Apenas ocurrido el drama, se esgrime la financiación concedida a Marruecos para comprar trenes como supuesta prueba de la sumisión de Pedro Sánchez a Rabat. El mecanismo resulta políticamente conveniente: aparta la atención de las preguntas urgentes sobre el mantenimiento y la seguridad de la red ferroviaria española y las sustituye por un relato acusatorio en el que Marruecos ocupa el centro.
La realidad económica merece algo más que un eslogan. Los 754,3 millones de euros mencionados corresponden a un crédito FIEM destinado a financiar la compra de trenes para la ONCF. La propia prensa española describe esta financiación como un préstamo reembolsable en condiciones preferentes y señala que los trenes serán suministrados por empresas españolas. Posteriormente, CAF obtuvo un contrato de unos 600 millones de euros para fabricar 30 trenes, con opción a otros diez. Se trata, por tanto, de una financiación vinculada a un pedido, no de una donación sin contrapartida a Marruecos.
Eso no significa que los contribuyentes marroquíes reciban una suma que puedan gastar libremente. El crédito financia un proyecto ferroviario y Marruecos tendrá que devolverlo. Al mismo tiempo, una empresa española obtiene un contrato, aumentan sus exportaciones y su actividad industrial puede contribuir a sostener el empleo en España. De hecho, el Ministerio español de Economía presentó este crédito como destinado a financiar hasta 40 trenes suministrados por empresas españolas.
Cada cual puede debatir las prioridades presupuestarias del Gobierno español. Las inversiones en ADIF, el mantenimiento de la red y las condiciones del crédito a la exportación merecen un examen público. Pero ese debate exige comparar presupuestos, objetivos e instrumentos financieros distintos. Presentar un préstamo reembolsable como un regalo a Marruecos no aclara nada: distorsiona los hechos y alimenta un juicio político.
«El respeto que se les debe exige no utilizar su sufrimiento para fomentar la sospecha hacia un país vecino. »
La cuestión moral es igual de importante. Las víctimas de una tragedia no son accesorios de comunicación. El respeto que se les debe exige no utilizar su sufrimiento para fomentar la sospecha hacia un país vecino. Se pueden exigir respuestas, pedir responsabilidades y criticar las decisiones de un Gobierno. Pero hay que hacerlo basándose en hechos verificados, sin insinuar una culpabilidad extranjera allí donde no hay pruebas que la acrediten.
En esta dinámica también asoma una vieja tentación política: la del chivo expiatorio. Ante un problema complejo, se señala a un responsable externo, fácil de nombrar y de cargar con todas las frustraciones. El debate se desplaza entonces de las decisiones, los controles y las políticas públicas hacia una acusación identitaria. La fórmula puede servir para movilizar la indignación; difícilmente servirá para prevenir accidentes o mejorar el ferrocarril.
Criticar esta instrumentalización no significa eximir al Gobierno español de sus responsabilidades ni prohibir el debate sobre Marruecos. Significa pedir que cada asunto se trate por lo que es. La seguridad ferroviaria española debe examinarse a partir de los hechos y de las responsabilidades propias de la red española. El crédito concedido a Marruecos debe describirse como lo que es: una financiación reembolsable vinculada a un pedido comercial.
En momentos de duelo, la decencia política consiste en no convertir a las víctimas en argumentos ni fabricar un culpable para eludir las preguntas difíciles. La solidaridad con las víctimas y la exigencia de verdad deben estar por encima del cálculo partidista.
