.
El documento plantea así una doble exigencia. Por una parte, que las instituciones respondan a las necesidades humanitarias derivadas de las entradas de julio. Por otra, que asuman su responsabilidad frente a los discursos que convierten a los migrantes en objeto de confrontación política. La movilización llega en un momento especialmente sensible, a poco más de un mes de las elecciones generales españolas y después de una sucesión de declaraciones políticas que han situado a Marruecos y a la inmigración en el centro de la campaña.
Tres meses después de los acontecimientos de Sebta, las protestas trasladan al espacio público español una cuestión que va más allá de la gestión migratoria. Lo que está en juego es también la responsabilidad de quienes, desde la política, recurren al miedo y a la estigmatización para obtener réditos electorales. Frente a esa deriva, las organizaciones recuerdan que la dignidad y los derechos de las personas migrantes no pueden quedar subordinados a los intereses de una campaña.
